Mientras más participa la sociedad civil en los asuntos públicos, más enriquecedor se vuelve el debate, puesto que se vuelve más transparente y centrado en la rendición de cuentas. La discusión se enriquece aún más cuando se da en espacios donde naturalmente se fomenta la construcción de conocimiento, tales como la universidad, y aún más en una universidad jesuita como la Universidad Iberoamericana Puebla, que, fiel a su espíritu ignaciano, nos invita a hacernos cargo de la realidad, cargar con ella y encargarnos de ella desde nuestros ámbitos de acción y áreas de influencia.
Escrito por: José Ojeda Bustamante
Así, en el marco del Foro Participación Social: Planeación y Presupuesto Participativos, celebrado a finales del mes de octubre de 2026 en la IBERO Puebla, compartí una serie de propuestas orientadas a enriquecer una iniciativa legislativa en materia de participación ciudadana para el estado de Puebla.
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Precisamente, durante el foro se discutió una dificultad de nuestra democracia: reconocer el derecho a participar no significa que la ciudadanía tenga posibilidades reales de influir en las decisiones públicas.
Por ejemplo, la Constitución poblana en su artículo 107 establece un sistema de planeación democrática y ordena que la legislación secundaria disponga mecanismos para recoger e incorporar las demandas sociales; sin embargo, contar con esos mecanismos no asegura, por sí mismo, que los municipios, las juntas auxiliares, comunidades, barrios, pueblos, rancherías, secciones, villas, etc., puedan intervenir en las decisiones ni conocer las razones por las que sus propuestas son descartadas.
Frente a este desafío entre el reconocimiento del derecho y la posibilidad de hacerlo valer, el refacultamiento ciudadano plantea recuperar las capacidades políticas colectivas; su propósito es que las comunidades puedan construir acuerdos, defender sus demandas y actuar sin depender permanentemente de intermediarios políticos.
¿Cómo se recuperan esas capacidades? El capital social permite comprender por qué la cooperación fortalece la confianza y las redes comunitarias; la investigación-acción participativa aporta, a su vez, una metodología para que los habitantes estudien sus problemas, compartan conocimientos y participen en la búsqueda de soluciones.
Lo anterior comienza por conocer el territorio y escuchar a quienes lo habitan. A partir de las necesidades identificadas se acuerdan prioridades, se organizan las tareas y se prepara un proyecto, cuyo desarrollo debe acompañarse de seguimiento y evaluación.
Una marcha exploratoria permite comprenderlo: al recorrer su colonia, los vecinos pueden registrar las luminarias dañadas, identificar calles que permanecen a oscuras y discutir qué problemas requieren atención prioritaria; con esa información acuerdan una petición y la presentan al ayuntamiento.
Si la autoridad no la atiende, la comunidad conserva algo importante: un diagnóstico elaborado por sus habitantes, información para cuestionar la respuesta y acuerdos que pueden revisarse. Es decir, el trabajo realizado les permite sostener su demanda, corregir el proyecto o emprender otras acciones colectivas.
Este ejemplo permite trasladar la discusión al terreno legislativo: ¿cómo lograr que las capacidades adquiridas por una comunidad permanezcan después de cada consulta? La pregunta resulta pertinente para la propuesta de Ley de Participación Ciudadana que impulsan la IBERO Puebla y organizaciones ciudadanas.
En este marco, el refacultamiento ciudadano ofrece 3 aportaciones concretas para que la futura legislación fortalezca la organización de las comunidades y su capacidad de intervenir en las decisiones públicas:
- Reconocer el refacultamiento ciudadano como una finalidad de los mecanismos participativos, promoviendo la formación y organización comunitarias sin convertirlas en requisitos para ejercer los derechos ciudadanos.
- Facilitar que las comunidades elaboren sus propios diagnósticos, discutan prioridades y preparen proyectos, contando con información y acompañamiento técnico sin que las autoridades sustituyan sus decisiones.
- Evaluar si las comunidades conservan su organización, desarrollan nuevos proyectos y pueden exigir cuentas, permitiendo valorar resultados que no se reflejan únicamente en el número de consultas realizadas o personas asistentes.
La formación y el acompañamiento propuestos deben partir de las formas de organización que cada comunidad ha construido; en los pueblos y comunidades indígenas de Puebla, ello exige reconocer sus saberes, autoridades y sistemas normativos —amparados por el artículo 2.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos—, escuchando cómo deliberan y toman sus decisiones.
Sin embargo, el reconocimiento constitucional puede resultar insuficiente cuando faltan procedimientos para ejercer esos derechos; por ejemplo, la comunidad tsotsil de La Candelaria, Chiapas, solicitó el reconocimiento de su gobierno comunitario, obteniéndolo del ayuntamiento en 2024.
La cuestión no terminó ahí: al resolver el amparo en revisión 344/2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó una omisión legislativa y ordenó al Congreso de Chiapas subsanarla; también vinculó a las autoridades estatales y municipales para adoptar medidas que garantizaran el ejercicio efectivo del autogobierno.
Lo anterior es vital por una razón: los acuerdos habían surgido de la comunidad y contaban con reconocimiento municipal, pero aún requerían garantías para su ejercicio. Desde el refacultamiento ciudadano, considero importante fortalecer las capacidades colectivas, respetando las decisiones y formas de organización que les dieron origen.
Ahora bien, al trasladar la discusión al terreno legislativo, debe considerarse otra exigencia: el derecho de los pueblos indígenas a participar en los procedimientos de consulta sobre las medidas que puedan afectarles.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó esta cuestión en la acción de inconstitucionalidad 81/2018; al invalidar disposiciones de Guerrero por falta de una consulta adecuada, precisó que el procedimiento debía acordarse con representantes comunitarios e incluir una fase de deliberación interna, entre otras etapas.
En este sentido, considero que el debate impulsado por la IBERO Puebla puede enriquecerse con estos precedentes, atendiendo a las formas comunitarias de deliberación y decisión; por su parte, al Congreso le corresponde garantizar la consulta indígena cuando una medida legislativa pueda causar afectaciones o impactos significativos en la vida o el entorno de los pueblos.
Finalmente, reconozco al Mtro. Roberto Alonso Muñoz — Director del Departamento de Humanidades, así como del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la IBERO Puebla—, tanto en la realización de este foro como en el esfuerzo por mantener abierto el diálogo entre la universidad, las organizaciones ciudadanas y el ámbito legislativo.
De igual manera, felicitar las aportaciones que en este ejercicio de cocreación vertieron Beatriz Marmolejo Rojas, Luis Javier Moreno Benjumea, Armando Pliego Ishikawa, María José Macías Aponte y la diputada local Kathya Sánchez Rodríguez.
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