La situación en Acapulco califica como catástrofe, no solo como desastre, entre otras razones porque su impacto es devastador, los retos rebasan las previsiones, el sistema de respuesta se encuentra paralizado y la recuperación enfrenta retos masivos y procesos muy lentos.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Esta es la caracterización que realiza la Dra. Naxhelli Ruiz Rivera, Directora del Seminario Universitario de Riesgos Socio Ambientales (SURSA) de la UNAM. La distinción entre desastre y catástrofe tiene notables implicaciones para el diseño de la estrategia de atención, y es muy significativa si nos tomamos en serio que el Estado debe honrar su deber de cuidar a la sociedad acapulqueña.
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Estos y otros aspectos los expuso la Dra. Ruiz Rivera en una sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS) el pasado miércoles 15. La presente nota está basada enteramente en esa exposición, y cualquier error, imprecisión o simplificación debe ser atribuido a mi resumen. La presentación gráfica completa puede verse en https://bit.ly/40MkYpZ
Los marcos conceptuales con los que abordamos los desastres, en este caso la catástrofe, han cambiado mucho en las décadas recientes. Se ha pasado de visiones funcionalistas a enfoques centrados en el comportamiento y posteriormente a perspectivas más complejas, que cuestionan la racionalidad que subyace a decisiones colectivas o individuales que resultan críticas, sea por restricciones de conocimiento o de información limitada.
Ante las urgencias de la respuesta y la reconstrucción puede parecer secundario hablar de cuestiones conceptuales, pero estas son fundamentales para comprender mejor nuestros riesgos y para desplegar sistemas de prevención, sobre todo ante el hecho de que nuestros sistemas tienen una gran propensión a incrementar la vulnerabilidad. De hecho, la legislación vigente y la organización del sistema de protección civil continúan dominados por enfoques fiscalistas ya cuestionados. Hay un intenso debate que debe ser considerado al momento de revisar las capacidades nacionales y locales en los diferentes momentos del proceso de gestión de riesgos, y en ello debe ser tomado en cuenta el conocimiento que se está generando.
La catástrofe de Acapulco rebasa, con mucho, las previsiones y capacidades de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil. En las dos últimas décadas se gastaron, en promedio, alrededor de 26 mil millones de pesos anuales por emergencias o desastres, y las estimaciones preliminares sobre los impactos de Otis están entre 250 y 500 mil millones de pesos, dependiendo de los supuestos. Los recursos públicos disponibles están muy por debajo de tales estimaciones, tanto los del programa presupuestal del fondo de desastres, como los del bono catastrófico, del que se recuperarán apenas un poco más de mil millones de pesos. Lo que rescatarán los particulares por los seguros es también una parte mínima de los daños.
(Por mi parte agrego una referencia ilustrativa: se calcula que el producto interno bruto anual del municipio de Acapulco ronda los 120 mil millones de pesos, lo cual supone que solo el impacto económico, sin incluir el social, el del bienestar y otros de cuantificación más compleja, alcanza entre dos y cuatro veces el valor anual de la producción municipal. Es una calamidad mayor, por donde se le vea).
Estamos ante un caso catastrófico de muy alto impacto, al que se estimaba una baja probabilidad de ocurrencia, lo cual enciende las alarmas por nuestra capacidad para estimar los riesgos en la perspectiva cada vez más incierta que se vislumbra, tanto por las tendencias del cambio climático y el deterioro y degradación de los ecosistemas, pero también por las notorias fallas de las políticas de ordenamiento territorial y ecológico, y de los programas de ocupación y regulación del uso del suelo.
La Gestión Integral de los Riesgos de Desastre supone generar más y mejor conocimiento, tanto sobre la de creación de los riesgos, como del proceso de intervención para reducirlos, con énfasis en la prevención, preparación de respuestas, rehabilitación, recuperación y reconstrucción. Requiere una institucionalidad sólida y en constante mejora, con atención permanente del más alto nivel, un liderazgo ubicado en la gestión administrativa civil, presupuestos suficientes, así en la prevención como en la respuesta, personal de carrera en entrenamiento constante, coordinación bien afinada entre órdenes de gobierno, comunicación efectiva y capacidad para generar y atender las alertas tempranas y las de emergencia, entre otros aspectos. Todos son elementos que deben ser revisados y atendidos, pues nos encontramos en un estado de precariedad y vulnerabilidad institucional en cuanto a gestión de riesgos.
En cuanto a la valoración del impacto, el enfoque predominante es el de daños y pérdidas, que en su momento, a principios de los años setenta del siglo pasado, fue un importante avance, y que está centrado en la identificación de las repercusiones económicas directas y en las necesidades de recuperación. Sin embargo, es necesario atender vulnerabilidades no materiales, pues “los mayores daños y pérdidas no necesariamente están en donde la población sufre trauma y donde impacta más en su curso de vida”.
Este aspecto es de relevancia evidente para los planes de recuperación y reconstrucción, que deberían dar más espacio a parámetros de bienestar, afectaciones al empleo y a las cadenas productivas, la pérdida de tiempo de trabajo, los efectos diferenciados por género y a los costos sociales de la “victimización administrativa”. Destaca la necesidad de atender no solo la salud física, sino también la mental y la social. En suma, debe pasarse a una visión de seguridad humana, que abata los sufrimientos evitables.
Para los pasos siguientes, destacan aspectos como la necesidad de conocer bien las investigaciones sobre desastres y recuperación, tanto la básica como la aplicada en el mundo y en México; avanzar hacia programas de intervención basados en los derechos humanos, incluyendo los civiles y políticos, y reorientarlas con criterios de bienestar objetivo. También es necesario evitar “reconstrucciones apresuradas” que distorsionan la información, subestiman costos y tiempos de reconstrucción y sobreestiman beneficios, y que estiman y deciden inversiones a partir de decisiones sesgadas o erróneas y que se mantienen aunque no den resultados.
La intervención completa de la Dra. Ruiz Rivera, y los comentarios y preguntas en la sesión del SUCS, pueden verse en https://bit.ly/3uptD5N
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