Escrito por 3:00 am Dulce María Sauri, En Portada, Notas, Política, Salud • 2 Comentarios

FRACASO AMENAZANTE Adiós INSABI

El pasado 17 de marzo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en la Coordinación de Optimización y Procesos del Abasto del Instituto de Salud para el Bienestar”. Hasta aquí parecería una medida burocrática más en una institución que no acaba de despegar, pero al combinar esta determinación con la publicidad de la firma de un convenio de colaboración entre el director del INSABI y el director general del IMSS, la perspectiva cambia. Se trata de fortalecer la infraestructura de las unidades médicas del programa IMSS-Bienestar, dirigido a personas “sin seguridad social laboral” a las cuales, supuestamente, debería haber atendido el INSABI desde su creación en 2019.

Escrito por: Dulce María Sauri

Hasta ese año podíamos considerar que México había logrado desarrollar una política de Estado en materia de salud. Desde la implantación del Seguro Popular en 2003 se habían sucedido tres cambios de administración que habían conservado y ampliado el ambicioso propósito de lograr atención universal, es decir, a toda la población mexicana. Las cuentas mostraron los avances pues en 2015, sólo el 14 por ciento de los habitantes no contaba con protección de su salud, frente a 56 millones que tenían seguro popular y los más de 42 millones de personas usuarias y beneficiarias de la seguridad social, es decir, del IMSS y del ISSSTE.

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Además, 8 millones tenían seguros privados de salud. Íbamos en la dirección correcta, aun cuando existían problemas en los diferentes ritmos de implantación en los estados (unos más rápido y en forma más organizada que otros); había diferencias en la calidad de los servicios y se mantenía aún la segmentación entre las instituciones de seguridad social y las de salud. Adicionalmente, había casos específicos y documentados de actos de corrupción que no habían sido sancionados con la energía y oportunidad necesarias.

Al iniciar la actual administración, el presidente López Obrador decidió poner fin al Seguro Popular (“ni es seguro, ni es popular”, decía) y sustituirlo por un modelo centralizador de la atención en el gobierno federal, tal como sucedía en la década de 1970. El Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) nació con mal fario, pues no solamente fue producto de un trabajo legislativo acelerado por la mayoría de Morena, sino que el mismo día que entró en vigor la reforma que lo creó se anunció la existencia del virus Sars-Cov-2, identificado en China y que tardó 60 días en llegar a México.

Si ya de por sí un cambio de tal calado hubiera demandado tiempo y recursos cuantiosos para su implantación (más porque iba a suceder a un modelo de organización que estaba operando), la pandemia potenció todos los problemas que se habían originado en la posición inicial del presidente López Obrador, que arremetió contra las distribuidoras y productoras de medicamentos, acusándolas de múltiples delitos, por cierto, nunca acreditados.

En la nueva división de funciones anunciada recientemente, el INSABI se queda con las compras de medicamentos y el IMSS, con la responsabilidad de todo lo demás, es decir, infraestructura hospitalaria, contrataciones de personal médico y de enfermería, etc. La rama del IMSS dedicada a atender a la población no derechohabiente del Instituto, se creó en mayo de 1979, hace más de 42 años, bajo la denominación IMSS-Coplamar. Recordemos que en el sexenio del presidente López Portillo se conformó un conjunto de instituciones para hacer frente a la pobreza. Una muy destacada fue la coordinación general del Plan Nacional para la Atención de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), que, pocos años después, coordinó sus acciones en materia de salud con el IMSS.

En el siguiente sexenio continuó, para transformarse en IMSS-Solidaridad a partir de 1989, con empuje y expansión extraordinarias, para responsabilizarse de la atención médica de las poblaciones rurales marginadas. Su denominación ha estado asociada a la del programa “estrella” en materia social de las distintas administraciones: IMSS-Oportunidades, IMSS-Prospera, hasta el actual IMSS-Bienestar. Sin embargo, los problemas crónicos de insuficiencia de recursos (que tienen necesariamente procedencia del presupuesto federal) creó una especie de régimen de excepción dentro del propio IMSS; pues los trabajadores de este sistema no fueron sujetos de las mismas prestaciones que los sindicalizados del Seguro Social.

A la fecha, IMSS Bienestar opera en 19 estados de la república, con más de 26 mil trabajadores entre médicos, enfermeras, paramédicos y administrativos; cuenta con un total de 4 mil 086 unidades médicas de las cuales 80 son hospitales rurales de segundo nivel, 3 mil 618 Unidades Médicas Rurales, 15 Unidades Médicas Urbanas, 143 Unidades Médicas Móviles, 46 Centros de Atención Rural Obstétrica y 184 Brigadas de salud. Además cuenta con 70 albergues comunitarios en donde se alojan a familiares de pacientes de escasos recursos. (Boletín IMSS No.134/2019).

Ahora resulta que IMSS Bienestar se hará cargo de operar toda la red que el INSABI pretendió sin éxito echar a andar. El presidente López Obrador ya anunció la transferencia, que comenzará en Nayarit, a partir del 1º de abril próximo. Poco importa si la ya de por sí frágil estructura institucional del IMSS se vaya a resentir aún más. Este rejuego burocrático es el signo más palpable que el gobierno federal ya no sabe qué hacer con el INSABI. Dejarlo como un gran comprador de medicamentos ni siquiera garantiza que podrá cumplir su cometido, menos financiar una gigantesca estructura como la que permitía operar al Seguro Popular.

Este desastre sigue cobrando vidas en todo el país, especialmente de los más vulnerables, los que no tienen opción más que el hospital o la clínica del sector público, desmantelada por la obsesión presidencial de traer el pasado al presente. No se vale.

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