Las ciudades son los territorios en los que la mayoría de la población nacional vive y sueña. De acuerdo con los datos en la materia, en el año 2012, aproximadamente el 57% de la población vivía en las principales zonas metropolitanas del país y prácticamente el 80% vive en lo que se considera como localidades urbanas, es decir, aquellas que tienen más de 2,500 habitantes.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas instituciones, y en lo local por algunos gobiernos estatales y municipales, el mapa de las ciudades en el país nos revela un verdadero caos urbano: agotamiento de las reservas territoriales; deterioro ambiental; caos en los sistemas de transporte público; insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos; y una larga lista de pendientes que pueden resumirse en la noción del desorden.
Estamos en la segunda década del siglo XXI y no hemos encontrado aún la fórmula para consolidar un modelo de federalismo eficaz, basado en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas que posibilite el desarrollo y la generación del bienestar desde lo local.
Por el contrario, lo que sí tenemos es un enorme cúmulo de pendientes: las ciudades siguen siendo incapaces de generar modelos de gobernanza, sobre todo en aquellas regiones en las cuales se han consolidado vastas zonas metropolitanas: la Ciudad de México; Monterrey; Guadalajara; Toluca; Puebla; León; Torreón; Tijuana; Ciudad Juárez; Querétaro; y Veracruz son los preclaros ejemplos del inmenso desafío que tenemos en ese terreno.
En medio de las distintas crisis por las que atravesamos, se ha confirmado que los municipios siguen siendo el eslabón más débil de la cadena en la estructura del Estado mexicano.
La idea de un Estado disfuncional, como le han llamado algunos expertos, o bien, el déficit de estatalidad, se refleja con mucho mayor contundencia en los ámbitos municipales.
Desde esta perspectiva, y de cara al futuro, si hay un reto que habrán de enfrentar los gobiernos municipales, éste es precisamente el de la gobernabilidad de las ciudades: espacios territoriales en los que deben cumplirse todos los derechos humanos y en los que deben generarse condiciones de competitividad territorial, es decir, la generación de capacidades para que los territorios permitan el cumplimiento de estos derechos.
Sin duda alguna, uno de los núcleos fundamentales de las ciudades son las viviendas; éstas constituyen el “corazón” de toda actividad y propósito público, en el sentido de que es ahí en donde las personas y sus familias arraigan sus más importantes anhelos y aspiraciones.
Por ello resulta paradójico que si también hay un ámbito en el que no se ha logrado incidir de manera suficiente –en cantidad de servicios y calidad de los mismos- es precisamente el de las viviendas en todo el país, y en particular de las viviendas disponibles y en las que habitan las personas de clases medias o las más pobres.
Debemos reconocer que las ciudades se han convertido en territorios de la desigualdad, en los que se ha perdido la noción del espacio público como “la región” en la que se construye y se vive en civilidad; es decir, de manera paradójica, ante la ruptura de la legalidad, las ciudades han dejado de ser el espacio privilegiado para construir democracia y ciudadanía.
En esa dinámica, la población se encuentra atrapada en densas franjas de exclusión y hasta segregación; sin servicios de transporte público eficientes y en territorios escondidos entre las zonas en donde se puede trabajar y las zonas en donde es medianamente posible vivir, erosionándose así también el tiempo de convivencia y cuidado del que disponen las familia.
Ciudades y viviendas constituyen, pues, el núcleo en torno al cual giran los artículos de esta edición de México Social, las cuales deben ubicarse adicionalmente en un contexto mayor: la agenda del desarrollo post 2015, la cual estará definida por la idea de un nuevo desarrollo con sustentabilidad.
De esa magnitud es el reto: transitar en los próximos 10 años de un modelo caótico y desordenado de ciudades en constante expansión y crecimiento, a uno en el que el eje del desarrollo se constituye desde una noción amplia de los derechos humanos desde los gobiernos municipales.
| Mario Luis Fuentes Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. @ML_Fuentes |
