En comunidades plurales, complejas y contradictorias, como las sociedades de masas modernas, la tensión entre múltiples necesidades, intereses y demandas es uno de sus rasgos más distintivos. La función social básica de la política es conciliar esa diversidad de intereses que tiran en distintos sentidos. La política es la respuesta a la necesidad de orden, una solución que opta por la conciliación, no por la violencia, ni la coerción como medio para resolver la pugna entre intereses y demandas, intrínseca a contextos de diversidad y pluralidad.
Escribe Roberto Castellanos Cereceda
Si concebimos la política de esta manera, como recurso y espacio de conciliación de intereses en conflicto, es difícil ver el proceso de revocación de mandato en México como un mecanismo en el que haya prevalecido esa forma de política. Más bien, el proceso revocatorio que hemos vivido ha sido una consulta de la antipolítica, de la que todas y todos deberíamos aprender. Van algunos elementos de por qué considero que es así:
1. Prácticas fraudulentas en la obtención de firmas de solicitud
No es fácil cumplir con el requisito de firmas que establece la Constitución para solicitar la revocación de mandato: un mínimo de 3% de ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores (2.7 millones) y al menos ese mismo porcentaje en un mínimo de 17 estados. Pero la organización Que Siga la Democracia y otros grupos de ciudadanos lograron superar con creces ese monto de apoyos, alcanzando más de 11 millones de firmas entregadas, en su gran mayoría en papel.
Pero luego de revisar 3.4 millones de firmas (suficientes para acreditar el requisito de ley), el INE identificó que más de 990 mil firmas (8.8% de las presentadas o 28.7% de las revisadas) tenían inconsistencias, varias de ellas serias. Quizá las más destacadas son de dos tipos. Primero, un total de 17,776 firmas pertenecían a personas que ya habían fallecido (los muertos no firman, por supuesto) y segundo, el hallazgo —a partir de un ejercicio muestral implementado por el INE— de que 25% de las personas que aparecían como firmantes, en realidad no habían apoyado la solicitud de revocación de mandato, aunque su firma sí aparecía registrada como si lo hubieran hecho. Aunque no hay duda de que se cumplió el requisito legal necesario para la solicitud de revocación, se incurrió en prácticas que pretendieron burlar la ley.
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2. Es revocación, no ratificación; o la naturaleza desvirtuada del espíritu del proceso revocatorio
Desde que se inició la captación de firmas para solicitar la revocación y luego de emitida la convocatoria que detonó formalmente el proceso revocatorio, fue clara la insistencia por parte de los actores políticos más interesados en este ejercicio, destacadamente el partido Morena, que se hablara de “ratificación” más que de “revocación” de mandato. Más allá de la forma de llamarle al proceso, si los principales actores políticos interesados en impulsar la revocación son aquellos que se verían más afectados —el presidente López Obrador y su partido—, es evidente que lo que se buscaba, en el fondo, era realizar un mecanismo de ratificación del gobernante.
Como lo expresó Yanina Welp, estudiosa de mecanismos de democracia directa en América Latina, “no acaba de cuadrar” que los más afectados con la revocación de mandato sean justo los más entusiastas en que se llevara a cabo. Esto pone en evidencia una perversión del instrumento de democracia participativa, su instrumentalización por parte de partidos y otros actores, para usarla en beneficio de sus propias agendas.
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3. Ausencia de partidos políticos, salvo de uno.
Por diseño, la revocación de mandato fue concebida como un mecanismo esencialmente ciudadano: solo se puede activar a partir de la solicitud de la ciudadanía y a partir de la pérdida de la confianza respecto del presidente. Así está asentado en la Constitución. La normatividad también establece que ningún partido, ni el gobierno, pueden participar en su difusión o en el debate y confrontación abierto de planteamientos respecto de por qué la ciudadanía perdió la confianza o por qué la pérdida del cargo es más nociva que la continuidad del programa del presidente. El INE organizó más de 300 foros públicos de discusión, pero ahí no pudieron participar los partidos políticos, porque la ley lo prohíbe.
Si en una democracia representativa, los partidos son esenciales y los ejercicios de democracia directa buscan corregir o mejorar la calidad de esa representación, habría que valorar si los partidos deben quedar por completo fuera de esa fórmula, o de qué manera pueden ser parte de estos ejercicios, sin que ahoguen el sentir ciudadano que es el que debe prevalecer en este tipo de instrumentos.
