El Índice Municipal de Vulnerabilidad ante la Trata de Personas ha sido construido como un instrumento de política pública, con base en lo que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y la protección de las víctimas de estos delitos. En ese sentido, permite a los gobiernos: fortalecer los criterios para priorizar las dimensiones en que es necesario intervenir con mayor urgencia; potenciar sus capacidades para mejorar sus políticas de desarrollo y reducir los ámbitos de vulnerabilidad; identificar los umbrales de desigualdad que tienen su demarcaciones respecto del resto del país, y con base en ello direccionar sus recursos y capacidades a fin de reducir tales desigualdades y visibilizar ámbitos de intervención.
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