Los 12 Pilares Normativos (Principios) que Ricardo Monreal propone en su libro “Hacia una Ley de Inteligencia Artificial en México: Análisis y Propuestas” tienen sentido y congruencia. Veamos:
Escrito por: Sergio González Muñoz
- Instrumentalidad: La IA es una herramienta al servicio de las personas, nunca un sujeto de derecho.
- Respeto a los derechos humanos: No debe vulnerar la dignidad humana.
- Beneficio nacional compartido: Contribuir al bienestar colectivo y cerrar brechas sociales.
- Equidad algorítmica: Diseñar sistemas para prevenir sesgos y discriminación.
- Responsabilidad humana: Siempre debe existir una persona física o moral responsable de las decisiones asistidas por IA.
- Punibilidad del hecho: La IA no es eximente ni atenuante de responsabilidad legal.
- Legalidad tecnológica: Cumplimiento del marco jurídico existente sin crear vacíos.
- Sostenibilidad ambiental: Minimizar el impacto ecológico y consumo de recursos.
- Alfabetización digital: Garantizar el acceso universal a la educación en competencias digitales.
- Soberanía y seguridad: Preservar la independencia tecnológica del país.
- Innovación estatal: Liderazgo público en investigación y adopción ética.
- Evaluación sociolaboral: Monitorear el impacto en el empleo y asegurar transiciones justas.
La ley define a los sujetos obligados, que incluyen desde desarrolladores y proveedores hasta implementadores y usuarios finales. El zacatecano (y al parecer todavía “cenecista”) propone que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación sea la autoridad rectora encargada de fomentar la investigación, establecer estándares éticos y administrar el Registro Nacional de Sistemas de IA.
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Aunque la ley se centra en principios, adopta un modelo de equivalencias de riesgo (prohibido, alto, limitado y mínimo) compatible con estándares internacionales como los de la Unión Europea, pero adaptado con un “diseño ligero” que incluye el silencio administrativo positivo para no frenar la innovación. Además, se enfoca en la IA estrecha (la actual), pero incluye una “cláusula AGI” que obliga al Congreso a realizar una revisión integral inmediata en caso de que surja una Inteligencia Artificial General con capacidades similares a la humana.
En el Epílogo, Monreal afirma que la inteligencia artificial se identifica no solo como una innovación técnica, sino como un eje central de la transformación socioeconómica actual. El texto destaca la magnitud del mercado global, con proyecciones de inversión que alcanzan los 200 mil millones de dólares para 2025 y podrían superar los 2 billones para 2030, lo que obliga a México a actuar con prontitud para no quedar rezagado.
La propuesta regulatoria se concibe como un proceso dinámico y multidisciplinario. El principio rector es que la tecnología debe ser siempre una herramienta al servicio de la voluntad humana, garantizando que nunca se sustituya el juicio de las personas por procesos automatizados.
Aunque el marco legal actual se enfoca en la IA estrecha (aplicaciones específicas), el epílogo insiste en la necesidad de incluir mecanismos de revisión que permitan al país prepararse para la eventual llegada de la Inteligencia Artificial General (AGI). Esta capacidad de adaptación es esencial para enfrentar riesgos y oportunidades de tecnologías cuyo alcance aún no es plenamente previsible.
El documento subraya que el uso de grandes modelos lingüísticos y sistemas autónomos plantea riesgos críticos para la privacidad, la seguridad de los datos y la propagación de desinformación. Se hace énfasis en la creación de salvaguardas legales que protejan la integridad de los sistemas democráticos y mantengan la confianza de la ciudadanía, basándose en principios internacionales como los de la OCDE y las normativas ISO.
Un punto innovador de este llamado es el compromiso con la sostenibilidad ambiental. Se exige que el diseño, desarrollo y uso de la IA en México minimicen su huella ecológica, integrando la preservación del medio ambiente como un principio jurídico obligatorio dentro del ciclo de vida tecnológico.
El cierre de la obra es una convocatoria abierta a las y los legisladores, académicos, tecnólogos y a la sociedad civil para participar en un diálogo profundo. El objetivo final es que México deje de ser un mero consumidor de tecnología extranjera y pase a ser un generador y regulador de IA, fortaleciendo el capital humano, resguardando los derechos humanos, la investigación y la infraestructura propia para garantizar la soberanía tecnológica nacional.
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