Este es el tercer capítulo del ensayo que se está publicando en entregas de capítulos, titulado Las paradojas del desarrollo en el Bajío. En los siguientes enlaces se encuentran los capítulos previos:
Introducción: https://www.mexicosocial.org/desarrollo-regional-2/
Capítulo I: https://www.mexicosocial.org/las-paradojas-1/
Capítulo II: https://www.mexicosocial.org/la-riqueza-2/
Capítulo III
Escribe: Saúl Arellano
La transformación productiva descrita en los capítulos anteriores ocurrió sobre un territorio habitado. Las inversiones, los corredores industriales, las carreteras, los mercados laborales y las nuevas articulaciones con la economía internacional modificaron las posibilidades de empleo y generación de riqueza, pero también se encontraron con estructuras demográficas, historias migratorias y formas familiares que poseían temporalidades propias. Observar el desarrollo desde la demografía y el territorio obliga, por ello, a cambiar de escala. La pregunta deja de tener como foco principal cuánto valor produce una economía o qué tan compleja se vuelve su estructura productiva, y se desplaza hacia las condiciones bajo las cuales las personas pueden construir y sostener su vida dentro de un territorio.
En este sentido, la población constituye algo más que el denominador de los indicadores económicos y sociales. Su crecimiento, estancamiento, envejecimiento o desplazamiento sintetizan, tanto efectos de políticas públicas, como lo es la política de población, como decisiones individuales y familiares que se acumulan durante largos periodos: permanecer, emigrar, retornar, tener hijos, formar un hogar, incorporarse al mercado laboral, depender parcialmente de una pensión, una transferencia o una remesa. Ninguna de estas decisiones puede explicarse mediante una sola variable. Sin embargo, consideradas conjuntamente permiten observar la capacidad diferencial de los territorios para sostener procesos de reproducción social.
El análisis realizado para este capítulo amplía la perspectiva utilizada hasta ahora. Los trece municipios que constituyen el objeto sustantivo del estudio se mantienen como unidad regional de referencia, pero sus trayectorias se contrastan con los otros treinta y tres municipios de Guanajuato. La población municipal procede de la reconstrucción demográfica de CONAPO para 1990-2020 y de sus proyecciones a partir de 2021; por ello, los valores de 2025 deben entenderse como población proyectada y no como un conteo censal. Para las relaciones entre condiciones socioeconómicas medidas en 2020 y crecimiento demográfico se privilegia el intervalo 2007-2020, reservando 2007-2025 como prueba de sensibilidad.
Esta ampliación modifica algunas interpretaciones obtenidas inicialmente al analizar solamente los trece municipios. Varias asociaciones se sostienen al pasar de trece a cuarenta y seis casos; otras pierden fuerza, y algunas deben ser reformuladas. Este resultado es metodológicamente relevante: la comparación estatal permite distinguir aquello que parece característico del Bajío de procesos que pertenecen a la estructura general de Guanajuato y, al mismo tiempo, identificar municipios cuya trayectoria se aparta significativamente de ambas.
3.1. Una región que crece mientras envejece
En 1990, los trece municipios reunían poco más de 1.05 millones de habitantes, equivalentes a 25.6 por ciento de la población de Guanajuato. Para 2025 su población proyectada asciende a aproximadamente 1.43 millones, pero representa solamente 21.9 por ciento del total estatal. El dato contiene una primera señal de cambio estructural: la región ha ganado población en términos absolutos y, al mismo tiempo, ha perdido peso relativo dentro del estado. Entre ambos años su población aumenta alrededor de 35.3 por ciento, frente a un crecimiento de 65.8 por ciento en los otros treinta y tres municipios.
La diferencia no puede interpretarse como un simple declive regional. Dentro de los trece municipios existen algunos de los espacios de mayor expansión demográfica de Guanajuato. El problema radica precisamente en que esa expansión se encuentra fuertemente concentrada.
Entre 2007 y 2025, Apaseo el Grande pasa de poco más de 80 mil a 131 mil habitantes, un incremento proyectado de 63.7 por ciento. Villagrán crece aproximadamente 32.5 por ciento, Celaya 24.7 por ciento y Cortazar 16 por ciento. En cambio, Moroleón pierde alrededor de 4 por ciento de su población y Salvatierra aproximadamente 3.2 por ciento; Santiago Maravatío, Apaseo el Alto, Yuriria y Acámbaro presentan variaciones muy pequeñas.
La región contiene, en consecuencia, varios regímenes demográficos simultáneos. En uno de ellos aparecen municipios integrados a la dinámica industrial reciente y capaces de sostener fuertes incrementos poblacionales; en otro se encuentran municipios cuyo tamaño prácticamente se estabiliza durante largos periodos; y en un tercero aparecen procesos de disminución poblacional acompañados por un envejecimiento particularmente acelerado.
La comparación con el resto del estado confirma que esta diferencia no surge sólo de casos extremos. Entre 2007 y 2020, la mediana de crecimiento de los trece municipios fue de 4.5 por ciento, frente a 17.2 por ciento en los otros treinta y tres. La diferencia es estadísticamente detectable mediante la prueba de Mann-Whitney (p=0.043). Al extender el periodo hasta 2025, incorporando ya años proyectados, las medianas son 6.5 y 23.2 por ciento, respectivamente (p=0.034).
