Un plan nacional de infraestructura social

México ha visto y padecido, en sólo dos años, varios de los terribles efectos que está provocando el cambio climático. El adjetivo de “terribles” se justifica aquí plenamente, porque “en el mejor de los casos”, ha significado la pérdida del patrimonio de decenas de miles de personas y en los peores, la enfermedad grave y la muerte de cientos de miles más.

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En efecto, entre el 2020 y el 2021, además de la pandemia -por si fuera poco-, en nuestro territorio se vivió una de las más severas sequías y una tremenda ola de calor en varias entidades de la República; se mantuvo o incluso se aceleró la desertización de los suelos en varias regiones; lagos como el de Cuitzeo, el segundo más grande del país, llegaron a niveles críticos; los incendios forestales tuvieron dimensiones dramáticas; y ahora, en contraste, se han visto lluvias torrenciales que han dejado a incontables localidades bajo el agua y las pérdidas y daños que eso representa.

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Frente a todo ello, lo que se ha hecho evidente es la fragilidad de las infraestructuras urbanas y en general, de la infraestructura social, para garantizar resiliencia a sus comunidades ante este tipo de fenómenos que son más sociales que naturales.

Como lo señalara el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Sí, refiriéndose a la tierra: “esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes… Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla…”

A México le urge, desde esta perspectiva, un gran programa nacional de infraestructura que privilegie una nueva relación convivencial con el medio ambiente, desde una lógica civilizatoria renovadora del pacto de respeto a la naturaleza. Este plan debe partir, sin duda alguna, de una nueva estrategia nacional de gestión ética del agua, que debería incluir, al menos, los siguientes elementos:

Primero, renovar la infraestructura hidráulica de todo el sistema urbano nacional. Esto requiere un esfuerzo presupuestal inédito, pero urgente e indispensable para garantizar, ya no el crecimiento económico, sino primero que todo, la vida y la salud. Esto incluye reducir al 100% las fugas de agua potable; incorporar gradual, pero aceleradamente, redes de drenaje pluvial; incrementar, en el corto plazo en al menos 100% las plantas tratadoras de agua; renovar y reparar los sistemas de drenaje; así como mejorar sustancialmente los servicios de alcantarillado.

Segundo, terminar con el abuso privado de la explotación del agua: cancelar la posibilidad de construcción y mantenimiento de “lagos” o presas privadas, acabar con el llamado “guachicol del agua”, revisar el estado de los pozos autorizados y aquellos que operan en de forma clandestina.

Tercero: diseñar una nueva estrategia nacional de gestión del agua, que articule los esfuerzos de todas las dependencias del Estado mexicano con responsabilidad en la materia. Debe comprenderse que la gestión del agua implica redefinir, por ejemplo, la visión de las estrategias de reforestación, de fomento y desarrollo agropecuario, así como de manejo de cuencas y cuerpos de agua, recuperando perspectivas valiosas como la del desarrollo regional.

Cuarto: establecer nuevas disposiciones normativas que impidan un mayor deterioro ambiental a partir de estrategias de inversión urbana local, como la pavimentación y construcción masiva de kilómetros de calles, avenidas y carreteras que reducen la capacidad de captación de agua de lluvia y recarga de mantos freáticos, y que eleva de manera importante la temperatura de las ciudades.

Quinto: garantizar el acceso universal del agua potable en todas las viviendas; incrementar las capacidades de abasto diario; y mejorar sustantivamente la potabilidad con que llega a las viviendas.

El agua, hoy es más claro que nunca, es uno de los elementos insustituibles en la generación del bienestar y el desarrollo integral; y hoy su gestión debe articularse, con base en lo ya dicho, y con una visión amplia de derechos humanos. En ello nos jugamos el presente, y la responsabilidad ética ante el futuro.

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Investigador del PUED-UNAM

Frase clave: Un plan nacional de infraestructura social, mejoras en la infraestructura social