El día martes pasado, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México designó como nueva titular de la Comisión de los Derechos Humanos local a Nashieli Ramírez. Se trata de una decisión relevante en dos sentidos: 1) es la primera vez que se designa de manera consecutiva a una mujer al frente de este organismo; y 2) se trata de una designación conseguida por unanimidad, lo cual indica el nivel de consenso alcanzado en torno a su postulación.
No es menor, en esa lógica, que la nueva titular de la CDHDF tenga la legitimidad suficiente, en su designación, para avanzar hacia todos los pendientes que hay en la Ciudad de México en materia de defensoría y exigencia de cumplimiento de los derechos humanos.
Nashieli tiene desde esta perspectiva varios retos. El primero, y que le puede quitar mucho tiempo, es la tarea administrativa que implica la operación orgánica de la Comisión. Para nadie es un secreto el conjunto de intrigas y disputas que hay al interior en las distintas Visitadurías, con las cuales tendrá que lidiar y respecto de las que deberá salir adelante muy rápido para concentrarse en las tareas sustantivas, propias del mandato de la Comisión.
En segundo lugar, se enfrentará al reto de avanzar aceleradamente en la definición de los programas prioritarios y las agendas sobre las que es urgente trabajar: ¿Se decidirá por una estrategia dirigida a la defensa y posicionamiento de agendas? ¿Tomará la ruta de trabajo desde la perspectiva de grupos o sectores de población? ¿Se buscará un equilibrio entre ambas? Etc.
Una difícil tarea que no se ha llevado a cabo de manera adecuada en anteriores administraciones se encuentra también en la relación con los gobiernos delegacionales, y con las cuales, en el marco de la nueva Constitución de la Ciudad de México, deberá generar una amplia estrategia de promoción y defensa de los derechos humanos.
Respecto de lo anterior se encuentra un tema de fondo: ¿cómo adecuar la estructura funcional y orgánica de la CDHDF, frente a una Constitución garantista como la de la CDMX, y la cual obliga a contar con amplios y poderosos programas de derechos humanos, tanto del Gobierno de la Ciudad como de los ya mencionados gobiernos locales.
Otro frente que deberá cuidar es el relativo a su relación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda, tendremos por primera vez dos instancias en las cuales sus titulares son reconocidas personalidades en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, y lo deseable es que haya un trabajo de amplia coordinación que permita articular nuevas estrategias de defensoría del pueblo, en el más amplio sentido.
Nashieli, se dice, tiene una debilidad: no es abogada. Esa es, afirman algunos, una limitante que podría generar problemas de fondo en el abordaje de temas en los que es necesario el dominio jurídico.
Sin embargo, esa debilidad podría ser, si se maneja de manera adecuada, una fortaleza, porque le da una mirada distinta y amplias posibilidades de interpretación de los derechos humanos, que a veces, en la “camisa de fuerza” que se impone desde perspectivas estrictamente jurídicas, puede llevar a discusiones y posiciones mucho más progresistas y en beneficio de los habitantes de la Ciudad.
La tarea que Nashieli tiene enfrente es pues, de una enorme complejidad. Sin embargo, su experiencia y trayectoria deberán ser suficientes para tres cosas: a) integrar un equipo eficiente que le permita operatividad interna; b) convocar a la sociedad civil a un trabajo coordinado que permita construir más y más ciudadanía; y 3) generar las condiciones de diálogo con las instancias gubernamentales, que permitan acelerar la transversalidad de la agenda de los derechos humanos en las políticas públicas de la Ciudad.
La llegada de Nashieli a la CDHDF es una buena noticia, porque es un espacio que será ocupado por una persona que proviene auténticamente de la sociedad civil. Lo deseable, sin duda, es que tenga éxito en su trabajo. ¡Enhorabuena!
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 09 de noviembre de 2017