Esta pérdida relativa de dinamismo coincide con una transformación profunda de la estructura por edades. En 1990, cerca de 69.7 por ciento de la población de los trece municipios tenía menos de treinta años. Para 2025 la proporción proyectada es de 48.3 por ciento. En el resto de Guanajuato la disminución también es muy importante, aunque menos pronunciada: de 70.9 a 51.7 por ciento. Simultáneamente, la población de sesenta años y más pasa en el Bajío de 6.9 a 13.4 por ciento, mientras en los otros municipios aumenta de 6.3 a 11.1 por ciento.
La magnitud del cambio aparece todavía con mayor claridad al utilizar el índice que relaciona población de sesenta años y más con menores de quince. Para los trece municipios pasa de aproximadamente 16.7 personas mayores por cada cien menores de quince años en 1990 a 56.5 en 2025; en los otros treinta y tres aumenta de 14.8 a 43.3. La diferencia municipal en el índice de envejecimiento ya era estadísticamente apreciable en 2020 (p=0.026). La proporción de población menor de treinta años presenta una separación aún más clara entre ambos grupos en 2025 (p<0.001).
Sin embargo, tampoco el envejecimiento se distribuye uniformemente. Apaseo el Grande conserva en 2025 una estructura relativamente joven: alrededor de 9 por ciento de su población tendría sesenta años o más. En Santiago Maravatío la proporción supera 22 por ciento; en Acámbaro, Salvatierra, Moroleón y Yuriria se sitúa alrededor de 18 por ciento.
Esta diversidad importa para pensar el desarrollo regional. Un territorio joven y expansivo enfrenta demandas crecientes de vivienda, escuelas, movilidad, infraestructura y empleo; uno envejecido requiere sistemas de salud, cuidados, protección social y formas de movilidad diferentes. Cuando ambos tipos de municipio pertenecen a un mismo espacio económico, la planificación regional no puede apoyarse en la ficción de una población homogénea.
Además, la transición demográfica modifica las condiciones bajo las cuales se reproduce la economía. Menores contingentes juveniles, crecimiento de la población adulta mayor y cambios en la relación de dependencia transformarán progresivamente la oferta laboral, las necesidades de cuidado y el gasto de los hogares. La estructura productiva puede ampliarse al mismo tiempo que la estructura poblacional que la sostiene cambia de manera profunda. Por ello, la demografía introduce una dimensión temporal que las cifras de inversión o valor agregado no alcanzan a representar.
3.2. Crecimiento, estancamiento y capacidad territorial de retención
Las diferencias demográficas plantean una cuestión más compleja: ¿por qué algunos municipios conservan o atraen población mientras otros se estancan o pierden habitantes? La primera exploración realizada únicamente con los trece municipios sugiere que el crecimiento se asociaba positivamente con complejidad económica y escolaridad, y negativamente con pobreza, informalidad, retorno migratorio y remesas. Al ampliar el universo a los cuarenta y seis municipios, buena parte del patrón permanece, pero su interpretación cambia.
Para el periodo 2007-2020, la correlación de Spearman entre crecimiento poblacional e informalidad laboral es de aproximadamente −0.64; con pobreza, de −0.58. La relación con complejidad económica es positiva, alrededor de +0.43, y con escolaridad, de +0.40. El retorno reciente desde Estados Unidos y la intensidad migratoria muestran asociaciones negativas más moderadas, de aproximadamente −0.33 y −0.31. La relación con la presencia de ingresos no laborales en los hogares también es negativa, alrededor de −0.44. Los signos de estas asociaciones permanecen al excluir sucesivamente cualquiera de los municipios, lo que reduce la posibilidad de que los resultados dependan exclusivamente de León, Celaya, Irapuato u otro caso de gran tamaño.
En una primera lectura, los datos serían compatibles con una noción de capacidad territorial de retención: los municipios que ofrecen mejores condiciones de inserción económica y social presentan, en promedio, mayor crecimiento demográfico. Pero las regresiones parciales obligan a precisar mucho más el argumento.
Cuando complejidad económica e informalidad laboral se introducen simultáneamente en un modelo estandarizado, la informalidad conserva un coeficiente negativo considerable (β≈−0.57; p<0.001), mientras el coeficiente de complejidad se reduce a +0.08 y deja de ser estadísticamente distinguible de cero. Algo semejante ocurre cuando se introducen escolaridad y pobreza: la pobreza conserva un coeficiente de aproximadamente −0.62, mientras la escolaridad prácticamente desaparece como asociación independiente. Los modelos son descriptivos, utilizan variables medidas en 2020 y no permiten inferir causalidad; su utilidad consiste precisamente en mostrar qué asociaciones bivariadas dejan de ser robustas cuando se consideran simultáneamente condiciones estrechamente relacionadas.
El resultado obliga a abandonar una interpretación simplista según la cual la complejidad productiva genera por sí misma capacidad de retención poblacional. La evidencia disponible sugiere que la relación pasa, al menos parcialmente, por la forma concreta de inserción laboral y social que acompaña esa estructura productiva.
