El Segundo Informe de Gobierno presentó la política federal hacia las mujeres bajo la fórmula “Tiempo de Mujeres”. El problema de esa narrativa no es únicamente que confunda actividad administrativa con resultados, sino que una parte importante de la política gubernamental dirigida a las mujeres se ha construido mediante estructuras territoriales, padrones, redes de promotoras, transferencias y dispositivos de movilización que mantienen una frontera demasiado porosa con la lógica político-electoral del movimiento gobernante. La cuestión no consiste sólo en preguntar cuántas acciones realizó el gobierno, sino qué tipo de relación establece con las mujeres a las que afirma beneficiar: una relación de ciudadanía fundada en derechos exigibles o una relación de incorporación política basada en la intermediación, la gratitud, la identificación partidista y, en el peor de los casos, el temor a perder apoyos.
Un articulo de Palmira Arias López
Ésta es una diferencia central. Una política de igualdad debe despersonalizar los derechos: la protección contra la violencia, el acceso a cuidados, la seguridad social o una pensión no deberían depender de la cercanía con un gobierno ni ser presentados como favores de una fuerza política. El clientelismo opera en sentido contrario. Convierte recursos públicos en vínculos de dependencia política, fortalece intermediarios territoriales y produce la percepción de que el beneficio llega gracias a quien gobierna y puede desaparecer si cambia el poder. No siempre requiere una amenaza explícita; puede funcionar mediante incertidumbre, identificación partidista, presencia territorial y una narrativa constante de reciprocidad entre beneficio social y continuidad política.
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En 2021, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral acreditó que Morena había utilizado indebidamente programas sociales mediante personas vinculadas al partido que actuaban como intermediarias para informar, ofrecer o registrar a ciudadanos interesados en recibir apoyos gubernamentales. En julio de 2024, la misma jurisdicción determinó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había vulnerado los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, además de utilizar indebidamente recursos y programas sociales y coaccionar el voto mediante expresiones realizadas desde la Presidencia. Un estudio académico publicado en Foro Internacional en 2025 describió, además, la centralización de redes clientelares durante ese sexenio y analizó el papel de estructuras territoriales asociadas a la política social.
En 2024 al interior del Tribunal Electoral hubo un debate áspero. El magistrado Reyes Rodríguez sostuvo que, dados los indicios, debió existir una investigación amplia para mostrar la magnitud de la coacción a los votantes por parte del oficialismo. Esto, bajo la amenaza de la pérdida de los programas sociales en caso de ganar la oposición. Rodríguez señaló además que las intervenciones del Ejecutivo afectaron las condiciones de neutralidad y equidad de la contienda y calificó la manera en que se gestionaron y comunicaron los programas sociales como “malas prácticas desde la perspectiva de integridad electoral”.
No debe olvidarse el contexto en el que se produjo esa sentencia. La Sala Superior llegó a la elección de 2024 con sólo cinco de las siete magistraturas previstas constitucionalmente, porque el Senado no cubrió dos vacantes. Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE, advirtió antes de los comicios que esa omisión, atribuible a la mayoría senatorial integrada por Morena, PT y PVEM, parecía responder a una intención de debilitar a la autoridad jurisdiccional; también describió a la Sala Superior como una institución que había mostrado criterios erráticos. A ello se sumó la crisis de diciembre de 2023, cuando tres magistrados presionaron a Reyes Rodríguez para dejar anticipadamente la presidencia del Tribunal. Además, hubo intervención y presiones de distintos actores políticos alrededor de aquella disputa.
La Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal ofrece un caso particularmente problemático. La nueva dependencia no se limitó a coordinar políticas de protección, justicia o igualdad. Construyó una extensa infraestructura territorial mediante los Centros LIBRE y articuló dentro de ella la Red Nacional de Tejedoras de la Patria. Los propios documentos oficiales establecen que en los Centros LIBRE pueden registrarse mujeres como Tejedoras, participar en encuentros, capacitaciones y actividades colectivas y formar redes destinadas a incidir en sus comunidades. El Programa Nacional correspondiente incluso incorporó como indicador el porcentaje de mujeres constituidas como Tejedoras respecto de las programadas. Es decir, el gobierno no sólo presta servicios: registra, organiza, capacita y articula territorialmente a mujeres mediante una red promovida desde el Estado. El problema aparece cuando esa estructura se inserta en una narrativa explícitamente vinculada al proyecto político gobernante. En el acto de lanzamiento de Tejedoras de la Patria en Cuautla, Morelos, funcionarias presentaron a las mujeres asistentes como el “rostro y la fuerza” del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, al tiempo que se exaltó la continuidad del proyecto iniciado por López Obrador. En ese mismo ambiente, programas sociales, organización comunitaria y legitimación del movimiento gobernante se superponen.
