La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental es uno de los principales instrumentos de que dispone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para generar información en torno al nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de sus gobiernos, así como la calificación que les otorga a los mismos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El derecho al agua para consumo humano está reconocido en el Artículo 4º Constitucional en los siguientes términos plasmados en su párrafo octavo: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
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Al respecto es importante destacar que este derecho está directamente vinculado con los derechos al medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, entre otros, y que el artículo 115 constitucional les asigna a los municipios la responsabilidad de los organismos operadores de agua.
Los datos
De acuerdo con el INEGI, en la década que va del 2015 al 2025, el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de agua potable no han tenido prácticamente variaciones. El promedio de las mediciones bienales que hace el Instituto muestra que sólo el 52.9% de quienes tienen 18 años o más, están algo o muy satisfechos con el servicio mencionado, teniendo el nivel más alto en el año 2019, cuando el porcentaje llegó a 56%, y los niveles más bajos en 2023 y 2025, con porcentajes de 50.7% y 51.4%; siendo este último un indicador prácticamente idéntico al registrado en 2015, cuando se ubicó en 51.7%
Las entidades de la República donde, según el INEGI, se registra un mayor promedio de satisfacción en el periodo mencionado, son: Nuevo León, con un 73.3% de la población, es decir, no se llega ni a tres de cada cuatro; Baja California, con 69.5%, Guanajuato registra 69.4%; Querétaro, 69%; Sinaloa, 68.4%; Colima, 66.9%; y Yucatán, con un 65.2%
En el extremo opuesto, las entidades con menor nivel de satisfacción son: San Luis Potosí, con 42.1%; Zacatecas, 41.7%; Chiapas, 38%; Oaxaca, 33.9%; Tabasco, 23.2% y Guerrero, 20.9%. No deja llamar la atención, que son precisamente las entidades con mayores reservas de agua dulce las que registran los peores niveles de satisfacción con el servicio y nivel de acceso.
Al respecto es pertinente subrayar que uno de los indicadores que mide la ENCIG es el nivel de potabilidad del agua, definido como la valoración del agua como “bebible, sin temor a enfermarse”. En ese rubro, los niveles son los más bajos reportados en materia de agua en esta edición de la ENCIG. En efecto, las entidades con mayor satisfacción con la potabilidad del agua que reciben fueron, en 2025: Tlaxcala, con apenas 44.2%, Guanajuato reporta 42.5%; Chihuahua, 41.8%; Nuevo León, 37.6%; Morelos, 35.4% y Durango, 30%. En contraste, las entidades con peores indicadores fueron: Baja California Sur, con 9.3%, Jalisco, 8.9%; Quintana Roo y Tamaulipas, 8.3%, respectivamente, Baja California, 5.5%; Guerrero, 4.3% y Tabasco, 3.5%
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