La difusión que hizo el Presidente de la República el 11 de febrero de los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola en reacción a la información difundida sobre la “casa gris”, se suma a lo hecho en mayo del 2019, cuando también se difundieron los ingresos de 41 periodistas bajo el argumento de que éstos recibieron dinero público en la administración pasada.
Escribe: Ruth Zavaleta
Tener acceso y difundir la información sobre los recursos económicos que tienen los funcionarios públicos y su familia es un derecho constitucional, así como también, que los datos personales de aquellos que no reciben ingresos del erario público, sean protegidos (Artículo 6 y 16 de la Constitución). Es decir, el presidente no debió hacerlo porque no tiene esa facultad jurídica y porque al hacerlo está abusando del poder político.
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Siendo una práctica cotidiana del presidente, la pregunta que surge es: ¿Cómo evitar que esto continúe? Se ve difícil tener una respuesta toda vez que el poder legislativo, lejos de ser un poder de control a estos excesos presidenciales, sigue votando reformas para fortalecer el clima de miedo y persecución. Ahí están las que se votaron esta misma semana, para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar las cuentas bancarias sin orden judicial a quien resulte sospechoso.
Miles de tesis se han escrito para analizar las consecuencias del abuso de poder en diferentes coyunturas de la historia política de la humanidad. Los hechos están ahí, por ejemplo, para evitar el abuso del poder político, los nobles obligaron al Rey “Juan sin tierra” de Inglaterra, el 15 de junio de 1215, a firmar la “Carta Magna” que fue un antecedente básico para el surgimiento de los modernos parlamentos en el mundo. Para acabar con el absolutismo de la monarquía, emergió la Revolución francesa en 1789 y se declararon los derechos del hombre. Con el fin de evitar el abuso de poder y los gobiernos tiránicos, Montesquieu y Rousseau desarrollaron su teoría de la separación y control del poder político.
En México, durante décadas, se dijo que el viejo régimen político presidencialista era autoritario porque estaba encabezado por un presidente que concentraba y ejercía el poder político por encima de sus facultades constitucionales. Estas facultades extraordinarias, que el Dr. Jorge Carpizo denominó como “poder metaconstitucional”, le permitieron al titular del poder Ejecutivo imponerse sobre los otros órganos de poder constituido y actuar sin contrapesos ni equilibrio de poder.
A partir de la alternancia del poder presidencial, en el año 2000, parecía que el viejo modelo había sido superado y que los próximos presidentes de la República no solo tendrían que respetar la Constitución, sino que tendrían que recurrir a la permanente construcción de acuerdos (incluyendo la Coalición de Gobierno) para transitar hacia un modelo de ejercicio de poder más equilibrado. No fue así porque hubo factores que impactaron la confianza de los ciudadanos y entonces votaron por un presidente con rasgos de personalidad autoritaria.
Pero, no debe resultar extraño que esa personalidad del presidente conecte con un gran número de mexicanos. En primer lugar, porque desde 1917 hasta 1945, fuimos gobernados por presidentes militares. Esto no quiere decir que por ser militares el régimen fuera necesariamente autoritario, pero su formación profesional si influyó para generar un modelo de práctica política de relación muy vertical y de obediencia jerárquica entre los actores políticos y entre gobernantes y gobernados (aunque también hay indicios de que esta cultura se fomentó desde antes de la época colonial). Con el siempre humor mexicano, algunos dichos populares evidencian esta relación de subordinación incondicional: “¿Qué hora es? La que Usted diga señor presidente” “Al jefe nunca se le contradice” “El Señor director siempre tiene la razón”, etc.
En segundo lugar, los mexicanos aspiramos a una vida con certeza económica, segura y sin violencia y, para lograrlo, un porcentaje importante de ciudadanos están dispuestos a aceptar un gobierno autoritario. Así lo demuestra el análisis sobre el estado que guarda la democracia en nuestro continente denominado: “Latinobarómetro 2021 en el despertar de Macondo”[1]. En ese documento, que se presentó el año pasado, se puede leer que México es el segundo país en donde mayor aceptación habría de un régimen autoritario (22%). Este hallazgo se deriva del dato que se obtuvo ante la pregunta: “¿En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático?”. Paraguay ocupa el primer lugar (24%) y Ecuador el tercero.
El discurso antisistema y maniqueísta del entonces candidato a la presidencia y, la sensación de incertidumbre que produjo en los ciudadanos la creciente inseguridad y violencia, fueron factores que motivaron a pensar que se necesitaba un presidente con personalidad “fuerte”. Tal y como sucedió después de la Revolución mexicana, se pensó que se necesitaba orden y fueron los militares los que podían lograrlo. Incluso hoy, por parte de los ciudadanos que sufren la represión de los grupos criminales, en diferentes Estados de la República, se ha aceptado con docilidad la militarización no solo en las tareas de seguridad, sino en muchas otras actividades en donde han sido desplazados miles de profesionistas.
Pero, los costos del fracaso de una administración no son privativos para evaluar solo el pasado. El presidente abusa del poder político al utilizar su investidura presidencial para señalar a los periodistas como enemigos de su gobierno porque esto es falso y pone en riesgo la seguridad de cada uno de ellos. Eso tiene un costo y ha comenzado a impactar la credibilidad y confianza ciudadana en esta administración.
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Frase clave: La nueva era de un régimen autoritario
[1] [En línea], https://www.mexicosocial.org/latinobarometro-2021-en-el-despertar-de-macondo/ [consulta: 20 de febrero del 2022]
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