Las paradojas del Desarrllo en el Bajío y los límites del desarrollo Regional. Un Ensayo sobre las enormes contradicciones que ilustran por qué México necesita un nuevo curso de desarrollo.
Capítulo I. La construcción de una región para la economía abierta
La configuración económica contemporánea del Bajío guanajuatense forma parte de una transformación de mayor escala cuyo punto de inflexión se encuentra en la década de 1980. La crisis económica que atravesó México al inicio de esos años coincidió con una revisión profunda del modelo de desarrollo seguido durante las décadas anteriores. La liberalización comercial, la reducción progresiva de diferentes mecanismos de protección a la producción nacional, la atracción de inversión extranjera y una mayor orientación exportadora adquirieron un peso creciente dentro de la política económica. La adhesión de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, formalizada en 1986, constituyó una decisión central dentro de ese proceso. El protocolo fue firmado el 25 de julio de ese año y posteriormente aprobado por el Senado y promulgado por el Ejecutivo federal.
La importancia de aquella decisión no radicó exclusivamente en la modificación del régimen arancelario. La incorporación al GATT formaba parte de un proceso de apertura que había comenzado previamente y que habría de reorganizar las condiciones de competencia en las que operaban las empresas establecidas en el país. En efecto, la secuencia iniciada en los años ochenta marcó el tránsito hacia una plataforma económica fundamentalmente exportadora, lo cual se profundizó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 1 de enero de 1994.
El TLC modificó la escala de esa transformación. La liberalización comercial dejó de referirse principalmente a la relación de México con un sistema multilateral de comercio y pasó a formar parte de un intenso proceso de integración productiva y comercial con Estados Unidos y Canadá. Ello permitió que distintas fases de la producción fueran localizadas en los tres países de acuerdo con decisiones empresariales sobre costos, infraestructura, disponibilidad de mano de obra, logística y acceso a mercados. De este mod, la manufactura mexicana adquirió progresivamente una función distinta dentro de una economía norteamericana cuyas cadenas de suministro se hicieron cada vez más interdependientes.
Este proceso fue parte de una reorganización más amplia de la economía internacional. Durante esos mismos años avanzaba la integración europea, mientras las economías asiáticas adquirían un peso creciente en la producción industrial mundial y se consolidaban nuevas cadenas de valor que ya no correspondían con las fronteras políticas nacionales. Para una parte de la industria manufacturera, la localización de una planta debía valorarse por su relación con proveedores, mercados, infraestructura logística, tratados comerciales y tiempos de desplazamiento de insumos y mercancías. El territorio adquirió así una función económica específica dentro de las estrategias de integración productiva.
Lee aquí la Introducción a este ensayo de Saúl Arellano: Las Paradojas del Desarrollo (Introducción)
Un breve recuento histórico
Esta consideración resulta indispensable para comprender lo ocurrido en Guanajuato. La industrialización contemporánea del estado no puede ser explicada como el simple aprovechamiento de una vocación manufacturera previamente existente. La localización geográfica importaba, pero sus ventajas tuvieron que ser producidas y articuladas mediante infraestructura, decisiones públicas, inversión privada, cambios regulatorios y estrategias empresariales que operaban simultáneamente en diferentes escalas. El Bajío comenzó a adquirir valor como nodo de una geografía económica que conectaba el centro del país con el norte, los principales mercados urbanos, los puertos y, de manera creciente, las cadenas norteamericanas de producción.
La instalación del complejo de General Motors en Silao en 1995 constituye un momento particularmente relevante de esa trayectoria. La empresa registra ese año como el inicio de operaciones de su complejo guanajuatense, dedicado posteriormente al ensamble de camionetas, motores y transmisiones. La importancia histórica de esa inversión desborda el número inicial de empleos o el volumen de producción. Su establecimiento mostró que Guanajuato podía funcionar como emplazamiento de una operación automotriz de gran escala vinculada a mercados internacionales y contribuyó a modificar las expectativas de inversión, proveeduría e infraestructura del estado.
