Las discusiones públicas de esta semana en Palacio Nacional han puesto sobre la mesa un debate inaplazable para el futuro del desarrollo nacional. La propuesta gubernamental de regular el uso de pantallas y el acceso a redes sociales en infantes y adolescentes, catalogándolo formalmente como un asunto de salud pública, marca un punto de inflexión en la manera en que el Estado entiende su rol de gobernanza en el siglo XXI. Frente a las dinámicas de un mercado cada vez más tecnológico que opera bajo la lógica de la captura constante del tiempo de los usuarios, la protección del desarrollo cognitivo y emocional de las nuevas generaciones se convierte en un imperativo ético que convoca tanto a las familias como a las instituciones.
Escrito por: Gabriel R. Covarrubias
El reto no estriba en implementar medidas restrictivas o de corte autoritario que pretendan aislar a la niñez de la inevitable evolución tecnológica. Por el contrario, la tarea de la administración pública radica en construir un marco de gobernanza digital democrático y preventivo. El libre mercado digital ha demostrado que, sin un contrapeso institucional, el diseño de los algoritmos comerciales y el fenómeno del scroll infinito están orientados a generar dinámicas de dependencia que afectan la capacidad de atención, el rendimiento escolar y la salud mental de los menores. Regular estos entornos no es limitar la libertad, sino garantizar un entorno digital seguro que proteja el interés superior de la niñez.
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Nos corresponde analizar este fenómeno más allá de la simple esfera privada. Pensar que el cuidado digital de los menores de edad es una responsabilidad exclusiva de la supervisión familiar es ignorar la asimetría de poder que existe entre un tutor y las muy elaboradas arquitecturas de persuasión digital desarrolladas por las grandes corporaciones tecnológicas. El Estado mexicano, con el liderazgo del sector educativo y de salud, debe asumir la rectoría para establecer límites claros, promoviendo espacios escolares libres de dispositivos móviles y regulando los filtros de edad en las plataformas digitales para que el bienestar colectivo prevalezca sobre el interés comercial.
Abordar este tema implica reconocer que la brecha digital ya no solo se mide por la falta de acceso a internet, sino también por el uso desmedido y no acompañado de la tecnología. Las asimetrías sociales se replican en las pantallas, donde los sectores más vulnerables suelen enfrentar una mayor exposición a entornos digitales desregulados debido a la falta de opciones recreativas y de infraestructura urbana en sus comunidades. Por ende, la política de salud mental y digital infantil debe complementarse necesariamente con la recuperación de espacios públicos, el fomento al deporte y la dignificación de los centros comunitarios de convivencia.
Mirarnos en el espejo de las tendencias globales nos demuestra que la regulación de los entornos virtuales es una discusión de soberanía que ya se ejecuta en las principales democracias del mundo. México tiene la oportunidad de consolidar una legislación de vanguardia que blinde la salud pública y el desarrollo de su capital social más valioso. El triunfo de la política social del futuro dependerá de nuestra capacidad institucional para garantizar que las tecnologías de la información sean herramientas que potencien la inclusión, la educación y la creatividad de las infancias, asegurando que las pantallas estén al servicio del desarrollo humano y nunca por encima de la dignidad y el bienestar de las próximas generaciones.
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