El destierro pone en tensión la imaginación moral de una sociedad. En el caso mexicano, cuando apenas se ha comenzado lentamente a reconocer la dimensión de la crisis de las desapariciones, se documenta con cada vez mayores elementos otra gran crisis: la de cientos de miles de personas que enfrentan el destierro pues son despojadas y expulsadas de sus comunidades por la violencia.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Un reciente texto de Mariana Calderón y Alejandro Martínez, publicado en la Revista Nexos, estima que, en las últimas dos décadas, habría más de medio millón de personas en esa circunstancia. Se trata de una cifra que obliga a modificar la escala desde la cual observamos el problema, pues nos encontramos frente a una profunda transformación de amplias regiones del territorio nacional, donde la fuerza, la amenaza y el miedo han llegado a sustituir, parcial o totalmente, las capacidades reguladoras del Estado.
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Las desapariciones y los desplazamientos forzados constituyen dos rostros de un mismo fenómeno: la disputa por el control de espacios estratégicos. Hoy sabemos que, para las organizaciones criminales, controlar territorios significa apropiarse de rutas de transporte, mercados ilícitos, cadenas de extorsión, actividades extractivas, producción agrícola, flujos migratorios, acceso al agua, comercio local y, en numerosos casos, los propios procesos políticos municipales.
La desaparición y destierro de personas opera entonces como una tecnología de dominación territorial. Su finalidad no es exclusivamente la eliminación física de un adversario, sino que busca producir miedo colectivo. La desaparición comunica que cualquiera puede ser sustraído de la vida social sin explicación, sin protección institucional y sin garantías de justicia. Desde esta perspectiva, la desaparición erosiona las condiciones mínimas de confianza que permiten la existencia de una comunidad política.
Al respecto hay en discusión en la SCJN un juicio de amparo -recurso que sigue siendo la principal herramienta de control constitucional, que opera con relativa eficacia ante el silencio del legislador-, cuya litis está centrada precisamente en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de lo Derechos Humanos en materia de desapariciones, y ante la cual se tiene a oportunidad de fijar criterios claros de justicia.
El problema de fondo es que la violencia ocupa el lugar que, en una democracia constitucional, corresponde al Estado de derecho. Habermas sostenía que la legitimidad democrática descansa en la resolución de los conflictos mediante procedimientos racionales y normas aceptadas colectivamente. Pero si los actores armados sustituyen esos procedimientos por la amenaza, el secuestro, la desaparición o el desplazamiento, se produce una regresión política: la fuerza deja de estar subordinada al derecho y el derecho queda subordinado a la fuerza.
Por ello, el desafío es sumamente complejo. La prevención exige un diagnóstico nacional de los intereses económicos y territoriales de los criminales. Resulta indispensable identificar y anticipar qué recursos buscan controlar, qué actividades económicas consideran prioritarias y cuáles son las condiciones que convierten determinados municipios o regiones en espacios especialmente vulnerables.
De igual manera, México necesita desarrollar mapas de riesgo territorial que permitan anticipar procesos de captura criminal antes de que éstos se consoliden. No obstante, la experiencia internacional muestra que ningún territorio se recupera de manera duradera si no se reconstruyen simultáneamente los vínculos sociales destruidos por la violencia, pues a la par de las desapariciones y los destierros, coexisten también el miedo, la fragmentación comunitaria, la ruptura de las redes de confianza y la pérdida de los espacios de cooperación colectiva.
La verdadera recuperación del territorio exige restaurar las condiciones que hacen posible la vida común. Implica devolver seguridad jurídica a las comunidades, garantizar justicia para las víctimas, fortalecer las organizaciones sociales locales y reconstruir las capacidades de cooperación que permiten a las personas reconocerse nuevamente como integrantes de un mismo proyecto colectivo.
El efecto más devastador de estos procesos es la producción de territorios donde la incertidumbre se vuelve una condición permanente de existencia, lo que conlleva a perder aquello que constituye el fundamento mismo de la democracia: la confianza de que la vida humana posee un valor que ninguna fuerza puede arrebatar impunemente.
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Investigador del PUED-UNAM
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