En efecto, un municipio puede participar en cadenas de producción sofisticadas y mantener simultáneamente amplios segmentos laborales informales, desigualdades salariales, pobreza o baja articulación entre grandes empresas y economía local. La presencia de actividades complejas constituye una capacidad económica, pero su conversión en condiciones para sostener proyectos de vida depende de mecanismos adicionales. La cuestión relevante para la economía política regional se encuentra precisamente en ese proceso de conversión.
Esta lectura establece una continuidad directa con el capítulo anterior. Allí se observó que la riqueza y la complejidad productiva se distribuyen de manera desigual y que su expansión no elimina automáticamente las asimetrías territoriales. Ahora se ha encontrado una consecuencia demográfica coherente con aquella estructura: los territorios no retienen población solamente porque produzcan más o porque se encuentren conectados con circuitos económicos avanzados; importa la forma en que esas capacidades se traducen en trabajo, ingreso y condiciones de vida.
Los residuos del modelo ofrecen pistas particularmente valiosas. Apaseo el Grande creció entre 2007 y 2020 alrededor de 51.2 por ciento, cuando un modelo descriptivo basado en informalidad y pobreza habría anticipado aproximadamente 25.4 por ciento: una diferencia positiva de casi 26 puntos. Celaya, por el contrario, creció 18.5 por ciento frente a un valor esperado de 26.8. Salvatierra registró una disminución cercana a 1.9 por ciento frente a un crecimiento esperado de 12.3, y Moroleón perdió alrededor de 2.8 por ciento cuando el modelo habría anticipado un crecimiento cercano a 14.6.
Debe insistirse en que estos residuos estadísticos no constituyen explicaciones, pero sí indican dónde la relación general resulta insuficiente. Apaseo el Grande exige examinar con mayor detalle la transformación del uso del suelo, su proximidad al corredor industrial, los flujos de vivienda y empleo y su articulación con Querétaro y Celaya. Salvatierra y Moroleón obligan a mirar procesos distintos: estructura etaria, migración, mercados laborales, centralidad regional y capacidad de generación de nuevas actividades. Celaya, por su parte, constituye un caso especialmente interesante: posee la mayor complejidad económica de los trece municipios y condiciones laborales relativamente favorables, pero su crecimiento demográfico resulta menor al que esos atributos permitirían anticipar mediante el modelo simple.
La noción de retención debe entenderse, por tanto, como una hipótesis territorial y no como un indicador autosuficiente. Retener población significa generar condiciones bajo las cuales permanecer sea una posibilidad razonable, pero esa posibilidad depende de empleo, vivienda, seguridad, educación, servicios, expectativas familiares y redes sociales. La población expresa el resultado acumulado de esos mecanismos sin permitir atribuir automáticamente a ninguno de ellos una causalidad exclusiva.
3.3. Migración y formación de hogares transnacionales
La historia demográfica del Bajío no puede comprenderse sin la migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, la propia disponibilidad estadística obliga a distinguir fenómenos que con frecuencia se utilizan como si fueran equivalentes. El retorno reciente desde Estados Unidos mide personas que residían en ese país en 2015 y fueron censadas en el municipio en 2020; por su parte, el índice de intensidad migratoria sintetiza distintas manifestaciones de la relación migratoria; asimismo. la presencia de hogares que reciben dinero de una persona residente en otro país constituye una expresión de redes transnacionales; y las remesas registradas por Banco de México son flujos monetarios. Cada indicador ilumina una parte diferente de la relación entre territorio y migración.
Una vez reconocidas esas diferencias, emerge una estructura muy consistente. Entre los cuarenta y seis municipios, el retorno desde Estados Unidos presenta una correlación aproximada de 0.88 con la proporción de hogares que reporta ingresos procedentes de una persona en otro país. La intensidad migratoria presenta con esta última variable una correlación igualmente elevada, cercana a 0.87. El retorno y la intensidad migratoria están también estrechamente relacionados.
Estamos, por tanto, ante una geografía transnacional reconocible. La experiencia migratoria no se reduce al momento en que una persona cruza una frontera; deja instituciones informales, redes familiares, flujos monetarios, expectativas, aprendizajes y vínculos que permanecen inscritos en los hogares y en los municipios. Dentro de los trece municipios, esa presencia es especialmente visible en Santiago Maravatío, Yuriria, Tarimoro, Salvatierra, Acámbaro y Comonfort. Santiago Maravatío presenta un retorno reciente desde Estados Unidos superior a 18 por cada mil habitantes, y más de la mitad de los hogares con ingresos no laborales que reportan alguna fuente procedente de una persona en otro país; Yuriria muestra igualmente una presencia muy elevada de esa fuente. Celaya y Villagrán, en cambio, presentan valores considerablemente menores.
La diferencia coincide parcialmente con la estructura productiva descrita anteriormente. Los municipios con mercados laborales relativamente más diversificados y mayores capacidades industriales tienden a mostrar menor dependencia de redes migratorias internacionales, mientras varios de los municipios más envejecidos o con menor dinamismo productivo conservan vínculos transnacionales más intensos. Sin embargo, la relación dista de ser mecánica.
Esto se vuelve particularmente claro cuando se analiza el envejecimiento. El retorno desde Estados Unidos presenta una asociación relativamente pequeña con el índice de envejecimiento (ρ≈0.25; p≈0.095), y la intensidad migratoria prácticamente ninguna (ρ≈0.08; p≈0.576). En contraste, la asociación entre envejecimiento y bajo crecimiento poblacional es mucho más intensa.
