Jamás en mi vida -ya larga, afortunadamente- había yo testimoniado tantos procederes tan aberrantes y abusivos como los que le he observado a esta administración federal. Forman ya una lista apretada las arbitrariedades y atropellos que la autodesignada 4T ha perpetrado contra diferentes sectores de la sociedad mexicana y de su aparato político. Madres trabajadoras, campesinos, trabajadores públicos, pensionistas, damnificados, becarios, académicos, periodistas, jueces, analistas críticos y otros actores del “conservadurismo” han recibido agresiones verbales o materiales por parte de los hoy gobernantes, propietarios de la verdad absoluta, paladines del “pueblo bueno”.
Escrito por: Luis Miguel Rionda
Toca ahora al Poder Judicial (PJ) ser el blanco principal de las inquinas de los corsarios del poder. Se busca pasarle factura por su atrevimiento de pensar que, en efecto, “la ley es la ley”, y que esta debe aplicarse sin anteojeras ideológicas. Al principio del sexenio, ese poder soberano se alineó con los nuevos tiempos del “humanismo mexicano”, gracias a los requiebros del presidente en turno de la Suprema Corte, a quien se ofreció alargar su periodo a cambio de su apego al nuevo dogma. Pero la feliz alternancia en la presidencia, a donde llegó la honesta jurista Norma Piña, le ha devuelto independencia y dignidad a la función judicial, lo que ha despertado la ira del solitario de palacio.
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El ataque se concentra, pero no se limita, a la provisión presupuestal del PJ. Esta estrategia ya se ha empleado contra otras instituciones autónomas, como fue el caso del INE, al que se le han aplicado recortes que buscan domarlo. Esta semana se aprobó la extinción de 13 de 14 fideicomisos del PJ con el pretexto de que son “guardaditos” ilegales que refuerzan privilegios de ministros y demás mandos superiores.
La campaña de desinformación social ha sido cotidiana y brutal, conducida desde el mismo púlpito del Salón Tesorería. Se denuesta a los ministros con una facilidad y cinismo supinos, cerriles, que convocan al viejo rencor social que se funda en el desconocimiento de los dos tercios de mexicanos en situación de pobreza. Para muchos, el PJ no es sinónimo de justicia pronta, sino de burocratismo e incluso expolio. Eso hay que entenderlo.
Pero los problemas internos del PJ no son pretexto para debilitar sus recursos presupuestales. Los fideicomisos en particular están pensados en reforzar los beneficios laborales de sus trabajadores. Esto lo han explicado hasta la saciedad los ministros y los sindicatos de trabajadores. No son “guardaditos” basados en subejercicios “esos sí ilegales”, sino economías financieras. La diferencia es simple: los subejercicios se generan a partir del incumplimiento de actividades y metas programadas. Las economías se generan a partir de eficiencia “logro del objetivo con menos recursos” y es válido y legal que se reorienten hacia otros objetivos. Así se ha hecho desde siempre en la administración pública.
Pero la 4T asume que los fideicomisos públicos son “cochinitos” de los “potentados” de las instituciones, y han extinguido más de cien de esos instrumentos financieros, incluyendo algunos tan importantes como el Seguro Popular, el Fonden, el Fortaseg, muchos del Conacyt, la Financiera Rural, el Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y muchos otros.
Con esto el gobierno federal no procura la honestidad y la transparencia, sino castigar a los “así llamados” enemigos de la 4T y su proyecto de desmantelamiento institucional. Pero hay reacción: nuevamente hay un llamado de la sociedad civil, a través de Unid@s, para manifestar el rechazo popular a esta medida draconiana, y defender, ahora, al Poder Judicial este domingo en las plazas públicas del país.
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(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León.
