Si hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años e autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.
Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.
La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.
El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.
El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE.
El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún delito.
Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley.
Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.
Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.
Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.
Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.
El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.•
| Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. |