La evidencia impide sostener una secuencia general del tipo emigración-despoblamiento-envejecimiento. Ese mecanismo puede operar en municipios particulares, pero no explica por sí mismo las diferencias observadas entre los cuarenta y seis municipios. El envejecimiento resulta de una combinación de fecundidad, supervivencia, saldos migratorios internos e internacionales y estructuras acumuladas durante décadas.
La misma cautela debe aplicarse a las remesas. Para los trece municipios analizados, las remesas per cápita de 2020 presentan una asociación negativa con el crecimiento poblacional posterior y previo inmediato (ρ≈−0.58 para 2007-2025). El resultado es sugerente, pero los datos del Banco de México no permiten generalizar al conjunto de los 46 municipios de la entidad.
Más importante todavía: un monto de remesas elevadas per cápita, no debe leerse como prueba de dependencia económica en sentido causal. Puede reflejar una larga tradición migratoria, redes familiares consolidadas, población residente relativamente pequeña o combinaciones de esos factores. Constituye un flujo que sostiene consumo, vivienda, educación, salud y ahorro de los hogares, y al mismo tiempo testimonia que una parte de los recursos utilizados para reproducir la vida local se genera fuera del territorio.
Desde esta perspectiva, el hogar transnacional es una institución económica y social de considerable importancia. Distribuye trabajo, ingreso, cuidado y obligaciones a través de una frontera. De esta forma, lo que puede sostenerse es que la economía municipal no termina en los límites administrativos del municipio ni en las unidades productivas instaladas en él. Parte de su reproducción material depende de ingresos producidos en espacios muy alejados y transferidos mediante relaciones familiares.
3.4. Los hogares como unidades de reproducción social
El mercado laboral constituye una institución central para la reproducción material de los hogares, aunque está lejos de ser la única. Pensiones, transferencias públicas, remesas y apoyos provenientes de otras personas complementan, sustituyen o estabilizan los ingresos laborales. La relevancia territorial de estas fuentes resulta especialmente significativa en Guanajuato.
En 2020, aproximadamente 38.2 por ciento de los hogares de los trece municipios reportaba alguna percepción monetaria diferente del trabajo, frente a 36.4 por ciento en el resto del estado. Entre los primeros, cerca de 28.9 por ciento de quienes recibían ese tipo de ingresos declaraban como una de sus fuentes a una persona residente en otro país; en el resto de Guanajuato la proporción era aproximadamente 22.1 por ciento.
La comparación municipal revela que la importancia de los ingresos no laborales aumenta de manera sistemática en territorios con determinadas características económicas. Entre los cuarenta y seis municipios, su presencia tiene una correlación de aproximadamente +0.71 con la informalidad laboral y +0.54 con la pobreza; también se relaciona negativamente con escolaridad y complejidad económica. A su vez, presenta asociaciones positivas muy elevadas con retorno desde Estados Unidos e intensidad migratoria.
Estas relaciones permiten comprender al hogar como una institución de absorción y distribución de riesgos. Esto significa, en una afirmación casi de sentido común que, cuando el mercado laboral genera menor protección o menor capacidad de ingreso, otras fuentes adquieren un peso mayor. Esto no significa que las transferencias causen informalidad o pobreza. La dirección causal podría ser parcialmente inversa, compartida o responder a factores previos. El resultado empírico más prudente, con la información disponible, es que ambos fenómenos se concentran territorialmente.
La idea de reproducción social resulta útil precisamente porque permite observar aquello que las estadísticas estrictamente laborales dejan fuera. Una persona puede perder un empleo y continuar sosteniendo su consumo mediante el ingreso de otro integrante del hogar; una persona mayor puede disponer de una pensión que beneficia indirectamente a generaciones más jóvenes; una remesa puede financiar educación, atención médica o vivienda; un programa público puede reducir la vulnerabilidad frente a una caída temporal del ingreso.
Estas transferencias configuran una economía doméstica que no aparece completamente en la remuneración laboral individual. También distribuyen obligaciones y poder dentro del hogar. Por ello, su estudio exige resistirse tanto a una lectura puramente económica como a una interpretación moralizante.
Esta precaución es particularmente necesaria frente a los cambios en las estructuras familiares. En los trece municipios, los hogares unipersonales representan alrededor de 11.3 por ciento, frente a 9.5 por ciento en el resto de Guanajuato; los hogares nucleares, aproximadamente 62.0 frente a 63.8 por ciento. La proporción de hogares cuya persona de referencia es mujer alcanza alrededor de 34.3 por ciento en la región y 32.5 por ciento en los demás municipios.
Sería metodológicamente improcedente convertir estas diferencias en indicadores de “desintegración familiar”. Las correlaciones no muestran relaciones fuertes entre migración y jefatura femenina, hogares nucleares o ampliados. El retorno migratorio presenta una relación moderada con hogares unipersonales, alrededor de 0.32, que pierde significación después de corregir por comparaciones múltiples; la intensidad migratoria tiene con esa variable una asociación prácticamente nula.
