La crisis del habitar

México se encuentra hoy frente a una contradicción relevante: mientras persiste un déficit habitacional que afecta a millones de personas, el país acumula también millones de viviendas deshabitadas, abandonadas o deterioradas. La paradoja obliga a replantear estructuralmente el problema de la garantía del derecho a la vivienda, pues no consiste únicamente en cuántas viviendas hacen falta, sino en comprender por qué nuestra sociedad, habiendo construido millones de casas, continúa sin garantizar plenamente el derecho a habitarlas.

Escrito por:  Saúl Arellano

El reciente anuncio gubernamental sobre el programa Vivienda para el Bienestar confirma la magnitud del esfuerzo institucional orientado a ampliar la oferta de créditos. Sin embargo, la cuestión de fondo es que la política habitacional continúa operando bajo categorías heredadas de una realidad que se transforma aceleradamente.

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Durante décadas, la discusión pública sobre vivienda estuvo dominada por la idea del déficit cuantitativo, pero esa lógica resulta hoy insuficiente. México continúa generando una intensa demanda de vivienda, pero no exclusivamente por el crecimiento demográfico, sino porque la transformación más significativa ocurre en la estructura de los hogares.

Millones de jóvenes alcanzan cada año las edades en las que tradicionalmente se forman nuevas familias. A ello se suma el incremento de hogares unipersonales, las separaciones y divorcios, la recomposición de familias a través de nuevas uniones y la creciente diversificación de las formas de convivencia. Cada uno de estos procesos produce demanda habitacional, aun cuando el crecimiento poblacional sea menor que en décadas anteriores. No es entonces la demografía la que explica por sí sola la presión sobre el mercado de vivienda, sino la profunda transformación de las formas mediante las cuales las personas estructuran su vida.

Al mismo tiempo, el país enfrenta una restricción territorial cada vez más severa. El modelo de expansión urbana que predominó durante las últimas décadas se sustentó en la disponibilidad de suelo relativamente barato en las periferias metropolitanas; pero ese modelo se ha agotado. En numerosas zonas metropolitanas, las reservas territoriales adecuadas para uso habitacional son cada vez más escasas o se encuentran localizadas a distancias crecientes de los centros de empleo, educación, salud y servicios básicos.

La consecuencia ha sido la proliferación de desarrollos habitacionales que, aun siendo técnicamente viviendas, carecen de las condiciones urbanas necesarias para constituirse en espacios efectivos de integración social. Una casa ubicada a varias horas del empleo, sin transporte suficiente, sin equipamiento urbano y sin acceso adecuado a servicios públicos, termina convirtiéndose en una nueva forma de exclusión.

La crisis habitacional mexicana debe analizarse también en el contexto de la continuidad del proceso de urbanización. Lejos de haberse detenido, la transición de poblaciones rurales hacia localidades urbanas sigue transformando la geografía social del país. Sin embargo, este fenómeno no siempre adopta la forma clásica del crecimiento de las grandes ciudades. En numerosos territorios se observa la progresiva desaparición de modos de vida rurales sin que ello implique necesariamente la consolidación de entornos urbanos plenamente desarrollados.

Pero quizá la expresión más dramática de estas contradicciones se encuentra en el fenómeno de las viviendas deshabitadas, las cuales suman alrededor de seis millones. Cada casa abandonada constituye la huella material de una ruptura social. Detrás de esos inmuebles existen trayectorias familiares interrumpidas, proyectos de vida desplazados y comunidades incapaces de retener a su población. Algunas de estas viviendas fueron abandonadas por la falta de oportunidades económicas; otras, por la migración asociada a la pobreza y la desigualdad; muchas más reflejan procesos de deterioro regional que han expulsado sistemáticamente a la población de determinados territorios.

A esta realidad debe añadirse un fenómeno particularmente preocupante: el desplazamiento forzado provocado por la violencia y la expansión territorial del crimen organizado. La vivienda abandonada deja entonces de ser únicamente un indicador urbano para convertirse en una evidencia tangible de la crisis de seguridad y de la fragilidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de protección a la población.

Por ello resulta indispensable preguntarse qué tipo de respuesta ofrece la política pública frente a esta compleja realidad. El programa anunciado por el gobierno federal enfatiza la construcción de nuevas viviendas, pero deja abiertas interrogantes fundamentales respecto de la naturaleza específica de las intervenciones previstas. No queda claro cuál será la proporción destinada a vivienda nueva, vivienda en renta, rehabilitación de inmuebles existentes, mejoramiento habitacional o regularización de la propiedad.

La pregunta es crucial porque la evidencia disponible muestra que una parte significativa de los problemas habitacionales del país no se encuentra exclusivamente en la falta de viviendas nuevas. La Encuesta Nacional de Vivienda ha documentado importantes déficits relacionados con el deterioro físico de los inmuebles, la presencia de daños estructurales, la insuficiencia de espacios, las carencias de servicios básicos y los problemas de escrituración y seguridad jurídica.

De igual forma, persisten amplias zonas urbanas y periurbanas caracterizadas por la irregularidad de la tenencia de la tierra y por condiciones precarias de urbanización. Los llamados indicadores de Pretoria, utilizados para identificar asentamientos con rezagos severos en materia de vivienda y entorno urbano, continúan mostrando que millones de personas habitan espacios donde el acceso efectivo a derechos básicos permanece limitado.

La crisis de la vivienda es, en realidad, una crisis del desarrollo. Allí convergen las desigualdades territoriales, la precariedad laboral, la violencia, la insuficiencia de los servicios públicos y las limitaciones de los modelos de crecimiento urbano que han predominado durante décadas. Construir más viviendas es una tarea necesaria y urgente. Pero será insuficiente mientras no se reconstruyan también las condiciones que permiten habitarlas.

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Investigador del PUED-UNAM

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