Sería inadecuado, sin embargo, interpretar retrospectivamente la llegada de General Motors (Genral Motors, 2026) como la ejecución de un proyecto completamente definido desde el comienzo. La formación del corredor industrial fue acumulativa. Inversiones realizadas en momentos diferentes generaron nuevas ventajas de localización; éstas hicieron posibles inversiones posteriores, que a su vez incrementaron la demanda de infraestructura, suelo industrial, servicios, trabajadores y conectividad. La causalidad operó en ambas direcciones. La infraestructura hizo más atractivo al territorio para nuevas empresas y la llegada de empresas reforzó la justificación económica para construir nuevas infraestructuras.
La constitución de Guanajuato Puerto Interior expresa con claridad esa evolución. En 2005, un decreto del gobierno estatal autorizó la creación de la empresa de participación estatal mayoritaria, responsable de ejecutar, administrar y operar el proyecto; la sociedad comenzó a operar en marzo de 2006 (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005). Posteriormente, su objeto fue ampliado para fortalecer la capacidad estatal de atraer capitales, desarrollar infraestructura y hacer de Guanajuato una plataforma logística con alcance regional e internacional.
Este proceso permite identificar uno de los rasgos de la economía política y el decurso que tuvo en esta región de México. La inserción internacional del territorio requirió una considerable capacidad pública de intervención. La apertura comercial no implicó la desaparición del Estado de la producción económica del espacio. Antes bien, el Estado modificó su función. Una parte fundamental de su actuación se desplazó hacia la construcción de condiciones para la competitividad: infraestructura, logística, promoción de inversiones, parques industriales, conectividad y articulación con empresas globales. En este sentido, la formación del corredor constituye un caso particularmente claro de cómo los mercados producen territorio mediante instituciones y decisiones públicas, y no al margen de ellas.
La aceleración del proceso
La transformación adquirió una nueva intensidad durante la segunda década del siglo XXI. En enero de 2014 Mazda inició operaciones en Salamanca. La empresa había anunciado desde 2011 su intención de construir en Guanajuato una base de producción orientada inicialmente a los mercados de México, Centro y Sudamérica; posteriormente, la planta se integró también a mercados de Estados Unidos, Europa y otras regiones. Los documentos corporativos de la empresa explican expresamente que la selección del centro de México se relacionó con consideraciones de cadena de suministro y logística. Para enero de 2014 comenzó la producción en serie y la planta adquirió rápidamente una función estratégica dentro de la estructura global de Mazda (Gobierno de Guanajuato, 2024).
Casi simultáneamente, Honda inauguró en febrero de 2014 su planta automotriz en Celaya (Gobierno de Guanajuato, 2024). La instalación fue concebida como parte de la expansión de la capacidad manufacturera de Honda en América del Norte. La empresa había iniciado su construcción en 2012 y reportó una inversión inicial de aproximadamente 800 millones de dólares para la planta de vehículos, a la cual se añadieron posteriormente inversiones en transmisiones. Desde su origen, la operación de Celaya estuvo vinculada a una estrategia regional: Honda señalaba que la nueva capacidad incrementaría su producción norteamericana y permitiría atender desde México la demanda de vehículos subcompactos dentro de ese mercado.
Toyota completó posteriormente esta secuencia mediante su instalación en Apaseo el Grande (Gobierno de Guanajuato, 2019). La empresa había anunciado una nueva planta en Guanajuato como parte de su estrategia para fortalecer su competitividad en América del Norte; la operación comenzó en diciembre de 2019 y se especializó en la producción de Tacoma, con una capacidad inicial de alrededor de cien mil unidades anuales.
La sucesión GM-Silao, Mazda-Salamanca, Honda-Celaya y Toyota-Apaseo el Grande permite observar la formación de un eje industrial que excede ampliamente los límites de cualquiera de esos municipios. Junto con las armadoras se instalaron empresas proveedoras, servicios logísticos y establecimientos manufactureros vinculados de distintas maneras con la producción automotriz. Las decisiones de localización de las grandes empresas generaron efectos sobre mercados de trabajo y suelo, infraestructura, desplazamientos cotidianos, demanda habitacional y requerimientos de servicios en municipios que no necesariamente albergan una planta ensambladora.
