El próximo 5 de junio habrá elecciones en la quinta parte de los estados de la República Mexicana; en efecto, la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas acudirá a las urnas para elegir a nuevos gobernadores o gobernadoras; en el caso de Durango habrá además elección de Ayuntamientos, y en Quintana Roo se elegirá al nuevo Congreso local.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Lo anterior se da en un contexto socio-económico singular: una pandemia que aún no termina de irse y cuyos efectos siguen padeciéndose como secuelas económicas y su respectivo impacto en la calidad de vida.
Para dimensionar lo anterior, según el INEGI, en esas entidades habitan en conjunto, alrededor de 15.5 millones de personas. Se trata de entidades con características sumamente distintas entre sí; pero en cuatro ellas el impacto de la crisis llevó al crecimiento en los porcentajes de personas que viven en pobreza; en Durango se mantuvo constante y en Oaxaca tuvo una ligera reducción.
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En efecto, del 2018 al 2020, según los datos del CONEVAL, en Aguascalientes el indicador pasó de 26.3% a 27.6%; Durango pasó de 38.8% a 38.7%; en Hidalgo creció de 49.9% a 50.8%; y en Oaxaca decreció de 64.3% a 61.7%; Quintana Roo ha sido el estado en que en mayor medida creció la pobreza en esos dos años en el país, al haber pasado de 30.2% a 47.5% de si población; mientras que en Tamaulipas el cambio fue de 34.5% a 34.9%.
En lo social, poner esas cifras en números absolutos es relevante porque, por ejemplo, en Oaxaca, aunque hubo una ligera reducción porcentual, debido al crecimiento demográfico, la cantidad de personas se mantiene prácticamente igual: 2.57 millones de personas en pobreza en 2018 frente a 2.56 millones en el 2020. En Quintana Roo, la cifra es impactante: 546,371 personas pobres en 2018, frente a 892,875 en el 2020.
Frente a esos datos, debe destacarse además que, en Aguascalientes, sólo el 35.7% de su población es no pobre y no vulnerable; Durango es de 25.6%; para Hidalgo, sólo el 16% se encuentra en esa condición; en Oaxaca, apenas el 10.7%; en Quintana Roo es el 21% y en Tamaulipas de 30.7%.
Finalmente, debe considerarse que en estos estados fallecieron, entre 2020 y 2021, al menos 34,124 personas por COVID19. Y que sólo en 2020, aún sin estar entre las entidades más violentas del país, esos seis estados acumularon 8m532 defunciones accidentales y violentas, cifra que impone severos retos en materia de prevención y seguridad ciudadana.
Quizá lo que más preocupa frente a estas cifras, es que más allá de las frases trilladas y lugares comunes que se presentan en las campañas políticas, no hay en ninguna de estas entidades una propuesta sólida para modificar el curso del desarrollo, desde una nueva perspectiva de desarrollo regional y municipal, y dirigida a crecer económicamente más, pero distribuyendo mejor.
¿Cómo van a hacer las y los nuevos titulares del Ejecutivo en las entidades en disputa, para fortalecer a los gobiernos municipales y llevarlos a que cumplan efectivamente con el mandato del Artículo 115 constitucional en materias como el Agua potable, la seguridad pública, el manejo de residuos, transporte público, construir ciudades habitables y la larga lista de pendientes que prevalecen en todas partes?
¿Cuáles son las propuestas específicas para una mejor planeación del desarrollo? ¿Cuáles son los mecanismos e instrumentos que van a implementar para consolidar mercados locales y capacidades productivas para, en primer lugar, erradicar el hambre en sus estados, y a partir de ello, avanzar hacia procesos virtuosos de crecimiento y desarrollo social?
Lo que debe quedar claro es que la discusión y la disputa por el poder en el marco de nuestra democracia, no puede seguir desarrollándose sólo tomando en cuenta los mecanismos procedimentales de la elección; sino que es hora de exigir democracias eficaces, que en México debería significar puntualmente garantía de cumplimiento de los derechos humanos y vigencia del Estado de derecho.
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