El pasado 13 de diciembre de 2018, el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó la Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3°, 31 y 73 de nuestra Carta Magna.
Entre lo propuesto por la actual reforma constitucional en materia educativa, destaca la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); la eliminación de las disposiciones que señalan que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior se llevarán a cabo mediante concursos de oposición; así como el reconocimiento del magisterio como agente primordial de la transformación social.
Esta iniciativa señala además, la obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar la impartición de educación, la cual deberá ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia.
Sin duda, se trata de un desafío de enormes proporciones ya que la situación de la educación en nuestro país es lamentable en distintas dimensiones. De acuerdo con el INEE «todavía existe una deuda social para que todos los niños y jóvenes completen la escolarización obligatoria». En 2017, únicamente 89.3% de la población de 12 a 14 años tenía educación primaria terminada, mientras que 79.4% de la población de 15 a 17 había completado la secundaria.
Además, datos del organismo dados a conocer en diciembre del año pasado indican que, el grado promedio de escolaridad de la población mexicana equivale a la educación básica completa. Todavía casi la mitad de la población joven de nuestro país (46.5%) no cuenta con educación media superior y sólo una proporción reducida de la población alcanza la educación superior.
A ello debe agregarse que casi 5 millones 400 mil personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir y que entre los estudiantes de nivel secundaria, solo el 26.1% alcanza resultados satisfactorios o sobresalientes en Lenguaje y Comunicación y 13.7% en Matemáticas, mientras que 33.8 y 64.5% en cada caso demuestran un logro insuficiente.
Sin duda, la actual administración federal tiene la oportunidad de impulsar una reforma educativa que realmente garantice el derecho a una educación de calidad, oportuna y pertinente para las niñas, niños y adolescentes y para ello es fundamental que logre operarse, en el corto plazo, en todo lo que implica, la recuperación de la rectoría del Estado en este ámbito fundamental del desarrollo nacional.
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