Celaya ocupa una posición particular en esa estructura. Su importancia económica antecede a la llegada de Honda, pero la instalación de la armadora reforzó una función que ya venía construyéndose: la de un centro urbano capaz de articular servicios, empleo, comercio, comunicaciones y producción para un territorio mayor que su propia jurisdicción. Su relación con Villagrán, Cortazar, Comonfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto adquiere así una dimensión distinta de la que puede observarse exclusivamente mediante límites administrativos. La economía regional funciona mediante desplazamientos de trabajadores, mercancías, insumos y servicios que atraviesan diariamente esas fronteras.
Las desigualdaes y la heterogeneidad de la región
La evidencia de los Censos Económicos permite dimensionar la profundidad alcanzada por esa transformación. Para los trece municipios considerados en este ensayo, el número de unidades económicas pasó de 42,279 en 2003 a 64,593 en 2023, mientras que el personal ocupado aumentó de 167,651 a 302,778 personas. En veinte años, por tanto, el empleo captado por los Censos Económicos creció alrededor de 81%, muy por encima del incremento del número de establecimientos (INEGI, 2026).
El cambio más importante se encuentra, sin embargo, en la estructura del valor producido. En 2003 las manufacturas representaban aproximadamente 47.9% del valor agregado censal bruto generado por esos municipios. En 2008 su participación había aumentado a 57.3%; en 2013 era de 58.1%; en 2018 alcanzaba 66.1%, y en 2023 llegó a 78.1%. La región experimentó, por tanto, una transformación que difícilmente puede describirse únicamente como crecimiento de la actividad económica: durante esas dos décadas se produjo una marcada manufacturización de la generación de valor (INEGI, 2026).
El empleo siguió la misma dirección, aunque con una intensidad considerablemente menor. Las manufacturas concentraban 29.3% del personal ocupado en 2003 y 36.2% en 2023. La diferencia entre ambas participaciones resulta analíticamente relevante: para 2023, poco más de un tercio del empleo censado generaba más de tres cuartas partes del valor agregado. La productividad, la intensidad de capital y la escala empresarial comenzaron así a diferenciar de manera creciente a determinados sectores de la economía regional (INEGI, 2026).
Este proceso no ocurrió con la misma intensidad en todos los municipios. Apaseo el Grande constituye probablemente el caso más claro. Entre 2003 y 2023 sus unidades económicas pasaron de 1,285 a 3,457 y el personal ocupado de 7,350 a 32,810 personas. Al mismo tiempo, la participación manufacturera en su valor agregado aumentó de aproximadamente 82.0% a 90.6%. La llegada de Toyota forma parte de una transformación más amplia del municipio, cuya estructura económica ya se encontraba fuertemente vinculada con la manufactura y que adquirió una nueva escala durante el periodo (INEGI, 2026).
Celaya muestra una trayectoria igualmente significativa, aunque desde una estructura urbana mucho más compleja. Entre 2003 y 2023 el personal ocupado censado aumentó de 85,387 a 146,461 personas. Más importante aún, la participación de las manufacturas en el valor agregado pasó de aproximadamente 47.0% a 81.4% (INEGI, 2026). Una ciudad caracterizada históricamente por su importancia comercial, de servicios y agroindustrial se convirtió durante esas dos décadas en uno de los centros manufactureros más intensivos del territorio estudiado.
Comonfort muestra otra trayectoria relevante: el personal ocupado pasa de 3,864 a 9,137 personas y el peso manufacturero en el valor agregado de 29.0% a 69.5%. Cortazar incrementa su personal ocupado de 9,257 a 18,529 personas y su participación manufacturera en el valor agregado de 25.7% a 47.4% (INEGI, 2026). Estas transformaciones ayudan a comprender por qué la región funcional no puede delimitarse únicamente mediante la ubicación de las plantas ensambladoras. La industrialización modifica también municipios próximos mediante nuevas actividades, trabajo, proveeduría, servicios y relaciones de movilidad.
