LA DEUDA VIVA DE LA NACIÓN PLURICULTURAL.

El pasado 12 de octubre, México conmemoró formalmente el Día de la Nación Pluricultural. La fecha, que durante décadas arrastró la narrativa colonial e institucional del “Día de la Raza” o el endulzado “Encuentro de Dos Mundos”, ha experimentado un vuelco definitivo en la conciencia colectiva de nuestro país. La sustitución oficial de este concepto en el año 2020 no obedeció a un simple capricho semántico, sino a una profunda exigencia ética e histórica de dejar de festejar el sometimiento de las civilizaciones originarias para comenzar a reconocer la conformación de un México plural, diverso y esencialmente complejo. Sin embargo, a unos años de este viraje discursivo, vale la pena preguntarse si la transformación ha calado en las estructuras del Estado o si ha quedado confinada a la comodidad de las efemérides oficiales.

Escrito por:  Gabriel R. Covarrubias

Reconocer constitucionalmente que México alberga 68 pueblos originarios y más de 360 variantes lingüísticas es un paso indispensable para deconstruir el mito de una identidad homogénea. Históricamente, el proyecto de Estado-nación del siglo XX pretendió diluir las particularidades étnicas en un recipiente mestizo uniforme. En esa visión, lo indígena era celebrado como un pasado arqueológico digno de museos, pero sistemáticamente excluido en la planeación del presente económico y político. Revertir esa inercia requiere entender que la pluriculturalidad no es una herencia estática que se admira en los trajes típicos o las expresiones artesanales; es una realidad viva que late en el territorio, en la defensa de los recursos naturales y en formas comunitarias de organización social que desafían las lógicas del individualismo contemporáneo.

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Por ello, una política que se asuma humana y progresista no puede limitar su agenda a la retórica de la inclusión. El verdadero desafío de la pluriculturalidad radica en garantizar la justicia distributiva y la autonomía real de las comunidades de origen ancestral y afromexicanas. Poner la dignidad de quienes menos tienen en el centro del debate nacional implica, de manera obligatoria, cruzar el reconocimiento cultural con variables socioeconómicas urgentes. Es una contradicción lacerante que las regiones geográficas con mayor riqueza biocultural e identitaria sigan registrando de manera sistemática los índices más altos de pobreza extrema, rezago educativo y exclusión de los servicios de salud esenciales. La opresión histórica que comenzó hace más de quinientos años no se disuelve con decretos, se combate con presupuestos justos y derechos colectivos exigibles.

La conmemoración del 12 de octubre debe operar entonces como una persistente llamada a la acción y a la autocrítica institucional. Avanzar hacia un verdadero Estado pluricultural nos obliga a desmantelar el racismo estructural que aún condiciona el acceso a la justicia, al desarrollo y al ejercicio pleno de la ciudadanía. Implica escuchar las demandas de los pueblos sin caer en la tentación del tutelaje gubernamental, respetando sus sistemas normativos internos y sus procesos de libre determinación. El México del siglo XXI no puede seguir dándose el lujo de simular pluralidad mientras mantiene marginadas a las raíces que le dan sentido y sustento.

La construcción de una sociedad equitativa pasa necesariamente por reescribir nuestra historia común sin negar sus heridas. La viabilidad de nuestro modelo social se mide en las calles, en las asambleas comunitarias y en los campos de cultivo donde los pueblos originarios resisten y proponen alternativas de vida de cara al futuro.

El Día de la Nación Pluricultural no es una fiesta para la complacencia; es el recordatorio anual de una deuda histórica viva que solo podrá saldarse cuando la diversidad deje de ser una estadística discursiva y se convierta en el eje articulador de la dignidad humana y la igualdad real en nuestro país.

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