La deuda externa de los países en desarrollo alcanzó los 9,4 billones de dólares en 2025. La reapertura de los mercados financieros permite obtener nuevos préstamos, pero sus condiciones amenazan con reducir los recursos disponibles para educación, salud e inversión. El desafío consiste en recuperar capacidad de crecimiento sin convertir el ajuste fiscal en una nueva fuente de estancamiento.
Escrito por: Saúl Arellano
Los países en desarrollo están recuperando acceso al crédito internacional a un costo que puede comprometer su futuro. Según el Banco Mundial, su deuda externa aumentó un 5,5 % en 2025, hasta alcanzar 9,4 billones de dólares. Entre los países que pueden recibir financiamiento concesionario de la Asociación Internacional de Fomento, el incremento fue del 8,1 %, hasta llegar a 1,3 billones. Estos últimos pagaron, en promedio, un 9,4 % por sus nuevos bonos, frente al 5,5 % de los países elegibles exclusivamente para préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. bancomundial.org
La desigualdad financiera tiene una consecuencia directa: las economías con mayores necesidades de desarrollo enfrentan condiciones más difíciles para financiarlo. Una carretera, una red eléctrica o un hospital deben competir por recursos con obligaciones cuyo costo puede absorber una proporción creciente del presupuesto. El retorno de los inversionistas ofrece liquidez, pero las condiciones de ese retorno determinan cuánto espacio queda para transformar el financiamiento en bienestar.
Conviene precisar qué mide la cifra. La deuda externa comprende obligaciones frente a acreedores no residentes y puede corresponder tanto al sector público como al privado. Por ello, su saldo agregado no equivale a la deuda de los gobiernos ni permite concluir que todos los países enfrentan el mismo riesgo. Para evaluar la vulnerabilidad importan los vencimientos, las monedas de denominación, las tasas, las reservas internacionales y la capacidad de generar ingresos fiscales y divisas.
El propio comunicado advierte que parte del aumento responde a efectos de valoración. Más de una cuarta parte del incremento de la deuda pública y con garantía pública se explicó por el debilitamiento del dólar, que elevó el valor expresado en esa moneda de obligaciones denominadas en otras divisas. También documenta emisiones destinadas a recomprar títulos próximos a vencer, frecuentemente con tasas más altas. bancomundial.org
Refinanciar puede evitar una crisis inmediata y distribuir mejor los pagos. Sin embargo, cuando el nuevo crédito resulta más caro, el alivio de corto plazo puede trasladar una carga mayor a los años siguientes. La evaluación económica debe examinar qué se obtiene a cambio: tiempo para recuperar crecimiento y capacidad de pago, o una prolongación de obligaciones que siguen siendo difíciles de sostener.
El análisis complementario de Haishan Fu y Evis Rucaj, del Banco Mundial, aporta una medida de esa presión. En 2025, los países de ingreso bajo y mediano pagaron 1,4 billones de dólares en capital e intereses. Entre 2022 y 2025, sus pagos por servicio de deuda superaron en unos 436.000 millones de dólares al nuevo financiamiento recibido. Este balance se refiere a los flujos de deuda considerados y no representa la totalidad de sus relaciones financieras con el exterior. blogs.worldbank.org
La pregunta económica decisiva es cómo recuperar una trayectoria sostenible. Una respuesta centrada exclusivamente en recortar gasto puede ignorar que los ingresos públicos dependen de la actividad económica. Cuando el gobierno reduce inversión, compras y servicios durante una etapa de debilidad, disminuyen también los ingresos de empresas y hogares. Si estos ajustan su consumo y contratación, la recaudación puede resentirse y el ahorro fiscal resultar menor al previsto.