Villagrán presenta una situación diferente. Su economía ya tenía en 2003 una altísima concentración manufacturera: 93.7% del valor agregado censal bruto provenía de ese sector. En 2023 la proporción seguía siendo extraordinariamente elevada, 86.6% (INEGI, 2026). La industrialización regional, por consiguiente, no parte de una estructura uniforme ni produce la misma trayectoria en todos los municipios.
La heterogeneidad se vuelve todavía más visible cuando se consideran los municipios del sur. En Salvatierra, por ejemplo, la participación manufacturera en el valor agregado disminuyó de 38.2% en 2003 a 13.0% en 2023. En Tarimoro pasó de 12.1% a 10.8%; en Santiago Maravatío se redujo ligeramente, de 15.9% a 12.6%. Moroleón permaneció alrededor de una estructura manufacturera mucho menos dominante, con una participación que pasó de 17.8% a 15.4% (INEGI, 2026).
Repensar qué es eso que llamamos regiones
Estos resultados obligan a precisar qué se entiende aquí por región. El territorio analizado participa de procesos económicos comunes, pero no constituye un espacio productivo homogéneo. Existe un eje de intensa manufacturización articulado con Celaya y los municipios próximos al corredor industrial; coexiste con economías comerciales, agrícolas, manufactureras tradicionales y de servicios cuya integración a las cadenas de alto valor es considerablemente menor.
El análisis exploratorio realizado para este ensayo confirma esa heterogeneidad: al combinar productividad, estructura manufacturera, remesas, carencias sociales, motorización y violencia aparecen perfiles territoriales diferenciados, con un núcleo industrial formado principalmente por Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar y Villagrán, mientras Moroleón, Uriangato y Yuriria presentan otra configuración, asociada con elevada motorización de sus núcleos urbanos y recepción de remesas. Esta clasificación es exploratoria y no debe confundirse con la regionalización oficial, pero indica que las diferencias internas poseen una estructura reconocible.
La formación de esta geografía productiva permite volver sobre la cuestión de la política económica. El relativo éxito económico del corredor no fue accidental. Durante aproximadamente tres décadas convergieron la apertura económica nacional, la integración norteamericana, la política nacional y estatal de atracción de inversiones, la expansión de infraestructura y las estrategias globales de las empresas automotrices. Guanajuato fue adquiriendo así una posición específica dentro de un sistema productivo que necesitaba localizar fábricas y proveedores en territorios con capacidad para conectarse eficazmente con mercados situados fuera de la entidad e incluso fuera del país.
La industria automotriz constituye el ejemplo más visible porque permite seguir esa articulación desde las estrategias corporativas. Mazda explicó su planta de Salamanca a partir de consideraciones explícitas de logística y cadena de suministro; Honda concibió Celaya como parte de su capacidad de producción norteamericana; Toyota justificó su nueva instalación guanajuatense por la necesidad de fortalecer su competitividad en América del Norte. El territorio local quedó de este modo integrado a decisiones cuya escala real era continental y global.
Esta constatación modifica la manera de interpretar el desarrollo regional. La inversión extranjera no llega simplemente a un territorio previamente constituido. Cuando alcanza determinada escala, contribuye también a transformarlo, y no necesariamente siempre de manera positiva para quienes lo habitan. Modifica precios del suelo, mercados de trabajo, necesidades de capacitación, patrones de movilidad, demandas de vivienda y servicios, decisiones de infraestructura y expectativas de los gobiernos locales. A su alrededor pueden aparecer proveedores y nuevas actividades, pero también diferencias crecientes entre localidades capaces de insertarse directamente en las cadenas productivas y aquellas que son incluso desplazadas y marginadas.
