violencia contra las mujeres adultas mayores
La explotación de pensiones y propiedades, el abandono y las barreras para recibir atención médica afectan a una población que alcanzaría los 1130 millones en 2050. Reem Alsalem pide protección efectiva y reconocimiento de su autonomía.
México social/ Redacción
La violencia contra las mujeres mayores ocurre en sus hogares, en las comunidades y en las instituciones encargadas de cuidarlas, pero con frecuencia queda fuera de los registros y de los servicios de protección. La relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, advirtió que la discriminación por edad y sexo contribuye a ocultar estos abusos e incluso a tolerarlos como si fueran parte del envejecimiento.
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En su informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, la experta señaló que las mujeres mayores siguen siendo poco visibles en las leyes, las políticas y los datos destinados a prevenir y atender la violencia.
“Las mujeres no deberían perder su derecho a vivir libres de violencia porque envejezcan”, afirmó.
La dimensión demográfica del problema es creciente. Según las estimaciones citadas en el documento, en 2025 había 664 millones de mujeres de 60 años o más en el mundo. Para 2050, esa población alcanzaría los 1130 millones.
El informe identifica violencia física, psicológica, sexual y económica, además de control coercitivo, negligencia, abandono y agresiones facilitadas por la tecnología.
Entre las situaciones descritas están la explotación de pensiones y propiedades, la exclusión digital y la denegación de atención sanitaria o de dispositivos de asistencia. A ello se suman dificultades para denunciar y obtener protección y justicia.
La relatora examina estos abusos como una forma específica e interseccional de violencia: la discriminación por sexo se combina con el edadismo y con las desigualdades acumuladas durante la vida. Esa interacción puede limitar los recursos disponibles para buscar ayuda y hacer valer los derechos.
El documento también advierte que la violencia sexual contra las mujeres mayores continúa insuficientemente reconocida. Su exclusión de estadísticas y servicios dificulta identificar la magnitud del problema y ofrecer respuestas adecuadas.
Los abusos pueden producirse en espacios familiares y comunitarios, instituciones de cuidado, prisiones y escenarios de conflicto o crisis humanitaria.
Alsalem señaló que algunas mujeres enfrentan riesgos particulares: las viudas, las migrantes y apátridas, quienes viven en zonas rurales, las mujeres con discapacidad y aquellas que residen en instituciones de cuidado. También destacó la vulnerabilidad de quienes están afectadas por conflictos y emergencias humanitarias.
La diversidad de estas situaciones exige que los mecanismos de protección sean accesibles y respondan a las circunstancias de cada mujer. El informe pide reconocer expresamente sus necesidades en las estrategias de prevención y atención.
La experta dedicó especial atención a las decisiones sobre tratamientos médicos y el final de la vida. Advirtió que la pobreza, el aislamiento, la discapacidad y la dependencia de otras personas para recibir cuidados pueden generar presiones que condicionen las opciones de una mujer mayor.
“Ninguna mujer debería sentirse una carga por haber alcanzado una edad avanzada o necesitar apoyo”, sostuvo.
Su llamado coloca la autonomía en el centro de la protección: necesitar cuidados no debe utilizarse para disminuir la dignidad de una persona ni su capacidad de participar en las decisiones que le afectan.
Alsalem instó a los Estados a incorporar explícitamente la violencia contra las mujeres mayores en sus leyes, estrategias nacionales y programas. También pidió recopilar datos desagregados por edad y sexo para reconocer situaciones que permanecen ocultas.
Entre sus recomendaciones figuran fortalecer los mecanismos de denuncia, protección, justicia y reparación, así como capacitar al personal policial, judicial, sanitario y de los servicios sociales.
La respuesta debe incluir, además, pensiones, vivienda, atención médica, cuidados y servicios paliativos, junto con medidas para prevenir la explotación económica y el aislamiento.
“Las mujeres mayores son titulares de derechos, portadoras de conocimiento y miembros activos de la sociedad”, subrayó la relatora. El informe reclama que ese reconocimiento se traduzca en servicios y garantías que permitan vivir la vejez con seguridad, autonomía y participación.
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Fuente: Noticias ONU, con información del informe de Reem Alsalem a la Asamblea General. La relatora es una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos; sus opiniones no representan necesariamente la posición de Naciones Unidas.
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