En la Constitución Mexicana se estipula que el carácter del salario mínimo debe ser remunerador; es decir, ser suficiente para cubrir las necesidades que implica el concepto del “mínimo vital”, el cual significa que la población tenga garantizados niveles mínimos de acceso y garantía en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, cultura y medio ambiente. Para ello, ¿son suficientes 80.04 pesos de salario mínimo?
Sin embargo, la realidad es completamente opuesta pues, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el ingreso laboral per cápita presentó una tendencia a la baja a lo largo de 2016, frente a la mínima recuperación que había mostrado entre el cuarto cuatrimestre de 2014 y el tercer cuatrimestre de 2015. En efecto, de acuerdo con el organismo, hoy el ingreso laboral per cápita es menor, en términos reales, al que existía en el año 2005 y su tendencia ha sido a la baja, pues en el cuarto trimestre de 2016 su valor era aproximadamente 22% menor que el registrado hace 12 años.
En enero de 2005, el trabajador promedio recibía ingresos de 1,996.4 pesos mensuales (deflactados a la canasta alimentaria, con precios de 2010), en tanto que al cierre del cuarto trimestre de 2016 el valor fue de únicamente 1,567.85 pesos. Si la comparación toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor, con precios deflactados a 2010, la tendencia a la baja es similar, pues en enero de 2005 el valor de los ingresos laborales per cápita se ubicó en 1,782.5 pesos mensuales, frente a los 1,711.62 pesos mensuales registrados para el cierre del cuarto trimestre de 2016.
Asimismo, el nivel salarial es desigual en el interior del país, pues de acuerdo con los datos del CONEVAL, el ingreso laboral per cápita obtenido en Baja California Sur, entidad con mayores niveles de ingresos laborales per cápita en el país, supera en 3.3 veces el obtenido en Chiapas, estado con menor nivel de ingresos.
La nueva reducción en las expectativas de crecimiento de la economía nacional, presentadas recientemente por el Banco de México, representa un duro golpe a las posibilidades de recuperación del empleo y de los salarios, pues con menor crecimiento habrá menos inversión pública y privada, menos creación de puestos de trabajo, probables recortes en la inversión productiva y una mayor contracción del mercado interno. Así, entre otras consecuencias, el deterioro de las capacidades económicas del país en los últimos dos años ha provocado una lentitud en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
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