Por supuesto, ante la prohibición legal, absurda hasta cierto punto (se entiende que al final debería ser un ejercicio ciudadano predominantemente ciudadano), se abrió el espacio a la simulación. Morena, buena parte de sus militantes y dirigentes, estuvo siempre presente como fuera promotora, de difusión y de movilización.
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4. Desafío y franca violación a la Constitución y al marco noramtivo electoral
Incluso si se reconoce lo absurdo de la legislación al imponer prohibiciones de participación y difusión en partidos y autoridades de gobierno, la realidad es que así fue aprobado por el Poder Legislativo, y así debía y debe cumplirse en tanto no se modifique.
Con motivo de la sistemática violación a la ley durante el proceso revocatorio, se presentaron 188 quejas ante el INE, de las cuales 146 fueron por propaganda contraria a la norma, y por las cuales, el Instituto, en su función de arbitraje, aprobó 28 medidas cautelares solicitadas, 27 de la cuales han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas cifras son incluso superiores a las del proceso electoral federal del 2021, cuando estuvieron en disputa más de 20,400 cargos.
En un país donde la cultura de cumplimiento de la ley es tan frágil, toda autoridad de gobierno tiene la responsabilidad de cumplir escrupulosamente con la norma y hacer pedagogía pública de esa forma. No hacerlo e incluso violentar la ley abiertamente, es evidencia de la pedagogía contraria: que faltar a la ley es válido. Recordemos que en México, 3 de cada 5 personas (61%) de 15 años y más creen que en nuestro país las leyes no se respetan o se ignoran (ENCUCI 2020); lo que también es producto, sin duda, de muchas décadas de violación a las leyes por parte de gobernantes y autoridades.
5. Polarización y encono en la conversación pública
La revocación de mandato es un proceso de participación ciudadana que plantea una pregunta binaria a la ciudadanía: si o no quieres que el gobernante continúe en el cargo. Por diseño, los procesos revocatorios son polarizantes y cierta dosis de confrontación está siempre presente en todo proceso electoral. Pero el contexto de polarización que vive el país, que desde el discurso oficial busca segmentar a la sociedad en dos polos en confrontación, solo se agudizó con el proceso revocatorio.
El resultado mismo de la revocación tampoco plantea necesariamente una salida a la polarización. Al contrario, todas las narrativas de interpretación de los resultados han buscado confirmar las posiciones previas, sin buscar explicaciones que detonen una conversación pública diferente. El 82% de abstención o es la confirmación del mayoritario desdén ciudadano al proceso, o la verificación del boicot de la autoridad electoral al proceso. En tiempos de posverdad, no importa que el discurso y las narrativas tengan un mínimo anclaje en evidencia comprobable, sino su capacidad de emocionar y motivar a la activación en calles y redes sociales.
Recordemos que uno de los hallazgos en el informe más reciente de Variedades de la Democracia, es que cuando la polarización alcanza niveles tóxicos la democracia inicia su desmantelamiento; esa es la tendencia es países como Hungría, Brasil, Turquía, Polonia y Serbia.
6. La abstención como síntoma
No puede ser alentador para nadie que un proceso electoral que convoque a la participación ciudadana, y que se defina como mecanismo de democracia participativa, tenga un nivel de abstención de 82.2%, como fue el caso de la revocación de mandato del pasado 10 de abril. Incluso si la abstención se interpreta como una forma de expresión política en sí misma, de rechazo a las alternativas o al procedimiento como tal, las urnas vacías son un síntoma de algún problema.
Cuando la organización de elecciones garantiza el ejercicio pleno del derecho al voto para toda la ciudadanía, como en México, el abstencionismo suele evidenciar la incapacidad de los actores políticos de generar entusiasmo e interés entre la ciudadanía, pone al descubierto la falta de narrativas que motiven a la movilización ciudadana y puede interpretarse como el sinsentido de un ejercicio participativo, así visto por una amplia mayoría de personas.
Bien haríamos en corregir la revocación de mandato para que sea un ejercicio de auténtica rendición de cuentas a la ciudadanía, un último recurso, extraordinario, pero útil, para condiciones en que no haya otra salida. Pero para eso necesitamos no solo leyes y reformas, sino también demócratas. Ahí en donde todo se complica.