La transformación de los hogares debe comprenderse dentro de cambios de mayor alcance: envejecimiento, mayor longevidad, reducción de la fecundidad, separación conyugal, migración, autonomía residencial, participación laboral femenina y modificaciones culturales. Una jefatura femenina puede reflejar vulnerabilidad económica en determinados casos, pero también autonomía y transformación de relaciones de género. Un hogar unipersonal puede pertenecer a una persona joven con capacidad económica propia o a una persona mayor que enfrenta aislamiento. La categoría estadística describe una forma de convivencia; su significado social requiere información adicional.
Esta distinción resulta especialmente importante para una perspectiva crítica. La familia no puede aparecer como una institución natural situada fuera de la economía y del Estado. Organiza cuidados, distribuye recursos, absorbe choques laborales y cumple funciones que las instituciones públicas o el mercado no siempre garantizan. Cuando una economía genera alta informalidad o protección social fragmentada, parte de los costos de esa estructura se traslada hacia los hogares. El cuidado de niñas y niños, personas enfermas o adultos mayores, la protección frente al desempleo y una parte del financiamiento cotidiano recaen sobre redes familiares cuya capacidad para asumirlos es profundamente desigual.
De esta manera, la expansión de los ingresos no laborales puede leerse también como un indicador indirecto de esa arquitectura de reproducción. Pensiones y programas sociales expresan intervención pública; las remesas, redes transnacionales; otras transferencias, solidaridad familiar. Su coexistencia revela que la reproducción cotidiana de la población depende de una combinación de mercado, Estado y familia cuya composición varía territorialmente.
3.5. La geografía desigual de la reproducción social
Los resultados de este capítulo permiten observar al Bajío desde una perspectiva diferente a la utilizada para analizar la industrialización y la estructura productiva. La región aparece ahora como un espacio en el que se superponen varias temporalidades.
Una parte del territorio se encuentra vinculada a la expansión industrial reciente, crece con rapidez y conserva estructuras demográficas relativamente jóvenes. Apaseo el Grande representa con claridad ese proceso. Villagrán y, en menor medida, Celaya y Cortazar comparten algunos de sus rasgos. Otra parte de la región presenta poblaciones estancadas o decrecientes, proporciones crecientes de adultos mayores y redes migratorias históricamente más intensas. Salvatierra, Acámbaro, Yuriria, Moroleón, Tarimoro y Santiago Maravatío muestran, con intensidades distintas, componentes de esta segunda configuración.
Entre ambos extremos aparecen municipios cuya trayectoria no encaja limpiamente en ninguna categoría. Comonfort conserva una estructura relativamente joven y una fuerte movilidad territorial, pero presenta alta informalidad. Uriangato combina una estructura productiva comercial e industrial específica con envejecimiento creciente y una trayectoria demográfica distinta de la de Moroleón, a pesar de su proximidad territorial. Apaseo el Alto no replica el dinamismo de Apaseo el Grande, aunque ambos se encuentran dentro de una misma zona de articulación económica.
Estas diferencias dificultan hablar del Bajío como una unidad social homogénea. La región existe como espacio histórico, económico y funcional, pero su integración productiva no ha eliminado las diferencias en la manera en que las poblaciones se reproducen.
Este punto es central para la hipótesis general del ensayo. Si la expansión de la complejidad y la inversión bastara para producir desarrollo territorial, esperaríamos encontrar una correspondencia mucho más estrecha entre dinamismo económico, crecimiento demográfico y condiciones sociales. Los datos muestran una relación más contingente.
La complejidad económica se asocia con crecimiento cuando se observa aisladamente, pero pierde fuerza cuando se considera la informalidad. La escolaridad se relaciona también con crecimiento, aunque la pobreza presenta una asociación independiente mucho más consistente en los modelos parciales. La migración caracteriza territorios de menor crecimiento, pero no explica mecánicamente su envejecimiento. Los hogares recurren en mayor medida a ingresos distintos del trabajo allí donde la informalidad y la pobreza son mayores, aunque esos mecanismos de compensación poseen orígenes diversos. Lo que aparece, en consecuencia, es una geografía desigual de la reproducción social.
El concepto permite reunir procesos que de otra manera quedarían separados. Un territorio posee capacidades de reproducción cuando ofrece condiciones suficientes para que las personas puedan permanecer, trabajar, formar hogares, criar a nuevas generaciones, cuidar a quienes envejecen y desarrollar proyectos de vida sin depender sistemáticamente de la emigración o de mecanismos compensatorios derivados de mercados laborales débiles. Ningún indicador individual puede medir por completo esa capacidad.
La población constituye aquí una señal especialmente reveladora. El crecimiento no equivale por sí mismo a desarrollo: una ciudad puede crecer bajo condiciones de precariedad urbana. Tampoco la pérdida de población implica automáticamente fracaso: puede responder a la transición demográfica o a nuevas formas de movilidad. Sin embargo, cuando estancamiento, envejecimiento acelerado, pobreza, informalidad y fuerte dependencia de redes migratorias aparecen juntos, tenemos razones para interrogar la capacidad del territorio para sostener su reproducción.
La evidencia obtenida no permite convertir esa coexistencia en una causalidad lineal. Sí permite formular una pregunta política más exigente. Una región integrada a las cadenas productivas nacionales e internacionales debería ser evaluada también por su capacidad para transformar esa integración en condiciones sociales que hagan razonable permanecer en ella.
