América Latina y el Caribe puede adquirir una mayor importancia para la economía mundial sin que ello se traduzca en mejores condiciones de vida para su población. Sus minerales, alimentos, fuentes de energía y biodiversidad pueden volverse indispensables para otras potencias mientras sus sociedades permanecen atrapadas en el bajo crecimiento y la desigualdad. Esta contradicción atraviesa al informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, publicado en 2026 por la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo. Su aportación central consiste en examinar las condiciones bajo las cuales la relevancia estratégica de la región podría convertirse en capacidad efectiva para decidir su desarrollo.
Escrito por: Saúl Arellano
Elaborado por una comisión copresidida por Michelle Bachelet e Iván Duque, el informe articula cinco capítulos que transitan del diagnóstico internacional a las opciones de acción regional. Su arquitectura vincula economía política, relaciones internacionales, transformación productiva y gobernanza democrática. Esta amplitud permite comprender que la inserción internacional depende también de procesos internos: la capacidad tributaria, la legitimidad institucional, la formación de trabajadores y la presencia efectiva del Estado en el territorio condicionan lo que un país puede negociar y sostener frente a otros.
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El diagnóstico identifica ocho rupturas, entre ellas la subordinación de la eficiencia económica a la seguridad, el debilitamiento del multilateralismo, la competencia multipolar, la erosión democrática, la desinformación, los retrocesos en igualdad de género y la fractura del consenso climático. Su principal acierto es mostrar sus conexiones. Las cadenas productivas se reorganizan bajo criterios estratégicos; las infraestructuras financieras y digitales adquieren funciones coercitivas; la información se convierte en terreno de confrontación. En estas condiciones, las decisiones económicas contienen implicaciones políticas que una estrategia de desarrollo debe reconocer desde su formulación.
Metodológicamente, el documento combina evidencia estadística, literatura especializada, experiencias sectoriales y construcción de escenarios. Los cuatro futuros internacionales que propone son tipologías que pueden coexistir, circunstancia que evita presentarlos como predicciones cerradas. Sin embargo, la categoría de “ruptura” requiere cautela: reúne procesos de distinta duración y profundidad causal. Además, el contraste entre un orden anterior basado en reglas y otro crecientemente organizado por relaciones de poder podría sugerir una separación excesiva. Desde una lectura crítica, conviene preguntar cuánto hay de transformación y cuánto de intensificación de asimetrías que también operaban dentro del multilateralismo precedente.
La perspectiva regional se organiza alrededor de tres trampas que se refuerzan mutuamente: baja capacidad de crecimiento; desigualdad, escasa movilidad y débil cohesión social; e insuficiencia institucional. El crecimiento medio anual de apenas 1,2% entre 2016 y 2025, señalado en el informe, ofrece una medida de ese estancamiento. La contribución analítica reside en vincularlo con la dificultad para construir acuerdos colectivos: la precariedad material deteriora la confianza, mientras la debilidad estatal limita las políticas capaces de modificarla. La vulnerabilidad externa encuentra así condiciones internas que amplifican sus efectos.
Frente a este panorama, el inventario de activos regionales adquiere sentido estratégico. Según el documento, América Latina y el Caribe concentra 46% de las reservas mundiales de litio y 35% de las de cobre, además de importantes capacidades alimentarias, energéticas, científicas y culturales. El informe reconoce que poseer esos recursos no garantiza capturar sus beneficios. Por ello propone procesamiento local, innovación, proveedores nacionales, financiamiento y cooperación productiva. Su discusión sobre el bioextractivismo y la apropiación externa del conocimiento resulta especialmente pertinente: la dependencia puede reproducirse tanto mediante la exportación de materias primas como mediante la pérdida del control sobre datos y saberes.
Esta propuesta conduce a una cuestión distributiva fundamental. Incrementar el valor agregado dentro de un país no asegura, por sí mismo, una distribución equitativa de sus beneficios. Aunque el informe aborda la consulta previa, los impactos ambientales y la participación comunitaria, queda abierta la necesidad de precisar cómo se distribuirían las rentas, quién asumiría los costos territoriales y qué capacidad tendrían las comunidades para incidir en las decisiones. Una evaluación del desarrollo debe considerar conjuntamente la sofisticación productiva, el trabajo digno, los derechos colectivos y la conservación de las condiciones que sostienen la vida.
El capítulo sobre gobernanza contiene algunas de las formulaciones más sólidas del volumen. La capacidad estatal aparece como una dimensión constitutiva del desarrollo, que debe incorporarse al diseño de las políticas. Particularmente relevante es el reconocimiento de las bases materiales de la polarización: servicios universales, protección social, fiscalidad progresiva y empleo de calidad pueden reconstruir condiciones para la cooperación democrática. También destaca el tratamiento de la delincuencia organizada como una fuerza que transforma territorios, mercados e instituciones. Su expansión compromete simultáneamente la seguridad, la autoridad pública y las posibilidades de desarrollo.
En este punto emerge una tensión que el propio documento reconoce, aunque no termina de resolver. Las reformas requieren capacidades y coaliciones debilitadas por los problemas que buscan enfrentar. El informe examina resistencias fiscales, intereses arraigados y mecanismos de veto; aun así, sus recomendaciones son más precisas al describir las instituciones deseables que al explicar cómo construir el poder político necesario para establecerlas. Profundizar en las coaliciones sociales, los conflictos distributivos y las responsabilidades de los grupos beneficiados por el orden existente fortalecería la viabilidad de su programa.
En política exterior, el no alineamiento activo ofrece una orientación flexible: diversificar socios y construir acuerdos específicos en seguridad, economía y valores. La propuesta gana consistencia al reconocer que los márgenes de maniobra difieren entre países. Asimismo, privilegiar acuerdos regionales funcionales sobre la unanimidad permite imaginar avances verificables. Su límite aparece cuando las potencias vinculan comercio, tecnología y seguridad en una misma exigencia. La autonomía dependerá entonces de capacidades productivas, fiscales e institucionales que respalden las decisiones diplomáticas.
El valor académico del informe reside en haber colocado esas interdependencias en una agenda común de discusión. Su lectura exige llevar más lejos una pregunta que recorre sus propuestas: bajo qué relaciones de poder puede la región transformar su importancia mundial en bienestar compartido. Para la investigación y la acción pública, esto supone evaluar las oportunidades geopolíticas por su capacidad de ampliar derechos, reducir desigualdades y sostener instituciones democráticas. Allí se encuentra la prueba más exigente de la estrategia planteada: que la población participe en las decisiones y en los beneficios de una transformación para la cual sus territorios y recursos ya resultan indispensables.
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Referencia
Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe. (2026). Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica (LC/PUB.2026/10). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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