La trayectoria de Citlalli Hernández vuelve todavía más difícil ignorar esa superposición. Como secretaria de las Mujeres impulsó los Centros LIBRE, las Cartillas de Derechos y la Red de Tejedoras de la Patria. El 16 de abril de 2026 dejó el cargo para presidir la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena con miras a los comicios de 2027. La funcionaria que encabezó la construcción de una red territorial nacional de mujeres financiada y promovida desde el gobierno pasó directamente a una posición partidista cuyo objetivo es organizar elecciones y alianzas. En una democracia que pretende separar Estado y partido, la secuencia merece un escrutinio mucho mayor del que recibió.
A ello se añadió una señal institucional difícil de conciliar con la proclamada centralidad de la agenda de mujeres. Hernández dejó la Secretaría el 16 de abril y Laura Itzel Castillo asumió formalmente hasta el 3 de septiembre. Fueron 140 días —cuatro meses y 18 días— sin titular formal. La secretaria salió con rapidez para asumir una función electoral en Morena, mientras el gobierno tardó más de cuatro meses y medio en restablecer formalmente la conducción de la institución que había presentado como emblema de su política hacia las mujeres. La prioridad quedó clara: urgencia para la organización partidista y demora para la conducción institucional.
Este contexto obliga a releer los “grandes números” del Segundo Informe. El gobierno informó la distribución de decenas de millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres, la expansión de más de mil Centros LIBRE y cientos de miles de atenciones. Hay varios problemas al respecto. Esas cifras miden productos y no resultados. Además, una parte de esa expansión construye presencia territorial, contacto recurrente, registros y redes comunitarias bajo una identidad política que el propio gobierno asocia constantemente con el “Segundo Piso de la Transformación”. Los programas no están enfocados a resolver problemas, sino a consolidar clientelas.
Los Centros LIBRE son el ejemplo más claro. Para 2026, el gobierno informó una inversión de 983.4 millones de pesos y una red de mil un centros, con presencia en 40 por ciento de los municipios. La Secretaría señaló que estos espacios habían atendido a más de medio millón de mujeres y otorgado más de un millón de servicios. Pero la información disponible no permite saber cuántas mujeres en riesgo obtuvieron una orden de protección, cuántas denuncias fueron judicializadas, cuántas víctimas consiguieron salir de una situación de violencia o cuántos agresores recibieron sentencia. El Estado conoce mejor cuántas mujeres reunió, capacitó o registró que cuántas logró proteger de manera efectiva.
Ese desequilibrio es políticamente significativo. Una institución diseñada para garantizar derechos tendría como núcleo la eficacia jurídica y social de sus intervenciones. Una estructura orientada a construir presencia territorial tendería, en cambio, a privilegiar cobertura, contacto, asambleas, registros, talleres y redes. Los Centros LIBRE combinan ambos componentes, pero el gobierno ha sido mucho más capaz de demostrar el segundo que el primero.
La Pensión Mujeres Bienestar plantea una tensión semejante. La constitucionalización de los programas sociales debería significar lo contrario del clientelismo. Sin embargo, la comunicación gubernamental los presenta de manera sistemática como conquistas del proyecto político gobernante y los integra en actos donde se celebra la continuidad de la Cuarta Transformación. Si un derecho constitucional se comunica como un beneficio otorgado por un movimiento, se mantiene abierta la posibilidad de que la beneficiaria lo interprete como algo que depende de la permanencia de ese movimiento en el poder.
El riesgo es mayor dados los antecedentes de las elecciones ganadas por Morena, caracterizadas por la coacción electoral mediante programas sociales. El Estado concentra transferencias, operadores territoriales, padrones y comunicación política, la asimetría de información facilita la inducción.