La transformación que se describe puede advertirse también en la composición del trabajo. Para el conjunto regional, el personal propietario, familiar y otro personal no remunerado representaba aproximadamente 36.7% del personal ocupado censado en 2003; en 2023 había disminuido a 26.0%. La reducción indica una expansión relativa de formas de empleo remunerado asociada con la transformación estructural de la estructura económica. Sin embargo, el promedio oculta nuevamente contrastes considerables. En 2023 la proporción de trabajo no remunerado era de sólo 12.8% en Apaseo el Grande y 16.0% en Celaya, mientras superaba 50% en Moroleón, Tarimoro y Santiago Maravatío.
Esta diferencia constituye una de las primeras evidencias de una segmentación que se analizará con mayor profundidad en el siguiente capítulo. En una misma región conviven plantas y establecimientos capaces de generar grandes volúmenes de valor mediante tecnologías, capital y organización empresarial de alcance global con una extensa economía formada por unidades familiares, pequeños comercios y establecimientos de reducida escala. La presencia simultánea de ambos mundos no significa que estén desconectados, pero tampoco permite asumir que los beneficios de los sectores más productivos se transmitan automáticamente hacia el resto del tejido económico.
Algunos efectos relativamente positivos
Los propios datos muestran que la industrialización ha producido algunos efectos relativamente favorables. En el corte municipal disponible para 2023-2024, los municipios con mayor productividad y mayor participación manufacturera tienden a presentar menores proporciones de trabajo no remunerado, menor rezago educativo y menores carencias de seguridad social. El análisis multivariado elaborado para este ensayo identifica esa relación como uno de los patrones más consistentes del territorio. Esto impide sostener que la industrialización haya sido totalmente irrelevante para el bienestar de algunos sectores de población o que el crecimiento económico deba considerarse simplemente un proceso de extracción de riqueza.
La evidencia conduce hacia una formulación distinta. El problema se encuentra en la desigual capacidad territorial para apropiarse de las oportunidades generadas por la transformación productiva y en la relación entre productividad, remuneraciones, servicios, capacidades humanas e instituciones. Apaseo el Grande y Celaya presentan niveles de productividad aparente muy superiores a los observados en Tarimoro, Santiago Maravatío, Salvatierra, Moroleón o Uriangato. Al mismo tiempo, las diferencias en pobreza, seguridad social y educación continúan siendo muy importantes. El propio análisis exploratorio muestra casos de desacoplamiento: municipios con resultados sociales mejores o peores de lo que cabría anticipar a partir de las visiones clásicas relativas a los efectos que la estructura productiva debiera tener en el bienestar social y la garantía de los Derechos Humanos.
La construcción de la región industrial tampoco sustituyó las estructuras económicas anteriores. La agricultura continúa ocupando una posición fundamental en amplias zonas del territorio, tanto por superficie y empleo como por su relación con el agua, la alimentación, la agroindustria y los mercados de exportación. Los datos del Censo Agropecuario 2022 que se incorporarán al análisis posterior permitirán estudiar con mayor precisión la estructura de las unidades de producción, riego, maquinaria, tecnología, crédito, trabajo familiar y condiciones de las personas productoras. Esa dimensión es necesaria porque el territorio industrial contemporáneo se construyó sobre una de las regiones agrícolas históricamente más importantes del país. La coexistencia de ambas estructuras plantea problemas de articulación productiva y, de manera particularmente crítica, de competencia y gobernanza alrededor del agua y del suelo.
Algo semejante ocurre con la movilidad. La infraestructura que hizo posible la circulación de insumos y mercancías forma parte también de la reorganización cotidiana del territorio. El padrón vehicular de los trece municipios muestra una expansión muy considerable durante el periodo estudiado, acompañada en los últimos años por un crecimiento acelerado de las motocicletas. Entre 2007 y 2025, éstas pasaron de aproximadamente 9.3 a 125.8 unidades por cada mil habitantes en el conjunto regional (IPLANEG, 2026). Este dato no demuestra por sí mismo la existencia de un modelo urbano deliberadamente subordinado al automóvil, pero sí muestra que la transformación económica tuvo una expresión material sobre las formas de circulación y que la movilidad deberá incorporarse posteriormente al análisis de sostenibilidad, ordenamiento urbano y calidad de vida.
