Escrito por 12:00 am Agendas locales, Especial

Agenda para un México RESILIENTE

por María Zorrilla

Cintillo-junio

Existe un profundo vínculo entre el desarrollo social, la biodiversidad y los servicios que provee con la adaptación al cambio climático. El principal reto es hacerlo visible y que en México, en todos los niveles, se generen acciones concretas para fortalecer de manera conjunta la capacidad de los ecosistemas y de la población para enfrentar los impactos climáticos


Lo primero que hay que señalar es que el cambio climático, la variabilidad del clima y los eventos extremos no afectan a todos por igual. Esto ha sido ampliamente señalado tanto por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros.

Los efectos y consecuencias diferenciales de los fenómenos climáticos dependen de tres cosas al menos: a) la exposición, que tiene que ver con dónde se están ubicado las comunidades, los ecosistemas o los sistemas productivos; b) la sensibilidad, que tiene que ver con el grado en el que un sistema puede ser afectado por impactos climáticos; y c) las capacidades adaptativas, que tienen que ver con las propiedades de los sistemas humanos y naturales para ajustar sus características o su comportamiento para poder expandir su rango de tolerancia.

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Los tres elementos mencionados son componentes de la vulnerabilidad: una comunidad con alta exposición, alta sensibilidad (determinada, por ejemplo, por la pobreza) y bajas capacidades adaptativas (como falta de información y organización) es una comunidad mucho más vulnerable ante los impactos climáticos que otras.

En este sentido, hay tres aspectos que recalcar:

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• A diferencia de las amenazas climáticas (lluvias extremas, olas de calor, heladas) la vulnerabilidad y sus componentes están determinados por decisiones que están en el ámbito de lo social. Si se puede hacer algo para reducirla es necesario, y sobre todo posible, identificar quiénes son los más vulnerables ante qué tipo de impactos. Estos impactos dependen de las condiciones en las que se encuentra la población y los ecosistemas, es decir, tienen que ver con procesos ya existentes.

• Mejorar las condiciones de las comunidades en términos de acceso a salud y servicios básicos, seguridad alimentaria y a una dieta sana y nutritiva, así como mejorar las capacidades de adaptación en términos de diversificación productiva, educación, esquemas de aseguramiento, conocimiento de los impactos potenciales y de organización, lo cual debe ser una de la prioridades de la política frente al cambio climático. En otras palabras, la reducción de la vulnerabilidad social es la medida de adaptación más básica frente al cambio climático, y es algo que como país tenemos que tener muy claro.

• Sin la biodiversidad y los servicios que esta provee, la vulnerabilidad se vuelve exponencial, y aún no sabemos en qué medida (no sólo para los más pobres, sino para todos). Los servicios ecosistémicos se definen como aquellos beneficios que las personas obtienen de la naturaleza y van desde ser el soporte para toda la producción de alimentos, hasta la provisión del servicio hídrico (que tiene que ver con la cantidad de agua y la calidad de la misma), la regulación del clima, o bien, la mitigación del riesgo de desastres. Esto es cada vez más evidente, estudiado y defendido. De hecho, el término de adaptación basada en ecosistemas se define como la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático (UICN 2012). En otras palabras, con la disminución en la disponibilidad de agua, suelo, alimentos (cultivos, frutos, alimentos de origen animal incluyendo la pesca y la acuicultura) no sólo no es posible la adaptación, sino que toda la sociedad se vuelve más vulnerable haciendo exponenciales también las condiciones de desigualdad, así como los conflictos entre comunidades.

La Ley General de Cambio Climático define la resiliencia como la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático. En este escenario la agenda para México no es sencilla pero sí clara. México comprometió frente a la comunidad internacional en 2015, en el marco de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, acciones concretas para el sector social con la adaptación basada en ecosistemas y de la infraestructura estratégica y de los sistemas productivos.

Cabe decir que hay avances muy relevantes en el campo del conocimiento para la toma de decisiones: el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), así como la comunidad científica han generado, sobre todo en la última década, información importante para una mejor toma de decisiones.

En este aspecto, el reto actual está en un siguiente nivel: instrumentar acciones de manera coordinada, sensibilizando a todos los sectores con información contundente sobre su necesidad de tomar medidas, y no de cualquier tipo, sino principalmente aquellas que sean benéficas bajo cualquier escenario climático (conocidas como medidas no regret).