Esta cuestión alcanza al propio sentido del desarrollo. La movilidad territorial es una libertad y la emigración puede ampliar capacidades individuales y familiares. El problema surge cuando la salida deja de ser una opción y se convierte en una estrategia recurrente para compensar la insuficiencia de oportunidades locales. Del mismo modo, las remesas constituyen recursos legítimos de los hogares y pueden ampliar bienestar; su importancia histórica adquiere otra significación cuando se observa junto a la incapacidad de determinados territorios para generar suficientes fuentes locales de ingreso.
Los municipios del Bajío muestran precisamente esa diversidad. En algunos, la industrialización reciente ha incrementado empleo, población y articulación territorial. En otros, las redes migratorias siguen desempeñando una función central para sostener a los hogares. En varios coexisten ambos mecanismos. El resultado es una economía regional cuya integración productiva es mayor que su integración social.
Esta conclusión permite recuperar una cuestión formulada desde el inicio del ensayo. El desarrollo regional no consiste únicamente en incorporar territorios a mercados cada vez más amplios. Implica construir capacidades mediante las cuales los beneficios de esa incorporación puedan arraigarse en la vida social. La fábrica, el corredor logístico y la inversión constituyen parte de esas capacidades; la escuela, el sistema de salud, la protección social, el cuidado, el ingreso suficiente y la seguridad pertenecen igualmente a ellas.
La demografía permite ver las consecuencias acumuladas de esa arquitectura, pues donde las nuevas oportunidades consiguen articularse con condiciones laborales y sociales más favorables, el territorio puede atraer y sostener población. Donde esa articulación es débil, los hogares desarrollan otras estrategias: diversifican fuentes de ingreso, recurren a transferencias, mantienen redes transnacionales o reorganizan sus formas de convivencia. Ninguna de esas estrategias es en sí misma una anomalía; forman parte de la capacidad adaptativa de las familias. Su distribución desigual revela, sin embargo, que los costos de la transformación económica tampoco se distribuyen homogéneamente.
El capítulo anterior mostró las fronteras territoriales de la riqueza. Éste permite reconocer una frontera adicional: la existente entre producir capacidades económicas y producir condiciones sociales capaces de sostener la vida. Esa frontera conduce directamente al problema que debe abordarse a continuación. Si los territorios disponen de capacidades productivas diferentes y los hogares enfrentan condiciones igualmente desiguales para reproducirse, resulta necesario preguntar hasta qué punto la expansión económica se ha convertido efectivamente en educación, salud, vivienda, seguridad social y otras dimensiones reconocidas jurídicamente como derechos.
Corolario. La transformación del vínculo: matrimonio, divorcio y pluralización de la vida en pareja
Las transformaciones demográficas de una sociedad no ocurren solamente en el volumen y la estructura por edades de su población. Alcanzan también a las instituciones mediante las cuales las personas organizan la intimidad, la convivencia, los cuidados, la filiación y la transmisión patrimonial. Entre ellas, el matrimonio ha ocupado históricamente un lugar singular porque articula una relación afectiva con un estatuto jurídico y una expectativa social de duración. Examinar sus cambios permite observar una dimensión de la reproducción social que permanece parcialmente oculta cuando el análisis se limita a hogares, población o mercados laborales.
En los trece municipios estudiados existe una transformación secular muy clara. En 1993 se registraban 9.42 matrimonios por cada mil habitantes; en 2024 la tasa se sitúa en 4.69. La reducción es cercana a 50%. El fenómeno no distingue radicalmente al Bajío del resto de Guanajuato: en los otros 33 municipios la tasa pasa de 8.88 a 4.45, mientras el conjunto estatal desciende de 9.01 a 4.50. Estamos, por tanto, ante una transformación de escala estatal que atraviesa a la región y no ante una singularidad local.
La regularidad municipal refuerza esta interpretación. Doce de los trece municipios presentan en 2024 una tasa bruta de matrimonios inferior a la de 1993. Santiago Maravatío constituye la excepción, aunque su reducido tamaño poblacional y el pequeño número de acontecimientos producen una volatilidad que impide conferir al caso el mismo peso interpretativo que a Celaya, Salvatierra o Acámbaro.
El descenso tampoco ha sido lineal. Una exploración segmentada de la serie anterior a la pandemia identifica alrededor de 2011 un cambio en su pendiente. Hasta entonces la reducción regional era del orden de 0.22 matrimonios por mil habitantes cada año; posteriormente continúa descendiendo, pero a un ritmo considerablemente menor. El ejercicio identifica una inflexión estadística, no una causa histórica: cambios jurídicos, demográficos, culturales y económicos pueden confluir en ella y requerirían análisis independientes para establecer mecanismos.
El año 2020 debe separarse de esta tendencia. La tasa regional cayó desde 4.99 en 2019 hasta 2.89, una disminución superior a 40%, consistente con las restricciones extraordinarias que afectaron la celebración y registro de matrimonios. La recuperación posterior confirma su carácter excepcional: en 2022 la tasa había vuelto a 5.04. Sin embargo, para 2024 se encontraba nuevamente en 4.69. La pandemia alteró el calendario de formalización de muchas uniones.