La amenaza puede ser directa —“si cambia el gobierno se pierde el apoyo”— o indirecta, mediante la producción deliberada de incertidumbre sobre la continuidad de beneficios que en realidad deberían estar garantizados por ley.
En este punto, el Segundo Informe resulta insuficiente porque no ofrece salvaguardas claras contra esa captura. Cuenta beneficiarias, centros, cartillas y servicios, pero no informa cuántas actividades fueron auditadas para verificar neutralidad política, qué mecanismos impiden que los padrones o las redes territoriales se utilicen con fines partidistas, cómo se separa a las Tejedoras de cualquier estructura electoral ni qué controles existen cuando una alta funcionaria pasa directamente de conducir esas redes gubernamentales a organizar elecciones para Morena.
Mientras tanto, los problemas que exigirían una acción estatal concentrada en resultados permanecen. El propio Informe registró 713 feminicidios en 2025 y 300 entre enero y junio de 2026. La organización civil de periodismo feminista, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó que entre enero y octubre de 2025 ocurrieron 5 mil 20 muertes violentas de mujeres, de las cuales sólo 597 fueron clasificadas como feminicidio. La existencia de 24 entidades con Alerta de Violencia de Género, durante varios años, confirma la gravedad de la violencia y la indiferencia gubernamental por modificar la situación. Frente a ese panorama, la expansión de redes, asambleas y cartillas no puede presentarse como sustituto de investigación criminal, protección efectiva, capacidad forense y sanción.
Los refugios muestran con claridad qué ocurre cuando se compara la estructura territorial políticamente visible con los servicios de protección más difíciles de capitalizar electoralmente. La Red Nacional de Refugios reportó un aumento de 24.2 por ciento en mujeres e infancias atendidas y listas de espera en algunos centros. El presupuesto creció apenas alrededor de 2 por ciento en términos reales. Una plaza en un refugio, una representación jurídica eficaz o una medida de protección no producen el mismo rendimiento propagandístico que una asamblea multitudinaria o una transferencia entregada a millones de personas, pero pueden significar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. La asignación de prioridades revela una concepción de política social más interesada en presencia y visibilidad que en capacidades de protección intensiva.
El Anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, permite observar el mismo problema en la arquitectura del gasto. Su monto agregado ha crecido con rapidez, pero una etiqueta presupuestaria no demuestra por sí sola que los recursos reduzcan brechas de género. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha advertido que los indicadores reportados no permiten medir el desempeño del anexo transversal. Más recientemente, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) encontró que, para 2025, sólo 21.1 por ciento de los programas incluidos establecía objetivos explícitos para reducir brechas de género y que apenas 31.5 por ciento desglosaba a su población beneficiaria por sexo. El aumento nominal del Anexo 13 puede, coexiste con una débil orientación a resultados.
La opacidad no consiste únicamente en la falta de datos publicados, sino en la dificultad para seguir el recurso desde la etiqueta hasta el cambio concreto que produjo. El anexo agrupa proporciones de programas muy diversos, incluidas transferencias masivas cuyo objetivo principal no siempre es corregir una desigualdad específica entre mujeres y hombres. Así se infla la cifra presentada como presupuesto para las mujeres, mientras permanecen sin respuesta preguntas básicas: qué brecha atiende cada peso, qué población recibió el apoyo, qué resultado se obtuvo y qué programa debe corregirse cuando no hay avances.
Sin esa trazabilidad, el Anexo 13 funciona más como escaparate contable que como instrumento de rendición de cuentas.
Esa debilidad también abre espacio para un manejo clientelar. Los programas con padrones extensos, transferencias directas y despliegue territorial concentran recursos y ofrecen al gobierno contacto frecuente con millones de beneficiarias, pero no están sujetos a una evaluación igualmente visible de su contribución a la igualdad sustantiva. El problema no es que las mujeres reciban apoyos, sino que el acceso se comunique como dádiva del proyecto gobernante y que el presupuesto premie cobertura y lealtad política potencial antes que resultados verificables.