Algunas conclusiones preliminares
Hasta aquí, la evidencia permite sostener una primera conclusión. La economía abierta construida por México desde la década de 1980 encontró en Guanajuato condiciones favorables para producir uno de sus territorios manufactureros más dinámicos. La integración comercial, la inversión extranjera, las decisiones empresariales y la infraestructura pública convergieron progresivamente en una plataforma industrial cuya escala excede las jurisdicciones municipales. El corredor automotriz constituye su manifestación más visible, pero sus efectos alcanzan mercados de trabajo, redes de proveedores, ciudades, agricultura, movilidad y servicios.
La transformación fue profunda. Entre 2003 y 2023 aumentaron considerablemente el número de establecimientos y, sobre todo, el personal ocupado; la manufactura incrementó de manera muy marcada su participación en la generación regional de valor y determinados municipios adquirieron niveles de productividad e intensidad industrial que los separan claramente del resto. Estos cambios deben ser considerados logros económicos efectivos. Sin ellos sería imposible comprender la reducción de ciertos rezagos, la expansión del empleo o las nuevas capacidades construidas durante las últimas décadas.
Sin embargo, la misma evidencia muestra que no se produjo una convergencia territorial equivalente. El corredor industrial se densificó mientras otros municipios mantuvieron estructuras económicas muy distintas; la productividad se distribuyó de manera extraordinariamente desigual; el trabajo familiar no remunerado continuó teniendo una presencia considerable en una parte de la región; y la integración a cadenas globales tuvo intensidades muy diferentes incluso entre municipios geográficamente próximos.
La cuestión de fondo se desplaza entonces desde la existencia o ausencia de crecimiento hacia la capacidad de articular las distintas economías que conviven en el territorio. La región ha mostrado una capacidad considerable para conectar grandes inversiones con mercados internacionales. Resulta menos evidente que haya logrado producir encadenamientos suficientemente amplios para elevar de manera homogénea la productividad de sus pequeñas unidades económicas, fortalecer las capacidades locales de innovación y distribuir territorialmente las oportunidades generadas por los sectores más dinámicos.
Esta diferencia será central para comprender los capítulos siguientes. La producción de una región apta para la economía abierta exigió coordinación, recursos, infraestructura y continuidad de decisiones durante décadas. Demostró que el Estado y los actores económicos podían intervenir sobre el territorio y modificar profundamente sus condiciones materiales. El problema que comienza a perfilarse no es, por tanto, una ausencia general de capacidad institucional. Es necesario investigar qué capacidades fueron construidas, para qué finalidades, bajo qué escalas de decisión y con qué resultados territoriales.
Esa pregunta introduce también la dimensión democrática del desarrollo. La transformación descrita fue resultado de decisiones adoptadas por gobiernos federales y estatales, empresas transnacionales, autoridades municipales y numerosos actores económicos. Las comunidades y sociedades locales experimentaron sus beneficios y sus costos de manera diferenciada. Determinar en qué medida pudieron intervenir efectivamente en la definición del territorio que estaba siendo producido constituye una cuestión distinta de medir la cantidad de inversión recibida o de empleos creados. La economía política regional exige examinar no sólo la circulación de capitales y mercancías, sino las relaciones de poder que intervienen cuando se decide sobre infraestructura, suelo, agua, movilidad y prioridades públicas.
Por ello, la trayectoria reconstruida en este capítulo no debe ser leída como una historia de éxito seguida posteriormente por una acumulación de problemas. Las contradicciones se encuentran dentro del propio proceso de transformación territorial. El crecimiento manufacturero elevó capacidades productivas; amplió empleos y modificó favorablemente algunos indicadores sociales; al mismo tiempo, produjo una estructura regional muy diferenciada y nuevas exigencias de coordinación sobre sistemas sociales y naturales cuya escala no corresponde con los límites municipales.
De esta forma, los datos muestran que la generación de riqueza y el incremento de productividad constituyen activos indispensables para cualquier estrategia futura. La cuestión es cómo una economía regional crecientemente productiva puede transformar esas capacidades en mejoras suficientemente amplias del ingreso, el trabajo, las empresas locales y el bienestar sin reproducir una estructura territorial segmentada.
