Cada 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza debería convocarnos a examinar qué vidas consideramos dignas. En México, el discurso oficial celebra que, según la medición vigente, entre 2018 y 2024 la pobreza multidimensional bajó de 41.9% a 29.6%: 13 millones de personas dejaron esa condición. Pero el dato debe ponerse en tensión: casi 40 millones de mexicanos viven en pobreza y serían más si salud, educación y servicios se evaluaran por acceso efectivo y calidad. El avance estadístico no resuelve el fondo: la definición actual de pobreza es pobre. ¿Qué significa no ser pobre cuando persisten condiciones que impiden ejercer derechos fundamentales?
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Toda definición de pobreza proviene de una filosofía de lo humano y, por tanto, de una postura política. Al fijar umbrales y carencias, una sociedad decide qué privaciones considera intolerables y cuáles admite como ordinarias. Para Amartya Sen, los recursos importan por las libertades efectivas que permiten realizar. La cuestión no es sólo superar una línea monetaria, sino poder construir una vida propia, participar en la comunidad y vivir con dignidad, seguridad y autonomía desde la cuna hasta la muerte.
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México necesita armonizar sustantivamente la Ley General de Desarrollo Social y las leyes generales con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad del artículo primero exigen revisar definiciones, obligaciones institucionales y criterios presupuestarios. La dignidad constitucional debe orientar la política social y sus instrumentos de evaluación. El reto principal no es metodológico, sino político: primero debemos decidir qué condiciones definen una vida digna y, después, cómo observarlas y medirlas con rigor.
Las investigaciones de Fernando Cortés permiten problematizar ese tránsito. Aunque la medición oficial incorpora varias dimensiones, el ingreso conserva un peso determinante en la clasificación. Su captación mediante encuestas presenta dificultades conceptuales y metodológicas; en áreas pequeñas también deben examinarse los supuestos y la incertidumbre, pues la precisión nacional no se traslada automáticamente a cada municipio. Sin embargo, esos problemas no agotan la discusión. El enfoque de privación relativa puede identificar exclusiones respecto de condiciones socialmente necesarias, si sus indicadores son válidos y confiables. La decisión sobre cuáles privaciones cuentan y qué recursos se destinan a remediarlas es, en última instancia, política.
El cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales exige, por ello, pasar de registros de afiliación a evaluaciones del acceso efectivo a servicios públicos de calidad. Estar inscrito en una institución sanitaria puede coexistir con meses de espera, falta de medicamentos o gastos que arruinan al hogar. Asistir a la escuela puede coexistir con aprendizajes insuficientes. Importan la disponibilidad, accesibilidad, calidad y continuidad de los servicios, junto con sus resultados; la política pública debe responder por esa experiencia concreta del derecho.
También necesitamos incorporar la exposición y el riesgo frente a la violencia. Vivir bajo extorsión, confinamiento o amenaza de desplazamiento restringe libertades, destruye patrimonios y cancela proyectos. Su medición debe distinguir riesgos, daños y capacidades de protección. Asimismo, la exclusión digital reclama indicadores sobre conectividad, dispositivos, habilidades y posibilidades de aprovechar la inteligencia artificial para estudiar, trabajar y acceder al conocimiento. Una conexión precaria difícilmente garantiza participación en sociedades cuya infraestructura cotidiana se vuelve digital.
La representación política merece igual atención. Quienes encuentran cerrados los canales para organizarse, exigir cuentas e incidir en las leyes padecen una privación que contribuye a reproducir las demás. Incorporar esta dimensión requiere criterios verificables de participación e influencia, así como escuchar a quienes viven la pobreza cuando se decide cómo definirla.
El desafío es construir una política pública que reconozca estas privaciones y las vincule con obligaciones exigibles. Mejorar encuestas, transparentar incertidumbres y conservar series comparables es necesario, pero insuficiente. Ningún perfeccionamiento técnico sustituye la decisión política de garantizar derechos. Celebrar una disminución estadística sólo adquiere sentido si amplía nuestra responsabilidad frente a lo pendiente. La pregunta central es qué condiciones garantizaremos universalmente para que cada persona viva con seguridad, autonomía y voz durante toda su vida.
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Investigador del PUED-UNAM
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