Para los millones de personas que transitamos diariamente por las arterias subterráneas de la Ciudad de México, el sonido del andén es una parte indisoluble de nuestra identidad urbana. Sin embargo, la reciente entrada en vigor del nuevo reglamento para regular los locales comerciales y los espacios asignados dentro del Sistema de Transporte Colectivo marca un cambio drástico en las dinámicas de convivencia de nuestra red de movilidad más importante. Al prohibir estrictamente prácticas históricas como los gritos para promocionar mercancías, el uso de bocinas o altavoces y la venta de productos fuera de los giros autorizados, la administración capitalina busca priorizar la seguridad de los usuarios y reducir la contaminación auditiva sobre el interés económico de los comercios. Desde la perspectiva de un tema tan complejo, es necesario reflexionar sobre los acuerdos necesarios entre la legalidad del Estado y las realidades de la economía informal.
Escrito por: Gabriel R. Covarrubias
La búsqueda del orden dentro de una infraestructura que moviliza a la cuarta parte de la zona metropolitana cuenta con argumentos técnicos sumamente sólidos a su favor. La saturación de pasillos, la invasión de andenes con exhibidores no regulados y el desorden auditivo crónico no solo merman la experiencia del usuario, sino que representan factores de riesgo reales en materia de protección civil ante cualquier eventualidad de evacuación de emergencia. Exigir que los comerciantes porten uniformes institucionales, haya un orden en qué productos se venden y mantengan sus mercancías dentro de los límites estrictos de sus locales es un paso indispensable para devolverle al Metro su naturaleza original de servicio de alta seguridad y flujo eficiente. Es fundamental precisar que esta regularización de los vendedores no parte de una oposición al comercio popular, sino del reconocimiento de que ordenar estos espacios es una acción correcta que abona de manera directa a garantizar un transporte seguro y una movilidad digna, los cuales constituyen derechos humanos fundamentales de la ciudadanía.
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No obstante, la realidad social nos obliga a mirar con cautela el reverso de la moneda burocrática. El comercio dentro del Metro, incluyendo el fenómeno de los llamados “vagoneros” y ambulantes informales, responde a una válvula de escape económica frente a la precariedad laboral y la falta de oportunidades formales para miles de familias. Pretender un ordenamiento puramente punitivo mediante multas administrativas que alcanzan los 23 mil pesos o el uso de la fuerza pública para desalojos puede derivar en una exclusión social insostenible si no se acompaña de una transición laboral coordinada. El verdadero reto no radica en desaparecer el ambulantaje de la vista pública de forma autoritaria, sino en la capacidad de las autoridades correspondientes para encauzar a estos sectores hacia la formalidad económica con dignidad, alternativas viables de empleo y ceretza jurídica.
Es importante advertir que la eficacia de una norma no se mide por la severidad de sus castigos, sino por su capacidad real de aplicación armónica con los derechos humanos. Un reglamento de papel que no atienda las causas de fondo del comercio informal corre el riesgo de generar vacíos de simulación o fricciones sociales recurrentes en las estaciones.
El silencio y el orden que hoy se buscan para los andenes de la capital deben ser el resultado de un consenso social profundo donde la modernización y la seguridad de las y los usuarios convivan con la inclusión económica, asegurando que el fortalecimiento de la legalidad no signifique el desamparo de quienes dependen del flujo del tren naranja para subsistir.
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