Es un hecho conocido que México se localiza en una de las zonas sísmicamente más activas del mundo. A lo largo de la historia del país, podemos encontrar eventos sísmicos de gran magnitud que se presentan de manera relativamente frecuente, con las consecuentes afectaciones a millones de personas. Estudios académicos como ‘Los sismos en la historia de México’[1] de hecho catalogan cientos de eventos en fuentes históricas y archivos, ya sea a partir de los registros de los sismos propiamente, o bien, a través del estudio de los daños, los conflictos o los procesos de reconstrucción.
Escrito por: Dra. Naxhelli Ruiz
Podría pensarse que la realidad en cuanto a nuestra exposición sísmica nos habría llevado ya no solamente a un buen conocimiento de los fenómenos y de los mecanismos para reducir la vulnerabilidad de las edificaciones, sino también a tener un claro proceso político y administrativo de gestión preventiva del riesgo sísmico, para que eso se refleje en las viviendas e infraestructura crítica. ¿Cuánto camino se ha andado en ese ámbito y cuánto nos falta?.
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La gestión preventiva del riesgo se refiere a nuestra capacidad de reducir el riesgo futuro, con estrategias para minimizar lo que conocemos como ‘factores de riesgo subyacente’. Estos últimos se refieren, sobre todo, a la precariedad material de las viviendas y sus características técnicas limitadas o deficientes; pero también se refieren a los muchos problemas de acceso a recursos (seguros, préstamos, créditos, recursos públicos) para mejorarla, mantenerla o volverla a construir cuando ha concluido su vida útil. Y en términos colectivos, también hay carencias en materia de recursos humanos, institucionales y financieros para entender y enfrentar este tipo de fenómenos como un problema público.
¿Cómo estamos en aspectos clave para enfrentar preventivamente el riesgo sísmico de México? Analicemos la adopción de códigos de construcción y los procesos administrativos en los gobiernos locales, asociados con la dictaminación o verificación de la condición estructural de las viviendas en nuestro país.
Uno de los datos relevantes en esta materia es el número de municipios del país *que* tienen un código o reglamento de construcción. Conocer este dato no es sencillo, ya que la fuente de datos para esto, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, agrupa diferentes instrumentos regulatorios, de manera que no está desglosado cuántos de ellos son códigos de normatividad de ingeniería. De acuerdo con esta fuente, en el año 2021 existían 488 regulaciones en esta materia en el país, sin que se pueda especificar qué proporción de ellas son reglamentos con contenido técnico, y cuáles son más bien documentos administrativos.
Más grave aún es la situación de verificación de seguridad estructural de las viviendas. De acuerdo con el Módulo de trámites y servicios de este instrumento estadístico, los municipios de México casi no realizan verificaciones, certificaciones o revisiones de seguridad en las viviendas. Al analizar la base de datos de los trámites en las categorías de protección civil, desarrollo urbano y territorial (y algunas otras)[2] encontramos que solamente las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México incluyen en su catálogo de trámites los dictámenes de seguridad estructural; solamente 40 municipios de los 2475 cuentan con un trámite de terminación de obra; y tan solo 26 cuentan con trámites asociados a inspecciones, verificaciones seguridad y operación, o de protección civil en inmuebles habitacionales, o el registro de constancias en cualquiera de esas materias.
Es decir, la situación administrativa en materia de gestión preventiva sísmica es catastrófica. En nuestro país, casi ninguna autoridad realiza inspecciones, verificaciones o revisiones de la condición de las viviendas; en este contexto, difícilmente podrían siquiera pensarse programas o políticas públicas de evaluación, intervención o reforzamiento de la vivienda usada. Es muy importante contextualizar estas cifras respecto a lo que ocurre en nuestro país, en el cual, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (2020), el 61% de las viviendas presentan problemas estructurales[3].