El Sistema Nacional de Cuidados reproduce otra forma de simulación institucional. El gobierno atribuyó más de 468 mil millones de pesos al nuevo anexo presupuestario, pero México Evalúa advirtió que gran parte de esa cifra correspondía a transferencias universales y programas de salud ya existentes y calculó que sólo 5.1 de cada 100 pesos se relacionaban directamente con guarderías, estancias y servicios de cuidado. El propio Informe reconoció que las unidades infantiles del IMSS disminuyeron de mil 274 a mil 271 entre septiembre de 2025 y junio de 2026 y que la capacidad sólo aumentó en 60 lugares. Si el gobierno denomina “sistema de cuidados” a un agregado contable sin una expansión equivalente de servicios, la institución existe más en el discurso presupuestario que en la vida cotidiana de las mujeres.
Lo mismo ocurre con la supuesta ampliación de derechos de las trabajadoras del hogar. El Informe presentó 587 mil 440 afiliaciones entre septiembre de 2025 y junio de 2026, pero esa cifra resultó de sumar diez cortes mensuales en los que una misma persona podía aparecer repetida. El dato mensual rondaba los 59 mil puestos afiliados frente a más de 2.2 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar. Alrededor de 97 de cada 100 permanecían fuera del IMSS. Es una forma de comunicación política que magnifica la acción gubernamental mientras oculta el tamaño real de la exclusión.
La autonomía económica ofrece un contraste parecido. En 2026, sólo alrededor de 46 de cada 100 mujeres participaban en el mercado laboral; más de la mitad de las ocupadas se encontraba en la informalidad; la brecha salarial seguía siendo significativa y las mujeres realizaban cerca de 73 por ciento del trabajo no remunerado. Las transferencias no sustituyen empleo formal, seguridad social, salario igual, patrimonio propio ni servicios de cuidados. Una política centrada realmente en autonomía tendría que medirse por la capacidad de las mujeres para vivir sin depender económicamente del Estado, de una pareja o de un intermediario político.
La desaparición de niñas y adolescentes vuelve todavía más problemática la distancia entre organización territorial y protección efectiva. Entre octubre de 2024 y julio de 2026 se acumularon 7 mil 948 reportes de desaparición de mujeres de 15 a 19 años. Organismos especializados han señalado que las mujeres representan más de 65 por ciento de las personas desaparecidas menores de 20 años. Frente a una crisis de esa naturaleza, el parámetro de éxito no puede ser cuántas mujeres asistieron a una asamblea, recibieron una cartilla o se incorporaron a una red. Debe ser cuántas fueron localizadas con vida, cuánto tardó el Estado en buscarlas, cuántos responsables fueron procesados y cuántas familias dejaron de realizar por su cuenta tareas que corresponden a las autoridades.
El patrón que emerge es consistente. En los ámbitos donde el gobierno puede producir cifras grandes, contacto territorial y narrativa política —transferencias, cartillas, asambleas, redes y centros— la acción es intensa y visible. En los ámbitos donde el éxito exige capacidades estatales complejas, profesionalización, autonomía institucional y resultados verificables —investigación de feminicidios, refugios suficientes, seguridad social, cuidados, búsqueda de desaparecidas, sentencias— los avances son mucho más difíciles de identificar.
Esta asimetría permite plantear una hipótesis crítica: la política hacia las mujeres está diseñada, en gran medida, para producir incorporación política y legitimidad territorial antes que transformación estructural.
Por eso resulta engañoso afirmar que el gobierno realiza un “volumen considerable de acciones”. El volumen es parte del problema cuando la acción pública se mide por número de contactos, beneficiarias y estructuras territoriales y no por derechos garantizados. Una política clientelar necesita volumen: requiere presencia, repetición, intermediación y una relación frecuente entre gobierno y beneficiario. Una política de derechos necesita otra cosa: reglas impersonales, instituciones autónomas, acceso exigible, evaluación de resultados y la certeza de que ningún apoyo depende de quién gobierne o de cómo vote la ciudadanía.
México no necesita una política para las mujeres que las convierta en beneficiarias agradecidas, promotoras gubernamentales o base territorial de un proyecto político. Necesita instituciones que las reconozcan como ciudadanas titulares de derechos frente a cualquier gobierno. Eso exige separar radicalmente partido y Estado, blindar padrones y redes sociales contra cualquier uso electoral, evaluar los Centros LIBRE por protección y acceso a justicia, fortalecer refugios y fiscalías, construir servicios reales de cuidados, ampliar la seguridad social y publicar indicadores que permitan saber no cuántas mujeres fueron contactadas, sino cuántas viven con mayor seguridad, autonomía y libertad.
