La democracia y la crisis del Estado social de derecho

Bajo el título “¿La crisis de la democracia liberal?”, el nuevo Informe Latino barómetro 2026 plantea una condición crítica para América Latina. La democracia conserva una capacidad de resistencia considerable, pero esa persistencia convive con una erosión profunda de las instituciones que deberían hacerla materialmente creíble. El estudio, basado en 19,207 entrevistas realizadas en 17 países entre mayo y junio de 2026 -1,200 de ellas en México-, permite mirar esta tensión con una perspectiva excepcional de tres décadas.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Un primer dato que es importante destacar: el apoyo regional a la democracia, después de caer a sus mínimos históricos entre 2018 y 2023, se recuperó de 48% en 2023 a 52% en 2024 y permanece en ese nivel en 2026. Como se observa, la democracia latinoamericana, aunque frágil, ha mantenido la capacidad de perdurar. El mayor problema es quizás que, para una parte muy amplia de la población ha dejado de ser evidente que las instituciones, las reglas y los procedimientos propios del régimen democrático sean indispensables para producir resultados socialmente valiosos.

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La otra cuestión que preocupa es que la aceptación de gobiernos autoritarios ha ido creciendo, lenta, pero inexorablemente con el tiempo. En efecto, en 2002, el 44% de los latinoamericanos afirmaba que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resolvía los problemas; en 2026 la proporción alcanza 52%. El dato no implica necesariamente una conversión ideológica hacia autoritarismo, pero sí muestra una tendencia creciente a cambiar institucionalidad por una pretendida eficacia de gobierno, aun cuando ello implique perder libertades.

Por eso la cuestión democrática latinoamericana debe pensarse cada vez más desde la óptica de la generación de capacidades estatales para la garantía de derechos. En ese sentido, conviene destacar que el Latinobarómetro encuentra que apenas 26% de la población considera que el Estado ha hecho “mucho o algo” por ella, frente a 73% que responde “poco o nada”; en 2011 este último porcentaje era 63%. Paralelamente, la satisfacción con la educación pública cayó a 40%, con los hospitales públicos a 28%, con el sistema judicial a 22% y con la policía a 30%.

Por eso es más que relevante apostar nuevamente por la consolidación de modelos de Estado social de derecho. No se trata simplemente de ampliar programas sociales ni de contraponer Estado y mercado. El concepto contiene una exigencia mucho más difícil: que el poder público se encuentre sometido al derecho y que, simultáneamente, posea las capacidades institucionales, fiscales y administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos de forma universal, integral y progresiva. Igualdad ante la ley, seguridad, justicia, salud, educación y protección frente a los riesgos sociales pertenecen entonces al mismo problema democrático.

Es un hecho que la democracia pierde credibilidad cuando proclama derechos que el Estado no puede garantizar. Puede haber elecciones libres y, sin embargo, territorios donde prevalezca el poder criminal; constituciones que reconozcan derechos sociales y sistemas sanitarios incapaces de hacerlos efectivos; igualdad jurídica formal y enormes diferencias en el acceso real a la justicia. El propio Latinobarómetro resume esa fractura cuando señala que en la región persisten Estados débiles, desigualdad ante la ley y ausencia de garantías sociales.

Los resultados para México merecen asimismo una lectura cuidadosa. En 2024, el apoyo a la democracia había aumentado hasta 49%, catorce puntos por encima de 2023. En la medición de 2026, sin embargo, desciende a 45%, siete puntos por debajo del promedio regional. de 52%. Pero el dato adquiere otra dimensión cuando se observa conjuntamente con el resto de las respuestas: 17% expresa apoyo explícito al autoritarismo, mientras 53% afirma que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resolviera los problemas.

Esa diferencia es fundamental. Lo que los datos muestran es que una parte significativa de la ciudadanía no prefiere doctrinariamente un régimen autoritario, pero sí está dispuesta a relativizar la democracia cuando percibe que ésta no produce soluciones.

La fragilidad aparece también en la definición misma de lo democrático. En México, 46% considera que la democracia podría funcionar sin partidos políticos; 40%, sin Congreso; 42%, sin oposición, y 28%, incluso sin elecciones. Estamos ante una posible reducción de la democracia al gobierno de una mayoría o a la capacidad ejecutiva de resolver problemas, separándola progresivamente de aquello que constitucionalmente la debe limitar: pluralismo, oposición, división de poderes, representación y competencia electoral.

La seguridad agrava esa tensión. El 30% de las personas entrevistadas en México declaró que ella o algún pariente había sufrido un asalto o agresión durante los doce meses anteriores. En sociedades sometidas cotidianamente al miedo, la demanda de eficacia puede transformarse fácilmente en demanda de excepción.

El dilema latinoamericano es, en consecuencia, más profundo que una supuesta pérdida abstracta de “valores democráticos”. La legitimidad política depende también de experiencias concretas. Una persona que encuentra protección policial, atención médica, una escuela pública digna, tribunales imparciales y mecanismos efectivos para exigir sus derechos dispone de razones prácticas para confiar en el orden institucional. Pero cuando esas experiencias desaparecen, la democracia corre el riesgo de convertirse en una promesa constitucional desacoplada de la vida cotidiana.

Fortalecer el Estado social de derecho significa cerrar precisamente esa distancia. La viabilidad de las democracias latinoamericanas dependerá de su capacidad para demostrar que el derecho puede ser más eficaz que la arbitrariedad; que las instituciones pueden proporcionar seguridad sin suspender garantías; que la igualdad puede adquirir existencia material y no permanecer únicamente escrita en las constituciones.

El Latinobarómetro 2026 contiene, en ese sentido, una advertencia que debe ser escuchada y atendida: las democracias todavía conservan respaldo, pero están agotando el crédito que obtuvieron únicamente por ser democracias. Su siguiente fuente de legitimidad tendrá que provenir de su capacidad para cumplir. Y en México, donde coexisten un apoyo democrático minoritario con una elevada disposición a sacrificar procedimientos en nombre de los resultados, esa tarea tiene una urgencia particular.

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Investigador del PUED-UNAM

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