por Margarita Rodríguez
México, rico en recursos y cultura, con un patrimonio único y un potencial enorme, cede por debajo de la mesa la propia tierra, sin considerar a los que más necesitan y que significan la riqueza más grande del país: los pueblos indígenas
La evolución de la minería se caracteriza por episodios de auge y depresión, con una inversión extranjera que data desde la etapa de las nacionalizaciones cardenistas a la fecha, como resultado de una serie de reformas puestas en marcha en el país en sus diferentes etapas, teniendo un fuerte repunte a raíz de la apertura del modelo económico neoliberal en 1982 que permitió la entrada de capital extranjero a México, al ser un país con una vasta riqueza en minerales y metales.
La minería es una de las principales actividades productivas, y México es uno de los primeros países en el mundo en cuanto a minerales, cuya exploración y explotación representaron el 4.6% del PIB nacional al primer trimestre de 2015.
El atractivo que tiene el país para la inversión minera extranjera se deriva de los múltiples apoyos que existen, así como de los tratados internacionales, en especial el poco gravamen a la actividad minera, sin tomar en cuenta la etapa en la que se encuentre. México posee facilidades para la constitución de empresas provenientes del extranjero al tener acceso a un mercado potencial de más de 1,000 millones de consumidores y 63% del PIB mundial, ya que cuenta con 28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) y acuerdos para evitar la doble tributación con más de 40 países. Dada a su ubicación geográfica, tiene acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y es intermediario en los mercados de Norteamérica y Sudamérica, donde el crecimiento se está potencializando.
De acuerdo con datos de la Camimex, en 2010 la participación extranjera en la minería era de 70%, dejando solamente 30% de participación nacional. De esta cifra, Canadá participa con el 74%, USA con el 15% y China con el 8.3%. Tan sólo como ejemplo, de las 10 minas de oro más grandes en México, siete están concesionadas a empresas de origen canadiense: Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources, con la mayor producción de oro en la mina Peñasquito, con 411,000 onzas de producción.
Respecto al capital mexicano, alrededor del 30% del mercado minero se encuentra distribuido entre 10 empresas nacionales, de las cuales destacan:
• Grupo Frisco (Familia Slim):
Principales minas: Minera María; Real de Ángeles Asientos; Real Ángeles Coronel; Real Ángeles San Felipe; San Francisco del Oro; y Tayahua.
El Grupo cuenta con un total de 455 títulos, los cuales fueron cedidos durante los sexenios presidenciales panistas de Fox y Calderón, que equivalen a casi el 70% del total, con una equivalencia en hectáreas de 1,066,599.63 correspondientes al 87.15% del total.
• Grupo México (Familia Larrea):
Principales minas: Mina Cananea; Copper México; National Minerals.
El Grupo cuenta con 411 títulos, los cuales fueron cedidos durante los sexenios presidenciales panistas de Fox y Calderón, que equivalen al 62.17% del total, con una equivalencia en hectáreas de 414,740.15 correspondientes al 82.28% del total.
• Grupo Peñoles (Familia Bailleres):
Principales minas: Mina Francisco I. Madero; Mina Bismark; Mina Milpillas; Mina Sabinas; Mina Tizapa; y Mina Naica.
De los tres grupos mexicanos más importantes, Grupo Peñoles ha sido el más beneficiado de la bonanza panista ya que, del total de títulos, 1,161 fueron cedidos durante los sexenios de Fox y Calderón, que equivalen a casi el 85% del total, con una equivalencia en hectáreas de 2,150,639.43 correspondientes al 95.11% del total.
Comportamiento de las Concesiones
Este comportamiento es consistente con el desarrollo general que ha tenido el país durante los últimos 20 años respecto a la concesión de la tierra, el cual es facultad del gobierno federal, lo que limita la participación de los gobiernos estatales y municipales como promotores y defensores de los intereses de sus habitantes.
Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 años, con la posibilidad de renovarse otros 50 años y no hay límite en el número de concesiones otorgadas. La Ley Minera establece que las concesiones se otorgarán al primer solicitante, no al que presente el proyecto con las mejores condiciones técnicas y económicas para el desarrollo.
Las empresas extranjeras se pueden constituir con 100% de capital extranjero, teniendo como ventaja que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además se pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas.
Impuestos a la Minería
Los impuestos y tratados en el sector minero juegan un papel muy importante, puesto que son los destinatarios para resarcir los problemas sociales y ambientales que causa la minería en una comunidad. Si bien para la mayoría de los países mineros esta es la lógica que opera, en México fue apenas en el año 2014 que se consideró aplicar un impuesto a la minería mismo que todavía no empieza a madurar.
Tal es el caso de las mineras canadienses en México, cuyo único impuesto a pagar es el ISR, el cual es acreditable gracias al Convenio de Eliminación de Doble Tributación que tienen ambos países, firmado desde 1991 y reformado en 2006 durante la administración de Felipe Calderón, y las retenciones tienen una tasa preferencial.
