2027: la mayoría legislativa y los poderes en el territorio

México ha enfrentado desde hace décadas la amenaza permanente de la perniciosa intervención criminal en las elecciones, y todo indica que el proceso de 2027 no será la excepción. De hecho, hay indicios de alerta pues aun antes de que inicien formalmente las campañas ya se encuentra instalada una soterrada amenaza relativa a quién decide sobre quién puede competir, y en qué condiciones. En ese sentido, nuestro país necesita mirar con mucha atención esa disputa desde ahora pues no hay duda de que el crimen organizado puede condicionar un gran número de las opciones que encontrarán los ciudadanos en la boleta.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Una revisión detallada de la base de datos del proyecto Votar entre Balas muestra que en este 2026, con corte al 31 de octubre, ha habido al menos 41 personas que ocupaban o habían ocupado cargos de representación, que fueron víctimas de distintos tipos de atentados; en los casos más graves, 25 de ellas fueron asesinadas. Adicionalmente, es importante decir que en el universo completo del proyecto se tienen 306 registros durante los primeros 10 meses del año, relativos a distintas formas de agresiones en contra de policías, instalaciones policiacas o militares, agresiones a familiares de funcionarios o políticos, entre otros ejemplos. Por su parte, el diario Milenio reportó, con información atribuida a la Secretaría de la Defensa Nacional, 107 agresiones contra personal militar durante los primeros noventa días de 2026, dato de enorme gravedad pues indica que el crimen organizado no ha dejado de disputar su capacidad de presencia y control operativo en diversos territorios.

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Estas expresiones de violencia obligan a preguntarnos por las condiciones en que habrá de desarrollarse la competencia electoral. En Sinaloa, por ejemplo, la prolongada confrontación criminal y el despliegue de fuerzas federales coexisten con agresiones contra representantes políticos, como el ataque perpetrado en enero contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya. Esa concurrencia revela la profundidad del deterioro de la seguridad y la persistente exposición de quienes participan en la vida pública. La presencia del Estado, incluso mediante sus instituciones armadas, parece ser aun insuficiente para garantizar el ejercicio de los derechos políticos.

La distribución territorial de los atentados permite advertir, además, que enfrentamos una problemática con múltiples expresiones locales. Entre las 41 personas representantes y exrepresentantes agredidas, diez corresponden a Oaxaca; cinco, a Veracruz, y cuatro, respectivamente, a Sinaloa y Guerrero. Cada entidad exige una lectura de sus conflictos, de las capacidades de sus gobiernos y de las relaciones de poder que atraviesan sus municipios. Y esto debe extenderse a otras regiones pues, en lo que va de noviembre, en Michoacán, Guanajuato y Jalisco se han reportado casos de enfrentamientos que alertan sobre el riesgo de una posible nueva escalada de violencia en esos estados.

En esa disputa, los ayuntamientos tienen una importancia decisiva. En ellos se administran policías, permisos, contratos, servicios y recursos cuya disposición puede favorecer o dificultar los intereses de las organizaciones criminales. En ese sentido, hay numerosas investigaciones académicas que permiten comprender y dimensionar la magnitud y la relevancia de la captura del poder local en el país. Desde esa perspectiva, la intervención criminal en las elecciones debe examinarse como parte de una pretensión más amplia de dominio territorial, que encuentra en las instituciones municipales un espacio para afianzarse y reproducirse.

Por ello, no es exagerado advertir que el riesgo para 2027 ha comenzado mucho antes de la jornada electoral. Una amenaza puede bastar para impedir una candidatura; el miedo puede vaciar una campaña, y el sometimiento de los intermediarios locales puede restringir las alternativas disponibles para una comunidad. La ausencia de asesinatos tampoco acredita, por sí misma, la existencia de libertad política. Hay territorios donde la intimidación puede haber adquirido tal eficacia que la obediencia se consigue sin necesidad de hacer visible la violencia que la sostiene.

En este escenario se inscribe la tensión que deberán resolver el gobierno federal y Morena. Para la Presidencia, recuperar la seguridad constituye una obligación ineludible; para su partido, conservar la mayoría legislativa representa una prioridad de la que depende la continuidad de su proyecto. Entre ambas exigencias se encuentran los poderes regionales, con sus organizaciones, sus operadores y su capacidad para movilizar votos. Su peso puede crecer precisamente donde la dirigencia nacional necesita asegurar triunfos y evitar fracturas, hasta convertir la selección de candidaturas en una negociación cuyos costos podrían rebasar la vida interna de esa organización política.

Reconocer esa tensión exige distinguir entre liderazgos legítimos, redes clientelares, autoridades sometidas a amenazas y posibles vínculos delictivos. Ser víctima de una agresión jamás debe convertirse en motivo de sospecha; pero al mismo tiempo, la responsabilidad de postular a una persona obliga a examinar su trayectoria, sus relaciones y el origen de sus apoyos. Resultaría profundamente preocupante que las advertencias fundadas fueran desplazadas por el cálculo de cuántos votos aporta un aspirante o de cuántas lealtades depende una alianza territorial, y esto es igualmente aplicable y exigible a todos los partidos que competirán en la elección más grande de la historia del país.

La responsabilidad de Morena y sus aliados será mayor allí donde revisar una candidatura implique perder una ventaja electoral. En esas decisiones se hará visible la consistencia de su compromiso con la legalidad. El gobierno, por su parte, debe garantizar protección con independencia de las filiaciones partidistas y fortalecer las condiciones para que competir sea un derecho ejercitable en todo el territorio.

Debe comprenderse que la legitimidad de composición que surge en el Congreso en 2027 dependerá de la libertad acreditada con que haya podido constituirse. Esto, porque nuestra democracia seguirá debilitándose en la medida en que las y los ciudadanos deban calcular las consecuencias de disentir, y mientras las y los aspirantes a ocupar espacios de representación popular tengan que negociar o considerar las presiones de quienes, desde la delincuencia, han convertido el miedo en una nueva forma de poder.

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Investigador del PUED-UNAM

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