Prepararse para otra pandemia exige combatir la desigualdad

La memoria de una pandemia tiene consecuencias políticas. Recordar a quienes murieron, al personal sanitario que trabajó al límite y a las familias que perdieron sus ingresos debería orientar decisiones permanentes sobre presupuestos, investigación y servicios públicos. Cuando esa memoria pierde fuerza, también puede debilitarse la exigencia de corregir las condiciones que hicieron más devastadora la emergencia. La advertencia de la Organización Mundial de la Salud obliga a preguntarnos cuánto hemos aprendido y cuánto estamos dispuestos a transformar.

México social/ Redacción

Según ONU Noticias, Tedros Adhanom Ghebreyesus alertó de que el mundo sigue sin estar preparado para la próxima pandemia. Las dimensiones del daño que recordó son enormes: más de veinte millones de muertes adicionales y pérdidas económicas superiores a diez billones de dólares. Estas cifras deben leerse junto con experiencias que difícilmente caben en un balance: duelos interrumpidos, trayectorias educativas fracturadas y el agotamiento de quienes sostuvieron los servicios de salud.

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El llamado inmediato consiste en concluir las negociaciones del sistema de acceso a patógenos y reparto de beneficios, conocido como PABS. Su propósito vincula dos necesidades inseparables: compartir los elementos que permiten investigar amenazas sanitarias y distribuir los beneficios derivados de ese conocimiento. La cooperación pierde legitimidad si quienes contribuyen a identificar un peligro quedan después en desventaja para acceder a las herramientas necesarias para enfrentarlo.

Las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, señaladas en la nota, expresan por ello una disputa sobre las condiciones de la seguridad sanitaria mundial. Compartir riesgos no significa disponer de capacidades equivalentes para afrontarlos. La negociación debe resolver cómo traducir la interdependencia en compromisos efectivos, especialmente para las poblaciones cuyos sistemas sanitarios cuentan con menos recursos. El acceso equitativo necesita mecanismos capaces de funcionar cuando la demanda aumenta y las decisiones se vuelven urgentes.

Sin embargo, ningún acuerdo internacional sustituye la construcción cotidiana de capacidades nacionales. La preparación comienza en los servicios que atienden a la población antes de una emergencia: centros de salud con personal suficiente, laboratorios, vigilancia epidemiológica y mecanismos de comunicación confiables. Para México, la discusión plantea una exigencia concreta: incorporar la preparación sanitaria a la planeación y al financiamiento ordinarios, con responsabilidades verificables y continuidad institucional.

El enfoque de “Una sola salud”, recuperado en el mensaje de António Guterres, amplía esa responsabilidad al vincular la salud humana, animal y ambiental. Adoptarlo exige coordinación entre sectores que suelen trabajar por separado. También demanda reconocer a las comunidades y al personal local como participantes de la prevención, con recursos y canales para comunicar riesgos y contribuir a las respuestas.

La propuesta de fijar mayo de 2027 como nueva fecha límite para adoptar el anexo PABS debe entenderse como una oportunidad para resolver diferencias pendientes. El calendario, por sí mismo, no garantiza resultados.

Preservar la memoria de la COVID-19 exige convertir lo aprendido en instituciones, presupuestos y cooperación sostenida. La preparación podrá juzgarse por la capacidad de detectar amenazas, proteger al personal sanitario y garantizar atención oportuna sin que el ingreso o el lugar de residencia determinen quién recibe protección.

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