Una sociedad puede registrar el mismo acceso de mujeres y hombres a la escuela y seguir distribuyendo de manera profundamente desigual sus posibilidades de vivir. Puede celebrar la matrícula femenina mientras las estudiantes estudian bajo la amenaza de la violencia, asumen responsabilidades de cuidado o enfrentan restricciones para decidir sobre su futuro. Puede, incluso, acercarse a la paridad porque los varones abandonan las aulas. Por eso, cuando examinamos la desigualdad educativa, la pregunta por cuántas personas ingresan debe acompañarse de otra: qué condiciones encuentran para permanecer, aprender y construir una vida que puedan reconocer como propia.
Escrito por: Saúl Arellano
El informe Gender equity in access to education, publicado por la UNESCO en 2026 como parte del trabajo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, ofrece elementos para sostener esta discusión. Su balance reconoce avances sustanciales durante las últimas décadas, pero también advierte sobre los límites de una lectura que confunda la aproximación entre indicadores con la realización de la justicia. El documento permite observar la educación como un espacio donde convergen la pobreza, las expectativas de género, el territorio y las decisiones institucionales que amplían o restringen las oportunidades.
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Los progresos son importantes. Entre 2000 y 2024, la proporción de países con menos de nueve niñas por cada diez niños matriculados descendió de 15% a 2% en primaria y de 18% a 5% en educación media superior. En el agregado mundial se alcanzó la paridad de matrícula desde preescolar hasta media superior. Reconocer este cambio implica reconocer también el valor de las políticas públicas y de los esfuerzos sociales que hicieron posible ampliar el acceso de las niñas. Ninguno de esos resultados autoriza, sin embargo, a dar por concluida una tarea cuyo alcance excede la inscripción escolar.
El propio informe formula la precisión relativa a que la paridad puede alcanzarse con niveles altos o bajos de participación. Si niñas y niños están igualmente excluidos, la semejanza entre sus indicadores describe una privación compartida. También puede disminuir una brecha porque empeora la situación del grupo que tenía mejores resultados. El índice permite identificar una relación, pero necesita leerse junto con las condiciones que la producen. Su interpretación exige preguntarse si las trayectorias convergen mediante la ampliación de derechos o a través de un deterioro que termina por igualar las desventajas.
Aquí aparece un problema filosófico de primer orden. La igualdad expresa una relación entre personas, pero la justicia exige considerar, además, lo que cada una necesita para ejercer sus derechos. Dos estudiantes pueden disponer formalmente del mismo lugar en un aula y enfrentar posibilidades radicalmente diferentes de aprovecharlo. Para una, llegar supone recorrer un camino inseguro; para otro, renunciar a un ingreso indispensable. Una estudia después de cuidar a sus hermanos; otro acumula rezagos sin recibir acompañamiento. La universalidad del derecho adquiere contenido cuando las instituciones reconocen esas diferencias y actúan sobre ellas.
Los datos territoriales y económicos del informe muestran hasta dónde pueden ocultarse las desigualdades dentro de los promedios. En Angola, entre los hogares más pobres, apenas 30 jóvenes mujeres concluían la educación media superior por cada 100 varones, mientras entre los más ricos se observaba paridad. En la India rural, la relación era de 59 mujeres por cada 100 hombres, frente a la paridad urbana. Ser mujer no produce una experiencia educativa uniforme: sus consecuencias se configuran en relación con la posición económica, el lugar de residencia y las relaciones sociales en las que transcurre la vida.
Estos resultados obligan a devolver a los indicadores su dimensión cotidiana. La distancia a una escuela se vive como tiempo, esfuerzo, cansancio y exposición al peligro. La carencia de agua o de sanitarios adecuados afecta la intimidad y la posibilidad de permanecer con dignidad en el espacio escolar. El informe recoge evidencia de Pakistán según la cual las niñas que deben trasladarse entre 45 y 60 minutos presentan una probabilidad de asistencia 15 puntos porcentuales menor que aquellas cuya escuela está a 15 minutos. El territorio interviene así en la distribución de las posibilidades de aprender.
