México es un país donde persiste el racismo y la intolerancia en contra de quienes forman parte de comunidades o pueblos indígenas. Desde su forma de vestir y de hablar, hasta sus complejas cosmovisiones, son vistas como “lo diferente”, “lo extraño” y en no pocos casos, como “la amenaza” a la identidad y la unidad nacional.
Así se tomó, por ejemplo, la propuesta formulada primero en los Acuerdos de San Andrés, y luego en el marco del debate en torno al Artículo Segundo Constitucional, relativa a la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; así también fue asumida la idea relativa al derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a decidir de manera autónoma sobre su territorio.
La Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis), en sus distintas ediciones, ha generado evidencia en torno a que las personas indígenas son quienes en mayor medida viven procesos de discriminación, no sólo por parte de otras personas, sino también desde el ámbito institucional.
He argumentado en mis últimas dos entregas a La Crónica de Hoy que en buena medida la pobreza en que se encuentran diferentes grupos de población, se debe a las condiciones estructurales de discriminación que pesan en su contra.
El argumento se sustenta en dos consideraciones. La primera es que, atendiendo precisamente a los datos de la Enadis, y comparándolos frente a la Medición Multidimensional de la Pobreza, coincidentemente son los grupos históricamente discriminados, los que enfrentan las peores condiciones de vida en el país: mayor porcentaje de pobreza y mayor exposición a la vulnerabilidad por alguna de las carencias sociales que mide el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La segunda consideración atiende a una cuestión de carácter estadístico, que se plantea a manera de hipótesis: si la discriminación no fuese un factor relevante en la prevalencia de la pobreza entre grupos de población específicos, no habría diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de población que hay en el país.
Sin embargo, la evidencia muestra que, por el contrario, ser niña, niño o adolescente; vivir con alguna discapacidad; formar parte de alguno de los pueblos indígenas que hay en el país; o vivir en el ámbito rural, impacta significativamente en los niveles de pobreza que se enfrentan, y en general, en el nivel de acceso al cumplimiento de los derechos humanos.
En el caso de las personas indígenas, los datos del Coneval no dejan lugar a duda: 78% de quienes hablan una lengua indígena son pobres y únicamente tres de cada 100 son considerados como no pobres y no vulnerables; el resto, 97 de cada 100, enfrentan la pobreza o la vulnerabilidad por alguna de las carencias sociales que se miden por parte del Coneval.
Asimismo, 46.5% de ellos vive en condiciones de rezago educativo; 82% carece de seguridad social; y 70% carece de servicios al interior de la vivienda, mientras que el 41.3% es vulnerable por carencia de acceso a la alimentación.
De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud relativas a la mortalidad y sus tendencias en el territorio nacional, las entidades con mayores porcentajes de población indígena son al mismo tiempo las que presentan los mayores porcentajes de defunciones en las que no se tuvo atención médica para la última enfermedad padecida.
De acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez, 2012, elaborado por Mario Luis Fuentes, una niña o un niño indígena tiene hasta tres veces más probabilidades de morir antes de cumplir los cinco años que una niña o niño que no es indígena y que nace en Nuevo León o en el Distrito Federal.
El racismo y la discriminación constituyen actos criminales, y en los casos extremos pueden representar la enfermedad y la muerte de miles de personas. No hay, pues, argumento de ningún tipo para tolerar su persistencia.
@saularellano
Artículo publicado originalemte en “la La Crónica de Hoy” el 01 de octubre del 2015