Este mecanismo fue estudiado por Olivier Blanchard y Daniel Leigh en un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional publicado en 2013. Al analizar economías avanzadas durante la crisis, encontraron que una mayor consolidación fiscal prevista se asociaba con un crecimiento inferior al pronosticado. Su interpretación fue que se había subestimado la intensidad de los multiplicadores fiscales, es decir, el efecto de los cambios presupuestarios sobre la actividad. El estudio corresponde a aquel contexto y no ofrece una magnitud universal aplicable a cualquier país. imf.org
Su relevancia para el debate actual reside en la necesidad de considerar el momento y la composición del ajuste. Reducir gasto improductivo y corregir privilegios fiscales puede fortalecer las finanzas públicas. Recortar mantenimiento, educación o infraestructura necesaria puede deteriorar la capacidad de producir y recaudar. Una misma reducción contable del déficit puede tener consecuencias económicas muy diferentes.
La relación entre deuda y producto también depende del crecimiento. Si la economía se contrae, una deuda estable puede representar una proporción mayor del PIB. Por el contrario, una inversión bien seleccionada puede ampliar la producción y facilitar el servicio de las obligaciones. Esto exige evaluar proyectos, controlar costos y combatir la corrupción: el argumento a favor de proteger la inversión pública depende de su utilidad y de su ejecución efectiva.
Las economías que requieren moneda extranjera enfrentan, además, una restricción específica. La recaudación en moneda nacional no resuelve por sí sola la necesidad de divisas para pagar obligaciones externas. Una estrategia de sostenibilidad debe considerar las exportaciones, las importaciones esenciales y la exposición cambiaria. Tampoco puede descansar indefinidamente en conseguir nuevos acreedores dispuestos a refinanciar los vencimientos.
Los costos sociales de estas restricciones ya están documentados. En A World of Debt 2025, la UNCTAD estimó que 3.400 millones de personas vivían en países cuyos pagos de intereses públicos superaban el gasto en salud o el de educación. La comparación se refiere a esos rubros por separado y a deuda pública, una medida distinta de la deuda externa utilizada por el Banco Mundial. UN Trade and Development (UNCTAD)
A partir de este panorama, la respuesta debe distinguir problemas de liquidez y de solvencia. Un país con capacidad de pago, pero con vencimientos concentrados, puede beneficiarse de plazos mayores y financiamiento puente. Cuando la carga resulta insostenible, acumular nuevos préstamos puede posponer una reestructuración necesaria y aumentar sus costos. En esos casos, la participación coordinada de los acreedores resulta fundamental.
También se necesita financiamiento concesionario suficiente para preservar inversiones con beneficios sociales de largo plazo. La educación, la prevención sanitaria y la adaptación climática generan rendimientos que difícilmente se capturan en los plazos de los mercados financieros. Complementar esos recursos con mayor capacidad tributaria, transparencia de contratos y evaluación del gasto permitiría fortalecer la responsabilidad interna sin descargar todo el ajuste sobre quienes dependen de los servicios públicos.
Para México, estas conclusiones deben traducirse en un examen de sus propias condiciones financieras, sin equipararlas automáticamente con las de los países más vulnerables. La pregunta pertinente es cuánto margen conserva el presupuesto para impulsar productividad, infraestructura y derechos sociales después de atender sus compromisos, y cómo ampliar ese margen mediante crecimiento y recaudación sostenible.
La solvencia duradera requiere una economía capaz de producir, emplear e invertir. Una estrategia que preserve puntualmente los pagos mientras debilita esas capacidades puede terminar erosionando su propia base financiera. La responsabilidad fiscal debe incorporar ese horizonte: proteger las condiciones materiales que permitirán a las generaciones futuras sostener la economía y ejercer sus derechos.
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Fuentes: Banco Mundial, La deuda externa de los países en desarrollo aumenta hasta alcanzar la cifra récord de US$9,4 billones, 5 de noviembre de 2026; Haishan Fu y Evis Rucaj, Access to finance is not enough: What the International Debt Report 2026 tells us, Banco Mundial, 5 de noviembre de 2026; Olivier Blanchard y Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, FMI, 2013; UNCTAD, A World of Debt 2025: It is time for reform, 2025.
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