La UNAM está resolviendo el problema suscitado por el examen de admisión de nuevo ingreso para el semestre 2027-I, y, en el camino, está coadyuvando en el mejor uso de las herramientas digitales en exámenes a distancia en la educación superior, y, en general, en la mejora de la gestión digital no solo en las universidades, sino en instituciones gubernamentales y en otras organizaciones.
Escrito por: Enrique Provencio D.
De los riesgos de un conflicto explosivo en la gestión de la crisis que apareció luego de la publicación de los resultados de la prueba aplicada en línea, se pasó a una tensa pausa para buscar soluciones, con un examen de control que se aplicará del 12 al 19 de agosto en varias sedes, y a las correcciones internas para reordenar estas decisiones estratégicas de la Universidad.
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Los pronósticos de protestas masivas de estudiantes y padres de familia no se cumplieron. En unos casos porque los excluidos buscaban soluciones que corrigieran los sesgos a la alza en los puntajes mínimos de admisión, y en otros porque las evidencias de fraude en la realización de los exámenes son abrumadoras, aunque no sea posible distinguir individualmente a los que lograron burlar los procedimientos de vigilancia que se establecieron, salvo los que fueron detectados de inmediato mientras se aplicaban las pruebas.
Son muchas las implicaciones del caso, de las éticas a las tecnológicas, de las institucionales a las políticas y mediáticas, de las administrativas a las del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, entre otras. Destaco dos: una relacionada con la confianza en las universidades y la certeza de aplicación de reglas parejas, y otra asociada al esfuerzo y el aporte que realiza la UNAM en la ampliación de la cobertura de educación superior y de investigación.
Uno de tantos temas que se señalaron en estas semanas en relación al problema del examen de admisión, es la pérdida de confianza en las universidades. Se mencionó, por ejemplo, que en otros países las instituciones de educación superior están perdiendo el apoyo de la sociedad, en el sentido de que se les está dejando de ver como una vía de mejoramiento individual y colectivo.
Esto ocurre en Estados Unidos, sin duda, y a gran velocidad. Apenas en 2015, el 57 por ciento de los encuestados por Gallup declaraban tener mucha o bastante confianza en la educación superior pública o privada, y ese porcentaje bajó a 38 en 2026. Son varias las causas, entre ellas la ofensiva que el gobierno de ese país ha desatado contra varias de las principales universidades, los altos costos de las colegiaturas y otros cobros, y la lenta adaptación que las universidades están teniendo al cambio tecnológico.
En México, sin embargo, las universidades públicas son los entes que tienen el mayor nivel de confianza , solo superadas por la familia. Como documenté aquí en México Social el 1º de junio pasado, entre 2023 y 2025 hubo un marcado deterioro de la confianza en las instituciones mexicanas, en especial en los tres órdenes de gobierno < https://www.mexicosocial.org/la-confianza/ > Eso no ocurrió con las universidades, que apenas tuvieron una merma poco significativa entre 2017 y 2025, de 76.8 a 75.9 por ciento en este periodo.
Esto es muy interesante, porque a pesar de un entorno político hostil y de un trato presupuestal desventajoso, las universidades públicas, entre ellas la UNAM, han logrado mantener el apoyo de la sociedad. La confianza se puede perder muy rápidamente, como ocurrió con la mayoría de las instituciones nacionales en los dos años señalados.
En el caso de la UNAM, el conflicto de los exámenes de admisión introdujo un nuevo riesgo de desconfianza, ciertamente, pero pronto quedó claro que se trata de un caso en el que están involucradas al menos cuatro dimensiones: la gestión interna del proceso, el papel de la empresa contratada, los riesgos tecnológicos del método utilizado, y la actitud inescrupulosa de quienes respondieron las pruebas. Las medidas de control están devolviendo certeza a un proceso con el que se corrió el riesgo de la pérdida de credibilidad en una selección pareja y basada en el conocimiento.
En cuanto al segundo aspecto, hay que tomar en cuenta, antes que nada, que la UNAM no ha dejado de aumentar su matrícula. Actualmente tiene alrededor de 116,000 estudiantes más que en el 2000, en todos los niveles, modalidades y sedes con las que cuenta. La demanda por ingresar sigue siendo muy alta, a pesar de que la proporción de universitarios que están en la UNAM es decreciente desde hace décadas, en relación a la población nacional de educación superior.
Las opciones universitarias siguen ampliándose sobre todo por el número creciente de universidades privadas, con costos altos y en muchos casos con una calidad dudosa. La UNAM sigue ofreciendo no solo una mejor opción en términos educativos, sino también una oportunidad de movilidad y mejora social, por la gratuidad, los apoyos y becas, el acceso a servicios culturales incomparables, y el contacto con la comunidad de investigación más importante del país.
El presupuesto por alumno en la UNAM es actualmente un 15 por ciento a valores reales menor que el de 2016. Le está ocurriendo lo mismo, con variaciones, que a las demás universidades y centros de investigación públicos. A pesar de esta restricción, la matrícula aumenta tendencialmente, aunque hay límites evidentes, sobre todo cuando haya que financiar la investigación, el cuidado de la infraestructura y varios servicios nacionales que la UNAM ofrece.
El conflicto por el examen de admisión colocó a la UNAM, una vez más, en el centro de una discusión intensa, que va más allá del problema en sí mismo. Este se está resolviendo, y la generación de nuevo ingreso iniciará sus cursos tres semanas después de lo programado. En una institución tan compleja y de dimensiones mayúsculas, hay riesgos de errores y deficiencias, que deben prevenirse y afrontarse. Esto es lo que se está haciendo.
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