La crisis de la sequía y de las temperaturas extremas por las que estamos atravesando nos recuerda que, a pesar de los discursos, en todos los órdenes del gobierno, seguimos siendo un país con enormes carencias en la provisión y acceso a los servicios sociales más básicos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
En efecto, desde la década de los años 90 en el siglo pasado, el país se planteó como objetivo reducir la marginación, entendida como un conjunto de características territoriales que impedían la plena incorporación de las personas, a procesos de desarrollo e inclusión social. Desde esa perspectiva, se creó incluso un índice de Marginación que consideraba variables como acceso al agua potable, al drenaje, al alcantarillado, acceso a la energía eléctrica, al piso firme en las viviendas, así como indicadores de educación, salud e ingresos.
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En la década de los 90 también se llevó a cabo una profunda reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de impulsar un nuevo federalismo, en el que los municipios tendrían responsabilidades exclusivas en lo que respecta precisamente a la mayoría de los indicadores relativos a lo que en ese momento se entendía como marginación. Tal fue el nivel de vinculación que incluso se diseñó el Ramo de Gasto 33, para financiar el fortalecimiento de los municipios, y cuya fórmula de distribución de recursos tuvo como base precisamente el índice de marginación.
A prácticamente 25 años de vigencia de este esquema, los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, presentados por el INEGI, en los cuales se documenta la percepción que tiene la población respecto de los servicios públicos que reciben de los tres órdenes de gobierno.
En lo que toca a las responsabilidades municipales, las calificaciones que se obtienen en general son muy bajas, con sólo dos rubros evaluados de manera relativamente positiva. El primero de ellos, es el servicio de energía eléctrica, el cual no depende de los municipios, pero del cual dependen una gran cantidad de servicios municipales. En ese rubro, lo que el INEGI reporta es un 78% de población que dice estar satisfecha con el servicio que recibe.
En segundo lugar se encuentra el servicio de recolección de basura, en el que apenas el 72.6% de la población se dice satisfecha, lo cual significa que al menos uno de cada cuatro personas no está satisfecha con este servicio. Pensando en una población de aproximadamente 52.1 millones de personas mayores de 18 años, que habitan en localidades de 100 mil habitantes o más, se trata de 14.27 millones de personas de áreas urbanas que muestran insatisfacción con lo que reciben en esa materia.
En el rubro de satisfacción con el servicio de agua potable, el INEGI reporta un 50.7% de la población señalada, que declara algún grado de satisfacción con este servicio, sin embargo, debe destacarse que entre los rubros que se analizan, únicamente el 20.9%, es decir, sólo uno de cada cinco habitantes de zonas urbanas considera que el agua que recibe en sus viviendas es potable, es decir, que podría beberla directamente de la llave sin temor a enfermarse.
Respecto del servicio de drenaje, el porcentaje de satisfacción con el servicio que se recibe en las localidades de 100 mil habitantes o más, es de 45.4%, y al respecto hay que considerar que hay aproximadamente un 31% que manifiesta alta o muy alta insatisfacción por la existencia de fugas de aguas negras.
Respecto del servicio de alumbrado público, únicamente el 43% de las y los habitantes de las localidades señaladas se muestran satisfechos con ese servicio, Lo cual se vincula necesariamente con el tema de la seguridad pública pues mientras peor servicio de alumbrado público hay también una peor percepción de la seguridad pública. En ese sentido destaca que sólo el 31% se encuentra satisfecho con el servicio de atención inmediata a las fallas que se reportan.
Los servicios de parques y jardines son igualmente muy mal percibidos pues sólo el 43.3% de los mayores de 18 años se dicen satisfechos con ese servicio, siendo el rubro peor evaluado en esa materia, el de la seguridad (en términos de delincuencia), pues sólo el 38.2% de la población se considera satisfecha con la calidad de esos espacios en sus municipios.
Uno de los servicios peor evaluados es el de la policía, pues apenas el 27.9% de la población se considera satisfecha. Destaca que sólo el 35.8% declara que sus corporaciones policiacas contribuyen a generar una sensación de seguridad. Esto se relaciona con los bajos salarios, falta de capacitación y equipamiento, además del déficit, que algunas expertas y expertos estiman en más de 100 mil elementos en todo el territorio nacional.
Finalmente, el servicio con menor porcentaje de satisfacción ciudadana reportado es el de las calles y avenidas, con únicamente un 27.2%. Destaca en ese ámbito que sólo el 16% las considera en buen estado y que sólo el 13.1% considera que hay un servicio apropiado de reparación de baches y alcantarillas.
Como se observa, México mantiene muy bajos niveles de funcionalidad institucional en lo local. Es cierto que de alguna manera se mantienen niveles mínimos de vida cotidiana aceptable, pero eso no puede ni debe ser aceptable si lo medimos frente a los estándares constitucionales que tenemos en materia de derechos humanos y de los niveles a los que deberíamos aspirar si se cumpliese con los principios de integralidad y progresividad.
La crisis hídrica que enfrentamos es sólo un signo de las múltiples crisis que enfrentamos en el país, y frente a las cuales, los datos nos revelan una realidad próxima al desbordamiento de las capacidades, en varias regiones, de los gobiernos locales, lo que nos debe llevar a reconocer, con la seriedad que exige, que nos hace falta mucho más que agua.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: acceso al agua potable
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