Otra aportación del documento consiste en examinar las desventajas educativas de los varones. En 2024, por cada 100 mujeres matriculadas en educación superior había 88 hombres en el mundo y 71 en América Latina y el Caribe. Comprender este cambio requiere evitar la idea de que los derechos de unos compiten con los de otras. La exclusión masculina merece atención por sí misma, mientras las ventajas femeninas en matrícula deben examinarse junto con otras desigualdades. El acceso a la universidad no informa, por sí solo, sobre la libertad para elegir una carrera, las condiciones del aprendizaje o las oportunidades posteriores.
El tiempo escolar ofrece otra dimensión reveladora. El informe señala que las niñas suelen concluir primaria y secundaria con mayor puntualidad, mientras los niños presentan más repetición y sobreedad. Advierte, además, que las presiones para que ellas abandonen los estudios y formen una familia pueden reducir sus oportunidades de completar tardíamente un nivel. Una trayectoria aparentemente más eficiente puede coexistir con un margen menor para equivocarse, interrumpir y regresar. La justicia educativa debe incluir el derecho a recomenzar, sin que una demora se convierta en una condena definitiva a la exclusión.
La situación de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes muestra con especial claridad esa distancia entre reconocimiento y ejercicio del derecho. El documento refiere que, en 2022, al menos 38 países africanos tenían medidas para permitir la reincorporación después del parto. Sin embargo, para África subsahariana recoge una estimación según la cual menos de 5% regresaba a la escuela después del embarazo. La autorización legal resulta insuficiente cuando permanecen el estigma, la falta de cuidados infantiles, la pobreza y la rigidez de los horarios. La norma necesita instituciones que hagan posible cumplirla.
Esta cuestión permite recuperar una concepción sustantiva de la libertad. Poder elegir una trayectoria educativa requiere disponer de condiciones para sostenerla. Cuando todas las alternativas están limitadas por la necesidad económica o por obligaciones impuestas, describir la salida de la escuela únicamente como una decisión individual oculta las relaciones que la condicionan. La educación puede ampliar la autonomía precisamente porque ofrece recursos para comprender el mundo, participar en él y discutir los destinos que otros presentan como inevitables. Su valor rebasa la preparación para el empleo, aunque esa preparación sea indispensable.
El informe aporta evidencia de que las políticas pueden modificar esas condiciones. En 14 países africanos, combinar gratuidad y obligatoriedad en la secundaria inferior aumentó la escolaridad alcanzada en 1,6 años para las niñas y 1,4 para los niños, respecto de la gratuidad por sí sola. También documenta resultados de becas, alimentación escolar, infraestructura, prevención de la violencia y vías de reincorporación. Su conclusión reconoce que aún son pocos los marcos de política capaces de articular esos instrumentos de manera coherente y sostener su implementación.
El alcance del documento es, ante todo, el acceso y las trayectorias educativas. Esa delimitación constituye también una invitación a continuar la investigación: quién aprende, qué aprende, bajo qué relaciones de autoridad y con qué posibilidades de hacer valer su conocimiento. Para México, esta perspectiva exige examinar conjuntamente escolaridad, pobreza, cuidados, territorio y expectativas de género, sin atribuir a un promedio nacional la capacidad de representar todas las experiencias. Una política educativa justa necesita conocer las razones concretas por las que cada grupo permanece rezagado.
La aportación más fecunda del informe consiste en mostrar que los avances son reales y, a la vez, insuficientes para describir la igualdad que buscamos. Medir permite reconocer exclusiones y exigir responsabilidades; interpretar obliga a comprender las vidas que esas mediciones condensan. Entre ambas tareas se encuentra la responsabilidad del Estado: asegurar que ingresar, permanecer, aprender y regresar sean posibilidades efectivas. La igualdad educativa adquiere sentido cuando las personas pueden ampliar su horizonte de vida sin que el sexo, la pobreza o el lugar de nacimiento determinen de antemano hasta dónde les estará permitido llegar.
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Referencia: UNESCO. (2026). Gender equity in access to education. Global Education Monitoring Report. https://doi.org/10.54676/BEKS7323
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