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Sobre el día de la justicia social

Hace unos días, el diario español El País publicó una carta al director en la que se describía el caso de un joven que -en situación de absoluta angustia y con alto riesgo de suicidio- confió su urgencia a un hospital público. ¿El desenlace? Un tratamiento farmacológico de efecto tardío y una derivación al servicio psicológico que, con toda seguridad, llegará tarde. En su desesperación, la autora de la carta se pregunta: “¿Alguien piensa hacer algo?”. Para su tranquilidad, la respuesta es sí.

Escrito por: Ashina Mtsumi y Valentina Contreras

En noviembre de 2022, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con casi 50 organizaciones, movimientos y sindicatos, coorganizó una conferencia de 4 días en Santiago de Chile llamada “Nuestro futuro es público: De las desigualdades globales a la justicia social, económica y climática”. El escenario en este país del sur global fue particularmente importante dada su lucha constitucional en curso para derrocar el neoliberalismo tras el levantamiento social de octubre de 2019. A través de la reunión de movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, la conferencia buscó desarrollar estrategias y narrativas para fortalecer los servicios públicos para la realización de los derechos humanos. El principal resultado de esta conferencia es la Declaración de Santiago, que exige el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, transformadores del género y equitativos como base de una sociedad global justa y equitativa.

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En un mundo en el que la creciente comercialización de los servicios públicos y la mercantilización de todos los aspectos de la vida han aumentado las desigualdades y las disparidades de poder, los costos y perjuicios los sufren desproporcionadamente los usuarios de los servicios, los trabajadores y las comunidades, donde el joven de la carta es -lamentablemente- sólo uno de muchos ejemplos.

Este “peligroso abandono” de los servicios públicos tiene sus raíces en una mentalidad y un enfoque que sirven a los intereses de las corporaciones por encima de las personas, a la minoría más rica por encima de la mayoría global. Prácticas como las normas fiscales que favorecen injustamente a las corporaciones ya los ricos permiten grandes desigualdades y la acumulación y concentración de ingresos, riqueza y poder dentro de los países y entre ellos. Este desplazamiento de poder también socava la democracia al reducir la transparencia y la oportunidad de una participación pública significativa y una debida rendición de cuentas.

Ofrecer respuestas de calidad a las necesidades de las personas -como salud, educación y energía- exige rediseñar un futuro público en el que se prioricen los derechos de las personas y el bienestar ecológico y social. Pero también uno en el que haya justicia económica y de género, es decir, en el que las estructuras económicas funcionen al servicio del bienestar de las personas y de la naturaleza, deshaciendo así siglos de explotación y transformando los desequilibrios de poder que perpetúan la desigualdad y la injusticia.

La buena noticia es que hay mucha gente planeando y haciendo algo. La Declaración de Santiago sólo refleja una parte de la acción de cientos de personas que unen sus fuerzas a través de sectores, regiones y movimientos para formular y proponer un nuevo contrato social global. También retrata la audaz acción colectiva nacional que está siendo posible gracias a las experiencias compartidas y a la conexión de agendas sectoriales como la salud, la educación, los cuidados, la alimentación y tantas otras en soluciones públicas transversales.

Por nuestra parte, estamos haciendo posible un futuro público a través del fortalecimiento de los servicios públicos como medio para alcanzar la justicia económica y de género. 

Mientras la Declaración de Santiago sigue abierta a las firmas , ¿te unirás al movimiento?

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Autoras:

Ashina Mtsumi

Oficial de Programa de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) – Servicios Públicos y Representante para África

Valentina Contreras

Líder de Operaciones y Latinoamérica de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR)

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