La CEPAL propone comprender la economía del cambio climático como un campo de análisis que estudia las relaciones entre las alteraciones del clima, la actividad económica y las condiciones de bienestar. En su informe de 2026, dedicado a la adaptación, examina cómo los riesgos climáticos afectan la producción, el empleo, la infraestructura, las finanzas públicas y los ecosistemas, así como las decisiones necesarias para reducir esas afectaciones. Desde esta perspectiva, el desarrollo debe considerar las condiciones ambientales que hacen posible sostenerlo.
Escrito por: Saúl Arellano
El planteamiento tiene una consecuencia fundamental: las decisiones económicas requieren reconocer los costos ambientales y los beneficios de prevenir sus efectos. Una inversión puede, por ejemplo, generar ingresos y, al mismo tiempo, incrementar la exposición de una comunidad a inundaciones o comprometer su disponibilidad de agua. Su evaluación exige considerar esas consecuencias, su distribución y su permanencia en el tiempo.
La importancia de este enfoque radica en que el cambio climático está modificando aceleradamente las bases materiales del desarrollo. El aumento de las temperaturas afecta la productividad laboral; las sequías alteran la producción agrícola; los fenómenos extremos destruyen infraestructura y reducen los recursos disponibles para atender necesidades sociales. En esa lógica, el informe de la CEPAL estima que, bajo el escenario analizado, el producto por habitante de América Latina y el Caribe podría ser entre 4% y 12% menor en 2050 respecto del 2018.
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En ese sentido, la adaptación debe adquirir el carácter de una política de desarrollo; y comprende la protección de servicios esenciales, la restauración de ecosistemas, y el fortalecimiento institucional de capacidades para anticipar riesgos. Su valor económico incluye las pérdidas evitadas y la continuidad de actividades que sostienen la vida cotidiana. Reconocer ese valor permite discutir con mayor profundidad las prioridades presupuestarias y las responsabilidades del Estado.
Para México, adoptar esta perspectiva implica incorporar escenarios climáticos a la planeación económica, la evaluación de inversiones y el ordenamiento territorial. La localización de hospitales, escuelas, viviendas e instalaciones productivas tiene que considerar riesgos futuros, necesidades de mantenimiento y condiciones de acceso al agua y la energía. También es urgente fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos locales, donde se concretan efectivamente las decisiones de adaptación.
La dimensión social resulta igualmente prioritaria. La exposición a una amenaza se vuelve más grave cuando coincide con vivienda precaria, servicios insuficientes o ausencia de recursos para recuperarse. Por ello, la protección social y la reducción de las desigualdades forman parte de la respuesta climática. Para México, esto exige prestar especial atención a las infancias, las comunidades indígenas y las poblaciones cuyas condiciones de vida limitan sus posibilidades de protección.
Pensar el desarrollo desde la economía del cambio climático supone revisar qué se produce, dónde se invierte y a quién se protege. La aportación de la CEPAL consiste en vincular esas decisiones con la preservación del patrimonio natural y social. Para México, asumir esa responsabilidad permitiría orientar el crecimiento hacia condiciones de bienestar que puedan sostenerse entre territorios y generaciones, con justicia social.
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Investigador del PUED-UNAM
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