Usualmente, esto se ha asociado a la forma en la que se accede a la vivienda en nuestro país. De acuerdo con esta última fuente, 57.3% de las viviendas se obtuvieron a través de procesos de autoconstrucción o autoproducción. Sin embargo, los problemas de seguridad estructural, si bien se agravan en obras que carecen completamente de acompañamiento técnico, no son de ninguna manera exclusivos de este perfil de vivienda. Sobre todo, se hace necesario generar mecanismos que puedan proveer este tipo de acompañamiento técnico o servicios asequibles en seguridad estructural (tanto en construcción como en reforzamiento) a las personas cuya situación no les permita acceder de otra manera a un espacio habitacional seguro.
El Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, el estándar para la mayoría de las ciudades y municipios del país que logran adoptar aspectos técnicos de diseño en seguridad estructural, está orientado, sobre todo, a fortalecer los criterios técnicos de construcción de vivienda vertical, formal y residencial. Ese estándar no es el propio de la realidad de los asentamientos humanos en la mayoría de los municipios del país; no corresponde a la generalidad de los tipos de obra habitacional, monto de las inversiones de construcción, ni en cuanto al costo que implica el acompañamiento de los auxiliares de la administración pública (por ejemplo, directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural, corresponsables en diseño urbano y arquitectónico, entre otros). El tipo de reglamentos, monto de tabuladores de pago profesional y perfiles de obra a los cuales está orientada la supervisión y verificación de la seguridad estructural ha generado un abandono generalizado de las obras ‘menores’[4], así como de la vivienda popular y de interés social, que son la mayoría de las viviendas del país.
Esto se debe en gran medida a la articulación de los profesionales de la seguridad estructural con el mercado inmobiliario residencial; y a la falta de una estrategia de política pública que vea el acompañamiento técnico y la verificación en seguridad estructural como un derecho, universal y generalizado para todos, incluso – o especialmente- para quienes que no pueden costearlo y sufrirán consecuencias muy duras con la ocurrencia de un sismo de magnitud moderada o alta. Esto implica dejar de estigmatizar la autoproducción de vivienda, como una de las causas de la inseguridad estructural; asumir que ésta es la realidad para millones de mexicanos que no tienen acceso a mecanismos financieros o créditos de largo plazo, ni acceso al suelo urbano o al mercado formal, nos debe llevar a diseñar estrategias para mejorar la calidad de la vivienda y la inversión preventiva para el reforzamiento de ésta.
Si bien existen documentos como la ‘Guía básica para la autoconstrucción de la vivienda segura’[5] publicada por SEDATU, ésta debe ir aparejada de un fortalecimiento de las capacidades municipales de implementación de reglamentos de construcción y evaluaciones de seguridad estructural. En ese sentido, iniciativas como el desarrollo de un Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones, actualmente en desarrollo por parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica[6], son de vital importancia para que los municipios puedan adoptar normas técnicas. Por otro lado, nuestro país necesita recursos privados, mecanismos de crédito o, en su caso, recursos públicos, que inviertan preventivamente en las viviendas, especialmente en las zonas de mayor exposición a sismos y en aquellas con menor posibilidad de acceder a los servicios privados de ingeniería estructural.
Este es el tipo de discusiones de cara a la resiliencia sísmica. Mientras no abordemos este y otros problemas complejos, la reducción del riesgo sísmico de México no se convertirá en una realidad hacia el futuro.
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[1] García, Virginia y Suárez, Gerardo (1996) Los sismos en la historia de México. México, UNAM, CIESAS, FCE.
[2] Además de las categorías señaladas, se revisaron otras como seguridad pública o política interior, en donde erróneamente se clasifican varias de las actividades municipales de protección civil y verificación administrativa.
[3] Encuesta Nacional de Vivienda, Tabulados básicos, Cuadro 1.11.
[4] Por ejemplo, las condiciones de mayor control de cumplimiento están a partir de los 5,000 m2, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, Art. 51.
[5] Disponible en el sitio https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637997/Gui_a_Ba_sica_de_Construccio_n_2021-03-05_Digital_.pdf
[6] Disponible en el sitio https://smis.org.mx/codigomodelo/
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