El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 permite subrayar una de las contradicciones más importantes de la economía política mexicana contemporánea: mientras las necesidades sociales, las exigencias de infraestructura y los desafíos productivos demandan una ampliación sostenida de las capacidades públicas, el Estado dispone de un margen fiscal cada vez más estrecho para intervenir sobre las condiciones que obstaculizan el desarrollo. Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también sobre la viabilidad de un proyecto nacional capaz de combinar crecimiento económico, redistribución del ingreso y garantía efectiva de los derechos sociales.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda, el gasto neto total propuesto para 2027 asciende a 10.64 billones de pesos. Aunque representa un incremento real respecto del presupuesto aprobado para 2026, su estructura evidencia importantes restricciones. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que aproximadamente el 80% de los recursos se encuentra comprometido y que el espacio fiscal disponible equivale apenas al 1.6% del PIB. Esto significa que una proporción considerable de los ingresos públicos está destinada a cubrir obligaciones previamente establecidas, dejando capacidades limitadas para atender nuevas necesidades, enfrentar contingencias o impulsar transformaciones estructurales.
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Para 2027, el costo financiero de la deuda alcanzaría aproximadamente el 4% del PIB, mientras que las pensiones y los intereses representarían conjuntamente alrededor de 3.9 billones de pesos. Esta magnitud contrasta con los recursos propuestos para inversión pública, cercanos a 1.1 billones de pesos. La comparación permite dimensionar el hecho de que una parte creciente de la capacidad presupuestaria se orienta al cumplimiento de compromisos acumulados, mientras las necesidades de formación de capital público siguen siendo enormes.
La evaluación de las finanzas públicas exige considerar las consecuencias económicas y sociales de las decisiones presupuestarias. Un Estado puede reducir determinados desequilibrios y, simultáneamente, debilitar las condiciones que hacen posible el crecimiento futuro. El mayor riesgo se encuentra cuando la consolidación fiscal restringe la inversión en infraestructura, educación, salud, innovación y desarrollo tecnológico; en efecto, la aparente prudencia presupuestaria corre entonces el riesgo de reproducir las condiciones que originan la propia estrechez fiscal.
En México, esta problemática resulta preocupante por la persistencia de una estructura tributaria insuficiente frente a las necesidades de desarrollo. Hacienda estima que los ingresos tributarios alcanzarán el 15.9% del PIB en 2027, una proporción históricamente elevada para el país, aunque todavía muy lejos de ser suficiente para financiar un Estado social robusto. En ese sentido, la decisión de no crear nuevos impuestos y de mantener la estrategia recaudatoria principalmente mediante mejoras administrativas y combate a la evasión, deja otra vez pendiente la discusión sobre la progresividad del sistema fiscal, la tributación del patrimonio, la distribución de las cargas impositivas y las posibilidades de ampliar estructuralmente los ingresos públicos.
Las consecuencias de esta insuficiencia se presentan sobre todo en los servicios esenciales. Aunque el Proyecto del PEF contempla aumentos presupuestarios para educación y salud, persisten rezagos acumulados, pero también nuevos problemas determinados por la epidemiología y demografía nacionales. El CIEP estima que el gasto público en salud representará apenas alrededor del 2.9% del PIB, cuando el país requeriría al menos el 7% en ese rubro.
Algo semejante ocurre con la educación, la vivienda, el desarrollo rural y la infraestructura territorial. La insuficiencia de inversión pública compromete capacidades que requieren largos periodos de formación y cuyos efectos se extienden sobre varias generaciones. El deterioro de una escuela, la falta de atención médica oportuna, la precariedad habitacional y el abandono de infraestructura productiva generan costos sociales y económicos que superan enormemente el ahorro presupuestario inmediato. Desde una perspectiva intergeneracional, posponer estas inversiones constituye una forma de transferir obligaciones y desventajas hacia el futuro.
A ello se agrega la concentración de las decisiones presupuestarias en el ámbito federal y la limitada autonomía financiera de estados y municipios. Las desigualdades territoriales exigen capacidades institucionales diferenciadas, especialmente en regiones rurales, indígenas y metropolitanas donde los déficits de servicios e infraestructura presentan características específicas. Frente a ello, una política de desarrollo integral requiere fortalecer la coordinación intergubernamental y las capacidades fiscales locales, evitando que la distribución de recursos reproduzca o profundice las asimetrías existentes.
Todo lo anterior se agrava por el insuficiente dinamismo de la economía nacional. Después de descontar el efecto estadístico de recuperación posterior a la crisis provocada por la pandemia, México ha mostrado dificultades persistentes para sostener tasas de crecimiento importantes. Para 2027, los Criterios Generales de Política Económica proyectan una expansión de entre 1.5% y 2.5%, cifra a todas luces insuficiente para transformar la estructura productiva, elevar de manera generalizada los ingresos y reducir los déficits históricos de bienestar.
Se configura así un círculo vicioso que urge romper: el bajo crecimiento restringe la recaudación; la insuficiencia de ingresos limita la inversión pública; y la debilidad de esta última contribuye a perpetuar el bajo crecimiento. Romper esta dinámica exige una estrategia deliberada de transformación productiva, fortalecimiento del mercado interno, innovación tecnológica, desarrollo regional y ampliación de la infraestructura económica y social. La política fiscal tendría que constituir uno de sus instrumentos centrales.
El Estado mexicano enfrenta, además, desafíos contingentes de creciente complejidad: fenómenos climáticos extremos, emergencias sanitarias, presiones comerciales internacionales, inseguridad alimentaria, transformaciones demográficas y un escenario global marcado por la incertidumbre y amenazado permanentemente con la posibilidad de escaladas bélicas de proporciones que es mejor no invocar. Un presupuesto rígido reduce su capacidad para responder oportunamente y puede convertir acontecimientos inicialmente manejables en crisis sociales de mayores proporciones.
El debate sobre el presupuesto de 2027 debería conducir a una reconsideración de las prioridades de la política económica. La sostenibilidad de la deuda y el equilibrio macroeconómico son condiciones necesarias para preservar la estabilidad, pero deben articularse con una estrategia efectiva de crecimiento y de desarrollo.
La persistencia de un Estado fiscalmente limitado frente a una sociedad atravesada por profundas desigualdades expresa una contradicción que difícilmente podrá resolverse mediante reasignaciones marginales del presupuesto. Sin una transformación de mayor alcance en la política tributaria, la inversión pública y la estrategia nacional de crecimiento, México corre el riesgo de administrar indefinidamente sus carencias, comprometiendo con ello las posibilidades materiales de su propio desarrollo.
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