La jornada semanal de 40 horas

El pasado 1º de mayo se publicaron las reformas a la Ley Federal del Trabajo para que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo sea de 40 horas semanales. La aplicación de este cambio será gradual hasta 2030, de tal modo que en los próximos cuatro años se adapte la organización laboral de las empresas.

Escrito por:  Enrique Provencio D.

Hay una condición explícita: “En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras”, lo cual supone que la adaptación exigirá mantener o elevar la productividad o, quizá, en algunos casos, ampliar la contratación. Las posturas que rechazaron esta reforma destacaron que no hay condiciones para reducir la jornada de trabajo, precisamente porque la productividad es baja y no crece, y que significará un sacrificio para las empresas por el aumento de costos, que ya están asimilando los incrementos salariales y otras mejoras en las condiciones de trabajo.

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El procesamiento de la propuesta fue pausado, desde que varios grupos parlamentarios, destacadamente el de Movimiento Ciudadano, lanzó la iniciativa, varios años atrás. El grupo parlamentario mayoritario terminó aceptándola, y hasta haciéndola suya, y dando paso a una discusión que involucró a las cámaras empresariales. El resultado final dejó a estas insatisfechas, y redujo los alcances de la propuesta original, pero finalmente ya está en vigor, lo cual es sin duda positivo.

Los rechazos y temores ante la reducción de la jornada laboral semanal, muestran una especie de provincianismo social y económico que es sorprendente, por decir lo menos. Por un lado, la mayoría de los países europeos ya habían legislado la semana de 40 horas antes de la Segunda Guerra Mundial, y la Organización Internacional del Trabajo (OT) lleva al menos medio siglo mostrando las ventajas de acortar las jornadas laborales en los casos en los que todavía rebasan ese tope.

Por otro lado, la OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y otras instituciones más, han documentado que México es de los países que acumulan más horas de trabajo al año, sin que esto se traduzca en mayor ingreso por persona y sin que se incremente la productividad, medida por horas trabajadas o por cualquier otro indicador.

Además, las evidencias muestran que las condiciones sociales e individuales se ven muy afectadas cuando la vida familiar y el descanso, se subordinan al tiempo total dedicado al trabajo, que incluye no solo la jornada laboral sino también a los traslados, sobre todo cuando el transporte es ingrato por las prolongadas esperas, el hacinamiento, la infraestructura deteriorada, la inseguridad, por el acoso sobre todo en el caso de las mujeres, y por la falta de adaptación para las personas que tienen alguna condición especial en su movilidad.

Con las mejoras progresivas que están registrando las diferentes categorías salariales, la incorporación progresiva de los trabajadores de plataformas a la seguridad social, la regulación de la subcontratación, la mejor aplicación de la justicia laboral asociada a la entrada en vigor del TMEC en 2019, entre otros avances, se han dado pasos y condiciones positivas para quienes están empleados de manerea formal. En estos y otros temas hay todavía mucho por avanzar, pero sus efectos están ya mejorando los ingresos y las condiciones laborales. La revisión del TMEC debe considerar que el capítulo 23 no se subordine a los capricho del gobierno de Estados Unidos, sino que se mejore la aplicación del Mecanismo de Respuesta Rápida y que dentro de México se acelere la aplicación de la justicia laboral.

Mientras tanto, el mal desempeño de la economía sigue presionando la creación de empleos y exponiendo a la mayoría de los trabajadores a condiciones existenciales que no se benefician de la jornada semanal de 40 horas ni de otros avances laborales. La informalidad está creciendo de nuevo, porque se están generando menos de la mitad de los puestos necesarios para absorber el crecimiento de la población económicamente activa.

El primer trimestre de 2026 es un ejemplo de lo ocurre en periodos de mal desempeño económico y condiciones laborales: en 15 entidades federativas disminuyó el número de asegurados en el IMSS, sobre todo en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Campeche y Chiapas. En unos casos ocurre por estancamiento o retrocesos de la actividad industrial manufacturera, en otros por una mala temporada agrícola o por el desplome de la obra pública u otras razones.

Se trata de una combinación de condiciones estructurales de baja creación de empleos con factores estacionales, y lo que hay de común es que el empleo formal apenas mejora en los promedios, pero a tasas notoriamente inferiores a las históricas. Por fortuna, los salarios continúan mejorando, y, de algún modo, tienen un efecto de arrastre sobre el sector informal, aunque su impacto sobre el consumo ya empezó a debilitarse e incluso a estancarse.

Enhorabuena por el decreto sobre la jornada laboral de 40 horas semanales, por sus potenciales beneficios para la vida de las personas que trabajan formalmente. Y, para adelante, las mejoras laborales estarán condicionadas a que encontremos las vías para que se generen suficientes puestos de trabajo dignos, con seguridad social incluida.

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