Hacia otra visión del desarrollo
Ese problema exige pasar de la construcción histórica de la región económica hacia el examen de su estructura interna. El siguiente capítulo analizará precisamente quiénes generan el valor, qué diferencias de productividad existen entre grandes empresas y pequeños establecimientos, cómo evolucionan las remuneraciones y en qué medida el crecimiento producido durante las últimas dos décadas ha sido capaz de difundirse hacia el conjunto del tejido económico regional. Sólo entonces será posible establecer con mayor precisión si el notable éxito alcanzado en la construcción de una plataforma manufacturera se ha traducido también en la formación de una economía regional integrada.
La cuestión, como se ha observado en todo lo previo, no puede reducirse a establecer si los beneficios derivados de la expansión productiva alcanzaron en mayor o menor medida al conjunto de la población. La justicia de un orden territorial tampoco puede evaluarse únicamente por la magnitud del crecimiento que produce o por su capacidad para elevar determinados indicadores agregados. Una región constituye simultáneamente un espacio económico, político y social en el que se distribuyen bienes heterogéneos: ingreso, trabajo, educación, salud, seguridad, movilidad, agua, suelo, reconocimiento y capacidad para participar en las decisiones colectivas. Cada uno de esos bienes posee significados y reglas de distribución que no pueden quedar subordinados sin más a la lógica de la acumulación económica.
En términos próximos a la concepción de igualdad compleja formulada por Michael Walzer, el problema comienza cuando las ventajas alcanzadas en una esfera se convierten en títulos de dominio sobre las demás (Walzer, 2004). Una elevada capacidad de inversión no debería traducirse automáticamente en una capacidad equivalente para definir el uso del agua, determinar el ordenamiento territorial, desplazar otras actividades productivas o condicionar las prioridades de la política pública. De la misma manera, la posición económica de una persona o de una comunidad no debería determinar su acceso efectivo a la salud, la educación, la seguridad o un ambiente adecuado. La desigualdad adquiere una dimensión particularmente problemática cuando deja de estar circunscrita a una esfera y se transforma en una arquitectura de dominación capaz de atravesar el conjunto de la vida social.
Esta perspectiva obliga también a distinguir, siguiendo una preocupación central de Michael Sandel, entre reconocer el valor de los mercados y aceptar que sus criterios puedan convertirse en el principio ordenador de la sociedad. La cuestión relevante para el Bajío no consiste en discutir la legitimidad de la inversión, la productividad o el intercambio comercial, sino en determinar qué cosas no deberían quedar sometidas exclusivamente a su lógica. El agua necesaria para sostener comunidades y ecosistemas, el derecho a desplazarse por una ciudad, la calidad del aire, la seguridad, el acceso a los servicios públicos o la participación en las decisiones que transforman el territorio no constituyen simplemente insumos cuyos usos puedan ordenarse según rentabilidad relativa. Son componentes de una vida común cuya distribución remite necesariamente a decisiones políticas acerca de la justicia.
Desde esta perspectiva, el desarrollo regional deja de identificarse con la suma de inversiones, empleos, infraestructura y producción. Supone construir instituciones capaces de impedir que la potencia económica de algunos actores se convierta en predominio sobre el conjunto del territorio y, al mismo tiempo, ampliar las capacidades materiales que hacen posible una ciudadanía efectiva. La creación de riqueza continúa siendo indispensable; también lo son el incremento de la productividad, la innovación y la integración económica. Pero su legitimidad social depende de las formas mediante las cuales esa riqueza se distribuye, de los derechos que contribuye a garantizar, de los límites que reconoce frente a la naturaleza y de la capacidad democrática de las comunidades para intervenir en la definición de aquello que consideran una vida colectiva digna. Éste será el criterio desde el cual habrán de examinarse, en los capítulos siguientes, las contradicciones del desarrollo en el Bajío guanajuatense.