La trayectoria del divorcio recorre una dirección muy distinta. En el Bajío, la tasa territorial pasa de apenas 0.13 divorcios registrados por cada mil habitantes en 1993 a 1.47 en 2024. En términos de magnitud es más de once veces el valor inicial. En los restantes municipios aumenta de 0.20 a 1.10 y para Guanajuato en su conjunto de 0.18 a 1.18.
También aquí la trayectoria contiene rupturas. Antes de la pandemia, un procedimiento exploratorio identifica alrededor de 2012-2013 una aceleración considerable de la pendiente de crecimiento de los divorcios registrados. Para el Bajío, la tasa aumentaba aproximadamente 0.045 unidades por mil anuales antes de ese punto y alrededor de 0.16 después. No debe confundirse este resultado con una demostración de cambio cultural ocurrido exactamente en 2012: las modificaciones del derecho familiar, de los procedimientos administrativos y judiciales, de la accesibilidad al divorcio y de los patrones sociales de separación forman parte del universo explicativo.
Más importante aún, la tendencia reciente desaconseja describir el divorcio como un fenómeno simplemente ascendente. En el Bajío alcanza 1.99 registros por mil habitantes en 2019, cae a 1.34 durante 2020, retorna a 2.03 en 2022 y disminuye posteriormente hasta 1.47 en 2024. Continúa muy por encima de los niveles de los años noventa, pero los últimos años no muestran una expansión lineal e indefinida.
La relación entre ambos flujos ayuda a observar la magnitud de la transformación, siempre que se interprete correctamente. En 1993 se registraban en los trece municipios aproximadamente 1.4 divorcios por cada cien matrimonios celebrados durante ese mismo año; en 2010 eran 15; en 2019, 39.9; en 2020, 46.3; en 2022, 40.3, y en 2024, 31.4. La elevada cifra de 2020 muestra precisamente por qué este cociente no puede convertirse en “probabilidad de divorcio”: aquel año se desplomó el denominador -los matrimonios- por una perturbación administrativa y sanitaria extraordinaria. Ninguna de estas cifras significa que 31 o 46 por ciento de quienes contrajeron matrimonio ese año se divorciaran.
Lo que sí puede sostenerse es que la relación entre los flujos institucionales de entrada y salida del matrimonio ha cambiado radicalmente. Este cambio conduce al problema filosófico. El matrimonio no es únicamente un contrato entre dos voluntades privadas: establece un vínculo reconocido mediante el cual la vida de los individuos se incorpora a una institución de reciprocidad, cuidado y pertenencia. Precisamente por ello, la transformación de sus condiciones de entrada y salida no constituye un asunto meramente privado. Habla de las formas históricas mediante las cuales una sociedad organiza y legitima la intimidad.
La modernidad ha modificado esas condiciones de legitimidad. La permanencia del vínculo posee hoy menos posibilidades de justificarse exclusivamente por la presión familiar, el estigma, la dependencia económica o la dificultad jurídica de terminarlo. Este desplazamiento puede interpretarse desde la teoría del reconocimiento de Axel Honneth: las relaciones afectivas constituyen una esfera decisiva para la formación de la autoconfianza individual porque en ellas una persona espera ser reconocida en su singularidad. La duración adquiere entonces un fundamento distinto. Una relación permanece legítima mientras conserva, en alguna medida, las condiciones de reciprocidad y reconocimiento que hicieron posible el vínculo.
Esto no convierte al divorcio en un indicador de emancipación. Una separación puede expresar violencia, deterioro del reconocimiento, pérdida, desigualdad, precariedad o ruptura de responsabilidades compartidas. Pero tampoco puede considerarse automáticamente evidencia de decadencia institucional. La posibilidad real de salir de una relación constituye asimismo una condición de libertad, particularmente cuando la permanencia depende de asimetrías económicas, coerción o violencia.
La ambivalencia es fundamental. Una institución puede perder estabilidad coercitiva y, al mismo tiempo, ganar legitimidad democrática. La sociología de la intimidad permite situar esa ambivalencia en un proceso más amplio. Anthony Giddens describió el desplazamiento hacia relaciones cada vez más reflexivas, cuya continuidad depende en mayor medida de la satisfacción que ofrecen a las personas participantes. Beck y Beck-Gernsheim identificaron una paradoja semejante: mientras las biografías se individualizan y las normas heredadas pierden fuerza, la búsqueda de amor, intimidad y pertenencia no desaparece; adquiere incluso una centralidad mayor. Cherlin ha conceptualizado este proceso como una progresiva “desinstitucionalización” del matrimonio: no necesariamente su desaparición, sino la reducción del monopolio normativo que durante largos periodos tuvo para ordenar la vida adulta, la sexualidad, la convivencia y la filiación.
Los datos del Bajío permiten observar una expresión concreta de este proceso, pero también establecer sus límites. El Censo de 2020 muestra que entre la población regional de 12 años y más aproximadamente 43.3 por ciento estaba casada y 12.6 por ciento vivía en unión libre. Sumadas, ambas condiciones alcanzan cerca de 55.9 por ciento. En los otros 33 municipios la proporción conjunta es prácticamente la misma: 55.2 por ciento. Cerca de una tercera parte de la población regional permanecía soltera, 5.9 por ciento estaba separada o divorciada y 5 por ciento era viuda.