La Reforma Hacendaria que se planteó en 2014 establece la necesidad de reconsiderar los impuestos sobre la minería al introducir una tasa de 7.5% sobre los ingresos netos, teniendo en cuenta que los minerales y sustancias del subsuelo son bienes no renovables de la naturaleza. De igual manera, se presentó la reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2014, en la que se fija una base real y conveniente para el cálculo del pago de derechos por parte de las empresas mineras al establecerse sobre la utilidad neta derivada exclusivamente de dicha actividad.
Sin embargo, el sector público ha tenido una baja captación de recursos fiscales a consecuencia de las altas tasas de informalidad, la débil capacidad que ha tenido el Estado para combatir a la elusión y evasión fiscal y, principalmente, la existencia de privilegios y esquemas de exención fiscal que benefician a los grandes contribuyentes y que incluyen los ingresos fiscales que se dejan de percibir debido a los 40 convenios y tratados de doble tributación que tiene México firmado con igual cantidad de países de 2000 a 2014.
La Auditoría Superior de la Federación publicó en marzo de 2015 los datos sobre la cuenta pública 2013, donde especifica que México dejó de recaudar 1.1 billones de pesos debido a los regímenes especiales que permiten a los contribuyentes no pagar el total de sus obligaciones fiscales. El sector minero en México extrajo 173 veces más de lo que paga de impuestos por explotación en el periodo comprendido entre 2008 y 2013.
Finalmente, es importante resaltar que la explotación minera en territorio nacional se hace indistintamente en tierras rurales e indígenas, siendo en éstas últimas donde ha sido catalizadora de la tensión social entre las comunidades, empresas y gobierno de distintos órdenes.
La explotación minera en territorio indígena es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, han derivado en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social. Esta explotación se ha realizado generalmente a cielo abierto y de manera masiva, lo que conlleva a que se trabaje en una mayor cantidad de tierras, no sólo para su exploración y extracción, sino también para el acondicionamiento y funcionamiento de la industria (caminos, tiraderos, remoción de tierra), además de que predomina en estos territorios la minería que utiliza grandes cantidades de cianuro para el proceso de lixiviación, que contamina extensiones y volúmenes mayores de tierra y agua.
Asimismo, se ha realizado sin respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio: a su propiedad, al uso y goce de sus recursos y a la Consulta, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Convenios y Tratados internacionales en la materia.
Es importante destacar que el derecho a la Consulta es una herramienta fundamental que tienen los pueblos originarios para la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales, frente a los proyectos extractivos, de construcción de vías, presas y declaratorias de áreas de reservas. Ante el crecimiento de estos proyectos, el reclamo de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos a la Consulta y al consentimiento previo, libre e informado y a la participación, se ha vuelto más insistente debido a que los proyectos inciden directamente en la vida comunitaria y en su cultura.
En México muchas han sido las consecuencias y repercusiones de un modelo mal entendido, poco madurado y con falta de controles que ha favorecido el deterioro ambiental y del tejido social con pocos ingresos recaudados de la actividad. Es válido aclarar que una cosa es el crecimiento de un sector derivado de los movimientos de capitales y otra muy diferente es el crecimiento de un país gracias a la mejora de sus indicadores clave como lo son los salarios.
Si bien el auge de los consorcios minero-metalúrgicos en estos últimos veinte años en nuestro país estuvo favorecido por el alza de los precios de los metales, también lo fue por la complacencia estatal ante la exploración y explotación de los pozos sin atender reclamos laborales y sociales de las comunidades mineras. Incluso las concesiones se otorgan sin la exigencia de pagos fiscales y con ínfimas regalías a los originales dueños de las tierras y aguas, y lo único que realmente ha crecido ha sido el grado de conflictividad en las zonas indígenas y campesinas.
Esta riqueza concedida a los consorcios mineros privados se acompaña de exenciones fiscales; autoridades serviciales; leyes laxas e incumplidas; complicidades de funcionarios públicos; daño ecológico; persecución sindical; asesinato o aprehensión de dirigentes; florecimiento del crimen organizado; outsourcing; inseguridad e insalubridad para los trabajadores; y una enorme explotación de la mano de obra, entre otras características, como en los mejores tiempos de la Colonia.
| Margarita Rodríguez Estudió la licenciatura en Economía por la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios en Políticas Sociales y Estrategias de Participación Ciudadana, así como en Estrategia Corporativa y Gobierno Corporativo. Es Licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad de Essex, Inglaterra yLicenciada en Asesoría de la Salud por el Institute of Integrative Nutrition en Nueva York. Activista y defensora los derechos humanos e indígenas, ha ayudado a miles de indígenas a nivel nacional a pelear su derecho de tener mejores condiciones de vida y a que su voz sea escuchada. |