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Algunas de las medidas que se deben fortalecer de manera prioritaria como parte de la agenda para la resiliencia en México son las siguientes:

Restauración y conservación de los ecosistemas, con énfasis en su funcionalidad y conectividad

Esto es la base tanto de la política de las áreas protegidas como de los corredores biológicos, sin embargo, la fragmentación y el deterioro del hábitat continúan en México, ahora con especial gravedad en el sureste. La razón es simple: sin ecosistemas no hay servicios ecosistémicos. En lo referente a la restauración, no existe aún una política nacional y los pocos espacios que antes había, por ejemplo, para la recuperación de suelos, se han cerrado. Es central una política mucho más agresiva en el corto plazo para detener el deterioro.

Una política nacional explícita para la conservación y restauración de ríos y cuerpos de agua, así como de recuperación de mantos acuíferos

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Si bien está totalmente relacionado con el tema anterior, hay que hacer visible que no tenemos una política integral y con presupuesto definido al respecto. La salud de los cuerpos y corrientes de agua es fundamental para la provisión del recurso hídrico, pero también para mantener la funcionalidad de los ecosistemas en su conjunto. Este punto es central, y no hay nada claro desde el ámbito de las políticas públicas; los ríos y cuerpos de agua se siguen usando como depósitos de aguas residuales tanto de asentamientos urbanos como de actividades industriales, para construir presas o, lo que puede ser aún mucho más grave, para el uso del recurso en los procesos de extracción de recursos energéticos.

Sistemas productivos más sustentables

Hay sistemas que tienen mucha mayor resiliencia frente a impactos climáticos, sobre todo aquellos que son diversificados, como la milpa tradicional, los sistemas agrosilvopastoriles o tecnologías que conservan agua y suelo en la agricultura. El problema que estas actividades son las menos apoyadas por las políticas agropecuarias vigentes, que siguen privilegiando presupuestalmente un tipo de producción con impactos negativos en agua, suelo y agrobiodiversidad. Las políticas de adaptación en el sector agropecuario están únicamente centradas en esquemas de aseguramiento (lo cual es también relevante), pero no están garantizando ni un uso más sustentable de los recursos ni del territorio, ni la posibilidad de contar con una base para garantizar la seguridad alimentaria de país. En este aspecto otro tema central es el de los polinizadores, los cuales pueden ser gravemente afectados por los impactos climáticos.

Acciones enfáticas para la protección de los ambientes costeros y marinos frente al cambio climático

Está ampliamente reseñado el papel que juegan los ecosistemas costeros para la protección de impactos climáticos, sin embargo, estos siguen en constante amenaza por actividades de turismo, desarrollo urbano, industria y construcción de infraestructura. El deterioro de estos genera mayores condiciones de vulnerabilidad, por lo tanto, debe haber acciones vinculantes en todos los órdenes de gobierno y sectores que no sólo impidan su deterioro sino que fomenten con presupuesto concretos la restauración.

Hay que recalcar que la adaptación requiere coordinación y acciones específicas a nivel local y presupuesto explícito. Los grandes retos de la agenda de adaptación basada en ecosistemas y con énfasis en el desarrollo social necesitan una agenda política para avanzar en el corto plazo.

Para concluir, hay que recordar que el artículo 4º constitucional establece derechos fundamentales entre los cuales destacan la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, la protección de la salud, un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, y el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin la garantía de la conservación de la biodiversidad y los servicios que provee vinculada de manera directa a la política de adaptación al cambio climático, el Estado mexicano no podrá garantizar el acceso a estos derechos.

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REFERENCIAS:

I. Diario Oficial de la Federación (DOF), (2012) Ley General de Cambio Climático. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.

II. IPCC, (2014): Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables de políticas. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea y L.L. White (eds.)]. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza, 34 pp.

III. PNUD (2014). Indicadores de desarrollo humano y género en México: nueva Metodología. Publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/indicadores-de-desarrollo- humano-y-genero-en-mexico–nuevametod. html Última fecha de consulta 10 de octubre de 2015.

IV. UICN (2012): Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. Elaborado por Lhumeau, A. y D. Cordero. UICN, Quito, Ecuador. 17 pp.

María Zorrilla
Investigadora del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, AC
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