La inteligencia Artificial (IA) permea todos los sistemas sociales, económicos, laborales, comunicacionales, culturales, educativos, periodísticos y claro, los políticos. A veces como catalizador de cambios relevantes para bien, a veces como admonición de peligros estructurales.
Escrito por: Sergio González Muñoz
Para acotar este fenómeno, se requieren Gobiernos con buenos reflejos y reglas dotas de eficacia. En todo el orbe podemos encontrar esfuerzos normativos y regulaciones nacionales o regionales que aspiran a atemperar los efectos perniciosos de esta tecnología y a potenciar sus ventajas y virtudes.
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En México destaca un texto reciente de Ricardo Monreal Ávila, Diputado Federal por Morena y Coordinador Parlamentario de esa fuerza política en San Lázaro.
La obra se llama “Hacia una Ley de Inteligencia Artificial en México: Análisis y Propuestas.” Monreal analiza el impacto profundo de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea y la necesidad de establecer un marco legal en México. Explora la evolución tecnológica, desde sus orígenes teóricos hasta el auge actual de la IA generativa, detallando aplicaciones en sectores como la salud, las finanzas y la seguridad.
Del mismo modo, enfatiza la importancia de la soberanía tecnológica y el desarrollo de infraestructura crítica, como centros de datos y semiconductores. Examina modelos regulatorios internacionales para proponer una ley mexicana que equilibre la innovación económica con la protección de los derechos fundamentales. Finalmente, presenta un llamado a la acción para que el Estado y la sociedad civil colaboren en una normativa ética y adaptable.
Informa que la carrera tecnológica global está marcada por inversiones millonarias, proyectándose que la inversión mundial en IA alcance los 200 mil millones de dólares para 2025. Dice que Estados Unidos, China y el Reino Unido lideran el gasto en investigación y desarrollo, mientras que empresas como OpenAI, Microsoft, Google y Nvidia dominan el mercado de modelos y componentes. La innovación se sustenta en modelos de aprendizaje automático (ML) supervisados y no supervisados, así como en redes neuronales profundas (deep learning).
En el ámbito laboral, nos recuerda que la IA generativa podría automatizar hasta el 70% de las actividades repetitivas, afectando principalmente a los “trabajos del conocimiento” con salarios más altos. Estima que para 2030, el 14% de la fuerza laboral global podría necesitar cambiar de carrera. No obstante, la tecnología también crea demanda de nuevos perfiles, como ingenieros de datos, especialistas en ética de la IA y expertos en ciberseguridad y señala que la formación académica se ha triplicado desde 2017, con Estados Unidos y China como los principales polos de talento e investigación
Afirma que la regulación es urgente para prevenir que la IA profundice la desigualdad o vulnere derechos fundamentales, pues los sesgos algorítmicos pueden provocar discriminación racial o de género si los datos de entrenamiento son incorrectos o prejuiciados.
Denuncia riesgos específicos en múltiples derechos, como los laborales, por el desplazamiento de empleos y la polarización salarial; en los educativos, por la brecha digital y la posibilidad de que detectores de IA acusen erróneamente a estudiantes
En materia de privacidad, por la recopilación masiva de datos biométricos y la vigilancia injustificada; en neuroderechos, por el riesgo de acceso e interferencia en la actividad cerebral individual; y en salud mental, por la creación de dependencia emocional en interacciones con chatbots.
Nos recuerda que diversos organismos han emitido marcos no vinculantes para guiar el desarrollo de una IA confiable. La OCDE estableció cinco principios fundamentales: crecimiento inclusivo, respeto a los derechos humanos, transparencia, robustez y responsabilidad. El G20 adoptó los principios de Osaka, mientras que el G7 impulsó el Proceso de Hiroshima para establecer un código de conducta para desarrolladores. Por su parte, la ONU emitió una resolución histórica en 2024 para cerrar las brechas digitales y asegurar que la IA beneficie el desarrollo sostenible.
Monreal propone un marco institucional y legislativo integral para regular la inteligencia artificial en el país y destaca que, ante una respuesta institucional actualmente fragmentada, es urgente una estrategia jurídica nacional que armonice competencias y fomente la soberanía tecnológica frente a la dependencia de insumos extranjeros.
Su propuesta sostiene que para legitimar una regulación nacional sólida se requieren dos modificaciones clave a la Constitución mexicana.
- Una al artículo 73, para facultar explícitamente al Congreso de la Unión para legislar sobre esta tecnología y, a partir de esa permisión, en su momento expedir una Ley General en materia de Inteligencia Artificial (LGIA). Se trata de otorgar una base legal que evite conflictos de competencia entre los tres órdenes de gobierno.
- Otra, al artículo 28, para reconocer la soberanía tecnológica en IA como una actividad estratégica y área prioritaria para el desarrollo nacional, elevando la política en la materia al rango de sectores como la energía o la seguridad.
Sobre la regulación ordinaria, propone una Ley General para responder a la naturaleza global de la tecnología, permitiendo que la Federación asuma el liderazgo en estándares internacionales mientras distribuye competencias concurrentes con estados y municipios en temas como sostenibilidad y alfabetización digital. La concibe como una “ley marco de principios”, evitando regulaciones rígidas que queden obsoletas rápidamente y permitiendo una adaptación continua mediante criterios interpretativos. Le cuento más en entrega subsecuente.
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