La caída de los matrimonios registrados, por tanto, no puede equipararse a una desaparición de las relaciones de pareja. Lo que parece estar debilitándose es el monopolio de una forma jurídica particular sobre la organización de la convivencia. El componente generacional resulta todavía más revelador. Entre las personas de 20 a 24 años que en 2020 estaban casadas o vivían en pareja en los trece municipios, 61.2 por ciento se encontraba en unión libre y 38.8 por ciento casada. Entre los 25 y 29 años la participación de la unión libre desciende a 42.4%; entre los 30 y 34, a 30%; y entre los 35 y 39, a 22.7%.
Parte de ese patrón puede corresponder al ciclo de vida: convivencia primero, matrimonio después. Pero incluso bajo esa interpretación el dato tiene importancia sociológica, porque muestra que para una parte mayoritaria de las parejas jóvenes la constitución de una vida común ya no requiere como condición previa la formalización matrimonial.
Además, la semejanza con los otros 33 municipios es notable. Entre quienes viven en pareja de 20 a 24 años, la unión libre representa 61.2 por ciento en el Bajío y 60.2 por ciento fuera de él. El fenómeno vuelve a aparecer como transformación guanajuatense -y probablemente más amplia- antes que como peculiaridad regional.
Desde la perspectiva de la reproducción social, esto modifica la manera en que debemos comprender a las familias. La institución familiar no se está reduciendo a una única forma ni desapareciendo con la disminución de matrimonios. Se pluralizan los itinerarios mediante los cuales las personas constituyen relaciones de pareja, las mantienen, las terminan y eventualmente forman otras. Matrimonio, unión libre, separación, divorcio, viudez, hogares unipersonales y nuevas uniones forman parte de trayectorias vitales que no pueden ordenarse ya mediante una secuencia institucional única.
La dimensión de género impide, sin embargo, celebrar esa individualización sin reservas. En el Bajío, las mujeres de 12 años y más aparecían en 2020 con mayor frecuencia como separadas o divorciadas -alrededor de 7.3 por ciento conjuntamente- que los hombres, para quienes la proporción era cercana a 4.3 por ciento. La viudez presentaba una distancia aún mayor. Parte de esas diferencias responde a estructura etaria, longevidad, patrones de nueva unión y otros mecanismos que estos datos no permiten separar. Pero recuerdan que la libertad para terminar un vínculo y los costos de hacerlo no se distribuyen necesariamente del mismo modo.
Las relaciones de pareja continúan inscritas en estructuras económicas. La autonomía depende de ingresos; el cuidado requiere tiempo; la separación implica vivienda, patrimonio y reorganización doméstica; la presencia de hijos convierte una ruptura conyugal en una relación parental que debe continuar bajo nuevas reglas. Por eso, en los espacios en que la informalidad, la pobreza y la ausencia de sistemas públicos de cuidado son mayores, las decisiones íntimas están condicionadas por restricciones materiales que la retórica de la elección individual puede ocultar.
Por ello, la individualización descrita por la sociología contemporánea no debe entenderse como liberación de toda estructura. Las personas adquieren mayores posibilidades para definir su biografía, pero deben hacerlo dentro de mercados laborales, instituciones jurídicas, estructuras de género y sistemas de protección social desiguales. La pareja se vuelve más negociada en el momento mismo en que las condiciones materiales para negociar siguen siendo profundamente asimétricas.
Lo que los datos muestran pues, es una transformación de la arquitectura institucional de la intimidad, donde si bien la figura el matrimonio conserva un peso central, ésta ha dejado de monopolizar la lógica de formación de las parejas; la disolución legal se volvió mucho más frecuente que tres décadas atrás; las uniones consensuales ocupan un lugar especialmente importante en las edades jóvenes; y los itinerarios conyugales son más reversibles y diversos. La institución no desaparece, pero sí se modifica radicalmente el fundamento de su permanencia.
Este hallazgo completa el argumento del capítulo. La reproducción social del Bajío no ocurre únicamente mediante empleo, migración, remesas, transferencias y hogares. Ocurre también a través de vínculos afectivos que distribuyen cuidados, recursos, obligaciones y posibilidades de autonomía. Su transformación forma parte de la misma modernización desigual que se ha identificado en la estructura productiva y demográfica.
Una región puede integrarse aceleradamente a circuitos económicos globales mientras sus instituciones íntimas cambian con temporalidades diferentes. El matrimonio puede perder centralidad normativa sin que desaparezca la necesidad de cuidado y pertenencia; el divorcio puede hacerse más accesible sin que desaparezcan las desigualdades que condicionan la salida; la unión libre puede ampliar las formas de convivencia y, al mismo tiempo, plantear nuevas preguntas sobre seguridad económica, derechos y protección social.
Por eso la nupcialidad pertenece plenamente al problema del desarrollo. Nos recuerda que reproducir una sociedad significa también construir las condiciones bajo las cuales las personas pueden establecer vínculos, permanecer en ellos libremente, terminarlos cuando dejan de ser habitables y reorganizar la vida sin que esa decisión las condene a una vulnerabilidad desproporcionada.
Ese es, quizá, el punto donde la sociología de las familias vuelve a encontrarse con la filosofía social: en la pregunta por las instituciones capaces de articular intimidad, reconocimiento, libertad y cuidado en condiciones de igualdad.
Investigador del PUED-UNAM
