En México fallecen más de 650 mil personas al año. De ellas, alrededor de 115 mil lo hacen por diabetes mellitus tipo II y más de 150 mil por enfermedades del sistema circulatorio. Todas ellas están relacionadas, directa o indirectamente con la obesidad y el sobrepeso
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, cada año también fallecen más de 30 mil personas por enfermedades del sistema respiratorio y, particularmente, por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Todas ellas están relacionadas con fumar, pero también con la contaminación del aire, significativamente en los hogares donde se cocina con leña.
Hay anualmente más de 35 mil defunciones por enfermedades alcohólicas del hígado y una cifra similar por accidentes de todo tipo, destacando los eventos de tránsito, pero también las caídas de personas adultas mayores y otros accidentes por los que fallecen niñas y niños en sus hogares o en la vía pública.
Como puede verse, al menos, la mitad de la mortalidad anual que se registra en México es causada por determinantes sociales de la salud: pobreza, desigualdad, marginación, contaminación ambiental, hábitos individuales de riesgo, y la falta de prevención y cuidado adecuado en el caso de los accidentes, lo que convierte a esas defunciones, por definición, en muertes evitables.
El panorama aún puede empeorar: de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, hay en todo el territorio nacional más de 6.5 millones de personas con diabetes, la tasa de incidencia de hipertensión ha crecido en los últimos años.
La incidencia de desnutrición se ha reducido demasiado lentamente, además el embarazo en adolescentes ha crecido, y en general, el panorama epidemiológico muestra pérdida de esperanza de años de vida en varias regiones, por la violencia, pero en general, una relevante pérdida de años de vida saludable por los problemas señalados.
La llegada de José Narro a la Secretaría de Salud nos permitió pensar a muchos que había la voluntad de avanzar hacia la reforma del sistema de salud mexicano, comenzando con lo básico: resolver el desabasto, mejorar el equipamiento de las unidades médicas y garantizar en todas ellas la presencia del personal médico y auxiliar suficiente para mejorar la calidad de los servicios públicos. Notoriamente, no recibió el apoyo financiero que se necesitaba para lograrlo.
Aún con ello, las alertas epidemiológicas emitidas en materia de obesidad y diabetes constituyen, al menos, el primer paso de cara a uno de los retos más formidables que tendrá la nueva administración, porque si bien es cierto que son graves problemas de salud pública, su solución exige seguridad alimentaria y cumplimiento del derecho a la alimentación, superación de la pobreza y los rezagos sociales, así como generación de hábitos de salud y seguridad entre la población, particularmente la más joven.
Extraña, asimismo, que a diferencia de otros temas políticos que se están discutiendo intensamente, no se esté llevando a cabo un debate de la misma intensidad respecto de cómo construir un sistema universal de salud, de calidad y atención oportuna, con especial énfasis en el máximo nivel de disfrute de salud para las niñas, niños y adolescentes.
El virtual Presidente electo ha prometido reconciliar al país, pero ello exige, además de su pacificación, el cumplimiento de derechos humanos y el relativo a la salud es uno de los más urgentes en el horizonte temporal, hacerlo así permite evitar la muerte prematura de cientos de miles de personas, redistribuir el ingreso y también, que no es menor, promover la cohesión social y la unidad en torno a grandes objetivos nacionales.
En ese sentido, el equipo de transición del gobierno que habrá de iniciar en diciembre, debería comenzar ya a perfilar cuáles son las líneas de reforma del sector salud, cómo se fortalecerá su financiamiento y cómo funcionará el modelo federalista que, por los resultados obtenidos, debe transformarse de manera integral y acelerada. La vida de millones de personas depende de ello.
