Escrito por 3:00 am Agendas locales, Destacados, En Portada, Igualdad de género, Saúl Arellano • 2 Comentarios

La costosa agenda que ya perdió el gobierno

imagen tomada con fines estrictamente académicos del sitio: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210308-vallas-ciudad-mexico-marchas-feministas

Las decisiones públicas tienen, inevitablemente, consecuencias. Algunas son positivas para las y los gobernados, y otras, por el contrario, generan grandes males sociales. Frente a eso puede haber algunas combinaciones: 1) consecuencias negativas para la población, pero de beneficio inmediato para un grupo político -que suelen ser las peores-; 2) consecuencias positivas para la población, pero negativas para quien las impulsa desde el poder o la administración (que suelen ser minoritarias); o, 3) consecuencias positivas para la población y que generan rendimientos crecientes para sus promotoras o promotores (que suelen ser realmente escasas).

Sigue al autor Dr. Saúl Arellano en Twitter:  @saularellano

En el caso mexicano, esta semana se ha atestiguado que, en la agenda de los derechos de las mujeres, se encuentra la primera gran agenda que pierde definitivamente el gobierno del presidente López Obrador; y lamentablemente para el país se trata, paradójicamente, de una agenda que tiene severas consecuencias para la población nacional, pero que en lo inmediato le permitirá proteger -no se entiende realmente por qué- a su candidato favorito para ser gobernador del estado de Guerrero.

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¿En qué sentido pierde la población con la posición del jefe del Estado? primer lugar, porque traza un compromiso con una visión del poder que niega la relevancia de poner al centro de todas las decisiones públicas, a la perspectiva de género, la cual parece ser entendida por el titular del Ejecutivo, como una “postura ideológica” que, en sus propias palabras, se articula mediante “conceptos importados”.

Segundo lugar, porque retrasa innecesariamente la discusión seria en torno a cómo vamos a hacer para reducir los espantosos niveles de violencia sexual y homicida que se ejerce todos los días en contra de las mujeres. Los datos presentados esta semana por el portal www.mexicosocial.org revelan una realidad monstruosa, pues en México, todos los días, se presentan:18 denuncias por hostigamiento o acoso sexual; 46 denuncias por violación simple o equiparada; 62 denuncias por abuso sexual; y 431 denuncias por día por delitos de violencia familiar.

El análisis citado muestra además que los dos últimos años son los peores en estos indicadores en el periodo que va del 2015 al 2020; lo cual refuta la reiterada insistencia del Ejecutivo, de que estos delitos van a la baja; que están haciendo cosas “como nunca” para garantizar los derechos de las mujeres; y que el responsable de todo este desastre es nada menos que “el neoliberalismo”, así de abstracto y al mismo tiempo así de absurdo, en el sentido más estricto del término.

En tercer lugar, el país pierde, porque el sector de mayor fanatismo en el movimiento que encabeza el presidente, replica su postura; agrede en redes sociales; buscan dominar la discusión, generando con ello la pérdida de la oportunidad de una administración que llegó al poder con una alta popularidad y legitimidad democrática en 2018, y cuya tarea debió centrarse en derruir al patriarcado desde las propias instituciones que lo han mantenido y reproducido históricamente.

Sin igualdad sustantiva entre mujeres y hombres no hay democracia; por eso sorprende que el Ejecutivo no pueda asumir que el pacto patriarcal vigente, y que textualmente rechaza que él tenga que dejar atrás, no es sólo un asunto de cambio personal, sino que su mandato constitucional y legal le obligan a avanzar en ese sentido en todo lo relativo al funcionamiento institucional, pero sobre todo, en la estructura, contenido y sentido de las políticas y programas públicos.

El presidente está obligado, aunque no quiera, a hacer suya la perspectiva de género y defenderla hasta sus últimas consecuencias: así lo mandata el artículo 4º de la Constitución; y así se debe interpretar en esta materia el mandato del artículo 1º en materia de derechos humanos y no discriminación.

Es difícil saber si esto tendrá consecuencias electorales o políticas para el presidente y su partido; pero lo que sí es un hecho incontrovertible es que el país ha perdido una oportunidad histórica de avanzar con la celeridad que se requiere, hacia una sociedad auténticamente igualitaria. Así, al haber perdido esta agenda, perdemos todas y todos.

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