Escrito por 12:00 am 2015, Agendas locales, MS en Excélsior

La urgente rendición de cuentas

por Mario Luis Fuentes

De acuerdo con la ASF, en México subsisten severos problemas de rendición de cuentas: hay opacidad en el uso de los recursos públicos, se pagan obras que no se ejecutan, se asignan subsidios sin padrones adecuados; se distribuye dinero a los estados y municipios, respecto del cual hay una opacidad sorprendente… urge construir un nuevo orden basado en la integridad gubernamental.


El sistema institucional mexicano está desbordado en lo que respecta a sus capacidades para cumplir plenamente con el mandato que se encuentra plasmado tanto en la Constitución como en general en el orden jurídico nacional, el cual, no debe olvidarse, incluye nada menos que el vasto catálogo de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Lo anterior tiene múltiples causas que operan de manera simultánea y convergente. Dos de estas causas son la opacidad gubernamental y la corrupción; asimismo, hay indicadores claros sobre un círculo vicioso que va de la ineficiencia de las instituciones hasta la ineficacia en sus resultados, lo cual tiene que ver en distintas ocasiones con la carencia de una visión y diagnóstico adecuado respecto de los problemas que deben solucionarse y, por lo tanto, de las medidas que deben tomarse; pero también en otras con la franca incapacidad e indolencia de numerosos servidores públicos en todos los órdenes y niveles.

Para dimensionar lo anterior se presentan a continuación diversas conclusiones que ha elaborado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano del Congreso responsable de la revisión y auditoría de la cuenta pública, las cuales apuntan hacia la reiterada convocatoria a revisar el conjunto de las políticas públicas para el desarrollo y del propio sistema institucional responsable de diseñarlas y operarlas.

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Promover la integridad gubernamental

La ASF sostiene que es necesario que en todas las dependencias gubernamentales se generen procesos para fortalecer los valores inherentes al concepto de “integridad gubernamental”, es decir, en torno a los compromisos de honestidad y honradez.

Al respecto, el organismo citado afirma en su informe sobre la Cuenta Pública 2013: “A través de su participación en el ámbito internacional, la ASF ha podido constatar que, en los países donde se han aplicado programas de integridad institucional se manifiestan como elementos centrales para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de actos corruptos, así como corregir las fallas estructurales detectadas para evitar la reincidencia de los hechos irregulares ya cometidos”.

Implementar una nueva lógica de integridad debería partir, de acuerdo con la ASF, en las áreas más sensibles ante la opinión pública, por lo cual cita como ejemplo la urgencia de llevarlo a cabo en todas las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.

Para lograrlo la ASF recomienda reconocer que: a) las acciones emprendidas para fortalecer la integridad son desarticuladas entre las propias unidades administrativas; b) existe una ausencia de personal especializado en temas de administración de riesgos a la integridad y acciones anticorrupción; e implementar: c) el fortalecimiento del papel de los órganos de auditoría interna como elementos profesionales e independientes, preventivos de actos irregulares en el sector público, y d) existe una carencia de sensibilización de los mandos superiores respecto de la ética e integridad; se requiere respaldo por parte de la alta dirección.

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La urgente revisión de los programas sociales

En su informe sobre la Cuenta Pública 2013, la ASF destaca que respecto de los seis grupos funcionales que integran el gasto social se llevaron a cabo: “109 auditorías que abarcan a 43 entes públicos. Se formularon 880 observaciones, 818 recomendaciones al desempeño, 428 recomendaciones, 218 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 148 pliegos de observación, 45 solicitudes de aclaración, 15 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y siete multas”.

Las observaciones que en mayor medida se destacan por la ASF son las relativas a los padrones de beneficiarios de los programas sociales. Al respecto hay que decir que en esta revisión no se consideran los más de 5 mil programas que operan a nivel municipal, sin información relativa a su presupuesto, planeación y ejecución, como ya lo ha documentado el Coneval.

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En torno a los principales programas federales, la ASF detecta, respecto de sus padrones, al menos lo siguiente: a) no se tienen conceptos de gasto completos o bien definidos; se carece de una adecuada definición de los importes de los apoyos y en ocasiones se carece incluso de los datos de los mismos beneficiarios; b) no existen mecanismos óptimos para generar información institucional de calidad ni confiable; c) el número de beneficiarios reportados en los informes institucionales difiere de lo reportado en la Cuenta Pública, y d) a pesar de que se han invertido recursos transexenales para mejorar los padrones los resultados son todavía deficientes.

Un ejemplo de los retos que persisten en el marco del gasto social se encuentra, según la ASF, en el gasto federalizado, el cual asciende a 1.5 billones de pesos, suma equivalente a poco más del 35% del presupuesto total del país; respecto de esas sumas, se detectaron al menos los siguientes puntos críticos: a) un sistema ineficaz de aplicación de responsabilidades; b) un contexto político y jurídico que dificulta la operación autónoma de las entidades de fiscalización en lo local; c) carencia de evaluación del gasto federalizado; d) distribución inercial de los recursos; e) debilidad estructural de las finanzas de entidades y municipios; f) debilidad institucional estructural de los gobiernos municipales.

A lo anterior se agregan desviaciones constantes de recursos; depósitos a cuentas distintas a las asignadas para recibir los recursos federales; obras pagadas no ejecutadas; sobreprecios pagados por obra pública; opacidad en la asignación de contratos y servicios, y un largo etcétera que revela la urgencia de una nueva cultura democrática de rendición de cuentas en todo el país. 

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 19- Mayo- 2015, p.22

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