En nuestras vidas cotidianas muchas veces escuchamos la palabra amparo. Leemos noticias sobre alguien que lo promovió, una autoridad que lo desechó o una persona que logró su admisión. De igual manera se discute si fue por vía directa o indirecta, quién fue la autoridad responsable y si precedió la suspensión, entre otras cuestiones.
Un artículo de: Uriel González
Tantos conceptos jurídicos parecieran ser tan confusos que solamente los abogados los conocen y aplican; no obstante, esto no debería ser así. Todas las personas deberían tener conocimientos, aunque sean básicos, sobre el juicio de amparo para poder defender sus derechos frente a los abusos de las autoridades.
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Por lo anterior, en esta ocasión me gustaría explicar de manera sencilla qué es el juicio de amparo, las vías en las que se tramita, el contenido de la demanda y los plazos.
En principio hay que definir al juicio de amparo. Este es un medio de control de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los actos, omisiones y normas provenientes de las autoridades. Es decir, con el amparo se logra que las autoridades se apeguen a lo establecido por la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes.
Para tramitar el amparo hay dos vías: la indirecta y la directa. Con la primera se pueden reclamar tanto actos como normas de cualquier autoridad y que fueron dictados en cualquier contexto y la demanda debe presentarse ante un Juzgado de Distrito o un Tribunal Colegiado de Apelación.
En la vía directa se reclaman sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. La demanda se presenta en el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda; sin embargo, la autoridad responsable debe fungir como conducto.
Pese a las diferencias sustanciales que guardan entre sí las vías, existen ciertos datos comunes a la demanda de ambas vías. Los nombres de la persona quejosa, de su representante, de los autorizados, el domicilio para oír notificaciones, un representante común (en caso de haber dos o más personas quejosas), nombre y domicilio del tercero interesado, denominación y domicilio de las autoridades o particulares responsables.
En la vía indirecta se debe plasmar la descripción de la norma, acto u omisión que se reclaman. Por su parte, en la vía directa se debe poner la sentencia, laudo o resolución que puso fin al juicio.
Otros requisitos importantes son la fecha en que se tuvo conocimiento del acto, los preceptos violados, conceptos de violación, anexos ofrecidos como pruebas, los petitorios y la firma autógrafa o electrónica.
El plazo que se tiene para presentar la demanda es variado. Pese a la existencia del plazo genérico de 15 días contados desde que surtió efectos el acto, se conoció del acto o la persona se hizo sabedora del acto, hay otros plazos importantes por mencionar.
Existe también el de 30 días cuando se reclaman normas generales y se cuenta a partir del primer minuto de vigencia o el procedimiento de extradición. Siete años cuando se traten de actos que puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal, contados desde que la autoridad responsable notifique el acto.
Está también el plazo de ocho años aplicable cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria en un proceso con pena de prisión y, por último, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, deportación, expulsión o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.
El amparo es una de las maneras que las personas tenemos para poder defendernos ante los abusos de las autoridades. Conocerlo y entenderlo no sólo les compete a los abogados, todas las personas tienen derecho a conocerlo y, consecuentemente aplicarlo para conseguir el amparo y protección de la justicia federal.
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