La violencia como costo de operación

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE, 2026) muestran que la tasa de unidades económicas víctimas de delitos bajó de 3,737 por cada 10 mil, en el año 2011, a 2,593 en 2025. El dato, en su sentido positivo, es incuestionable; sin embargo, se mantiene la obligación de preguntar qué forma de vida prevalece detrás de la cifra y qué relaciones sociales quedan ocultas en ella.

Escrito por:  Saúl Arellano

Lo primero es el silencio. La cifra negra alcanzó 91.8% en el mundo de las empresas y los negocios. En efecto, según los datos del INEGI; solo 9.9% de los delitos fue denunciado y, de tres millones denunciados, apenas 1.0% tuvo una resolución favorable para los quejosos en las fiscalías estatales. Se trata de una experiencia social sedimentada: la ley aparece como forma vacía, una promesa que nadie espera ver cumplida. Aunado a lo anterior, puede percibirse que el silencio está estratificado: la cifra oculta llega a 93% en las microempresas y a 70.7% en las grandes; en ese sentido es posible afirmar que incluso el acceso a la ficción institucional de la justicia se distribuye según el poder económico.

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El segundo gran tema a observar es la extorsión, que es el delito más frecuente, con 1,467 casos por cada 10 mil unidades económicas, lo que representa 26.2% del total. Debe subrayarse, en esa lógica, que la extorsión no es un despojo episódico: es un tributo ilegal y a todas luces ilegítimo. Revela soberanías paralelas que cobran por el derecho a existir y que disputan al Estado aquello que Walter Benjamin identificó como el núcleo de toda violencia: la facultad de fundar un orden y de conservarlo.

El tercer asunto de enorme gravedad es lo que podría llamarse como la privatización del miedo. El costo total del delito sumó en 2025 un total de 115.1 mil millones de pesos (a precios de 2018), de los cuales 58.9 mil millones correspondieron a medidas preventivas; más de la mitad de ellas consistió en cámaras, alarmas, cerraduras y candados.

Hay, por último, una geografía del temor. Para 57.1% de las unidades económicas la inseguridad es la principal preocupación, y la percepción de riesgo al movilizar productos por corredores industriales pasó de 43.2 a 52.6% entre 2024 y 2026: la circulación misma de las mercancías se ha vuelto el espacio de la amenaza.

Preocupa de igual manera que, en el mundo de las empresas, los jueces son percibidos como corruptos por 62.2% de las unidades económicas. Se espera más de la fuerza que del derecho, y ese desplazamiento es, en sí mismo, un síntoma.

Por ello es legítimo desconfiar de la lectura que celebra linealmente la reducción de las tasas. Lo que la ENVE 2026 documenta no es la pacificación, sino la normalización: la violencia incorporada como costo de operación, el miedo convertido en rutina contable. Todo ello merece retomar a Benjamín en su advertencia respecto de que la catástrofe consiste, sobre todo, en que las cosas sigan como están.

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Investigador del PUED-UNAM

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