Mientras esa transformación no ocurra, el “Tiempo de Mujeres” seguirá siendo una marca política y no una realidad. La existencia de una presidenta, una secretaría, mil centros o millones de transferencias no demuestra que el Estado haya modificado las condiciones que producen violencia, dependencia e impunidad. Y cuando esas mismas estructuras se entrelazan con organización territorial, propaganda de continuidad y trayectorias que pasan sin solución de continuidad del gobierno al partido, la pregunta deja de ser sólo si las políticas funcionan. La pregunta es también para qué —y para quién— fueron diseñadas.
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Fuentes consultadas
- Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno 2025-2026, Ciudad de México, septiembre de 2026.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Especializada, “Morena hizo uso indebido de programas sociales por la realización de padrones de beneficiarias y beneficiarios”, 21/05/2021.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Especializada, boletín 27/2024, 11/07/2024.
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, SUP-JDC-906/2024 y acumulados, calificación de la elección presidencial de 2024.
- Joy K. Langston, “La centralización del clientelismo en México en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, Foro Internacional, vol. 65, núm. 3, 2025, pp. 575-616.
- Instituto Nacional Electoral, materiales y acuerdos sobre prevención de compra, coacción e inducción del voto mediante programas sociales, 2024.
- Secretaría de las Mujeres, “Junto a la Presidenta de México, arrancan las primeras Redes de Tejedoras de la Patria en Cuautla, Morelos”, 14/05/2025.
- Presidencia de la República, “Versión estenográfica. Tejedoras de la Patria”, Cuautla, Morelos, 14/05/2025.
- Diario Oficial de la Federación, Programa institucional de la Secretaría de las Mujeres e indicadores de la Estrategia Nacional Tejedoras de la Patria, 25/11/2025.
- Secretaría de las Mujeres, “Con inversión de 983 mdp, Secretaría de las Mujeres tendrá 1,001 Centros LIBRE en 2026”, 12/03/2026.
- Secretaría de las Mujeres, “Citlalli Hernández Mora concluye su gestión al frente de la Secretaría de las Mujeres”, 16/04/2026.
- Micaela Varela, “Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres para ayudar a Morena rumbo a las elecciones de 2027”, El País, 16/04/2026.
- Carolina Gómez Mena, “Asume Laura Itzel Castillo Secretaría de las Mujeres; organizaciones demandan diálogo”, La Jornada, 03/09/2026.
- Paola Piña, “En 2025, más de 5 mil mujeres asesinadas en México; solo 597 casos tipificados como feminicidio”, CIMAC Noticias, 15/12/2025.
- Red Nacional de Refugios, información sobre demanda, atención y financiamiento de refugios, 2025-2026.
- México Evalúa, “¿Qué pasa con el sistema de cuidados en el Presupuesto 2026?”, 25/09/2025.
- Instituto Mexicano para la Competitividad, Monitor Mujeres en la Economía, 25/02/2026.
- Georgina Monroy Vázquez, “Niñas y adolescentes, entre las principales víctimas de desaparición en México”, CIMAC Noticias, 28/08/2026.
- Reyes Rodríguez Mondragón, intervención en la sesión pública de la Sala Superior sobre la elección presidencial de 2024, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 12/08/2024.
- Zedryk Raziel, “El Tribunal Electoral rechaza los últimos recursos de la oposición para revertir el triunfo de Sheinbaum”, El País, 13/08/2024.
- Edmundo Jacobo Molina, “Integridad Electoral en México 2024”, Wilson Center, Mexico Institute, 15/05/2024.
- Zedryk Raziel, “Crisis en el Tribunal Electoral: la caída en cámara lenta del magistrado Reyes Rodríguez”, El País, 17/01/2024.
- Freedom House, Freedom in the World 2025: Mexico, 2025.
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Anexos Transversales: metodología, indicadores y rendición de cuentas”, Cámara de Diputados, 2019.
- Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México desde el enfoque de una política fiscal feminista, 2025.
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