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A seis años de Ayotzinapa, aún se busca la verdad y la justicia

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoce los recientes avances en las investigaciones de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, pide al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr “el pleno esclarecimiento del caso y el paradero de las víctimas”.

Además, el organismo ha hecho un reconocimiento especial a las familias de los estudiantes desparecidos, “por su incansable lucha para encontrar a sus seres queridos y reiteró su profunda solidaridad y empatía con las familias de los estudiantes desaparecidos, ejecutados y heridos”.

Uno de los logros más importantes fue la identificación del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, además de las primeras órdenes de aprehensión por desaparición forzada y tortura que habrían cometido altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República.

“La colaboración entre estas instituciones y la asistencia de los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) son un ejemplo regional del eficiente trabajo conjunto e integración de la cooperación internacional”, ha señalado el organismo a través de un comunicado.

El camino a la justicia

La ONU-DH destaca la urgencia de conocer la verdad detrás de los ataques de aquella madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014. En el camino a la justicia, los padres de las víctimas necesitan respuestas y obtener información realmente relevante para conocer su paradero y sancionar a los responsables de su desaparición.

“Los avances en el caso Ayotzinapa deben ser un impulso para trabajar sobre todas las desapariciones en el país”, afirma Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

Fernández-Maldonado asegura que la apertura de las autoridades a la cooperación internacional y los avances es un mensaje positivo de esperanza para todas las familias de las personas desaparecidas en el país.

El representante de la ONU-DH econoció la importante labor en el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación y SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz).

Pronunciamiento de la CNDH

Desde el pasado 30 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su beneplácito por el rumbo que han tomado los avances de la investigación “en cuanto a la ruta de desaparición, destino final de los normalistas; así como de la responsabilidad de servidores públicos y demás involucrados”, e informó detalles sobre los mismos:

En conferencia de prensa del 30 de junio de 2020, el C. Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que solicitó a la autoridad jurisdiccional el otorgamiento de 46 órdenes de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en que pudieron incurrir servidores públicos del Estado de Guerrero; informó de la aprehensión de José Ángel Casarrubias Salgado, (a) El Mochomo, a quien se identifica como líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los normalistas; y la solicitud a la Interpol de localizar y detener a Tomás Zerón de Lucio que fungió como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que presuntamente desvió la investigación para ocultar la verdad de los hechos y el paradero de los estudiantes. Estos hechos, así como el envío a la Universidad de Innsbruck para la determinación de ADN de otros restos encontrados con el propósito de investigar el destino final de los normalistas son, todos ellos, buenos indicios del rencauzamiento del caso.

La Comisión instó a las autoridades a llevar a cabo la investigación con absoluto respeto a los derechos humanos.

Afirmó que “desea que estas investigaciones permitan esclarecer el paradero de estos jóvenes y ofrezca a los padres, familiares y a toda la sociedad agraviada resultados confiables que le permitan a la Fiscalía recuperar su credibilidad”.

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