México no tiene un problema de gasto social. Tiene un problema de arquitectura.
Hay una pregunta que casi nunca nos hacemos cuando hablamos de política social, quizá porque la respuesta incomoda a todos los lados. Después de décadas de programas, padrones, transferencias y reformas, ¿hemos construido instituciones capaces de generar bienestar, o hemos perfeccionado la administración de la carencia?
No es una pregunta retórica. Es la diferencia entre dos formas de Estado que en México conviven y se confunden permanentemente. A una la llamo inercia, la acumulación de recursos, programas y buenas intenciones que se mueven porque ya venían moviéndose, sin que nadie se detenga a preguntar si construyen algo que dure. A la otra la llamo arquitectura, la edificación deliberada de capacidad institucional, de estructuras que produzcan resultados que sobrevivan al gobierno que las creó. La primera es barata en términos políticos y carísima en términos sociales. La segunda es exactamente al revés, y por eso casi nadie la construye.
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Conviene empezar reconociendo lo que sí mejoró, porque ignorarlo sería deshonesto. Entre 2022 y 2024 el número de personas en pobreza pasó de 46.8 a 38.5 millones, más de ocho millones menos. Es una caída real y considerable. Pero conviene ver de dónde vino, y ahí la historia se complica. Buena parte de los analistas atribuye esa mejora al aumento del salario mínimo y a la recuperación del ingreso laboral, no a los programas sociales. Es decir, la pobreza bajó sobre todo porque la gente ganó más por su trabajo, no porque hayamos construido mejores instituciones de bienestar. La distinción importa, y es justamente el corazón de lo que quiero plantear.
Porque durante años hemos medido la política social por su cobertura, cuántas personas reciben, cuánto se transfiere, cuántos programas existen, y hemos tratado esos números como si fueran sinónimo de capacidad. No lo son. Una transferencia que llega es cobertura. Un sistema que permite que una familia deje de necesitar la transferencia es capacidad. Confundir ambas cosas es el error fundacional de buena parte de nuestra política de bienestar, y es un error que cruza sexenios, partidos y signos ideológicos. No es un defecto de la Cuarta Transformación ni de los gobiernos que la precedieron. Es un vicio estructural del Estado mexicano.
Lo diré de la forma más directa que puedo. El éxito de un programa social no se mide por cuántos acceden a él, sino por cuántos, gracias a él, lograron construir algo que les permitió dejar de necesitarlo. Esa vara es incómoda porque casi ningún programa la pasa, y es incómoda precisamente porque obliga a distinguir entre el alivio y la solución. Ambos son legítimos, pero no son lo mismo, y tratarlos como si lo fueran es la raíz del problema.
Conviene ser preciso para no ser injusto. No estoy diciendo que las transferencias no importen. Importan. A una familia que no come, un apoyo que llega le cambia la semana, el mes, a veces el año. El problema no es que existan, el problema es tratarlas como destino en lugar de como puente. Cuando el apoyo se vuelve permanente no porque la persona lo necesite siempre, sino porque el Estado nunca construyó la capacidad que la haría dejar de necesitarlo, entonces hemos institucionalizado la carencia en lugar de combatirla. Hemos hecho de la pobreza algo administrable. Y lo administrable rara vez se resuelve, porque resolverlo eliminaría aquello que se administra.
Veo esto con particular claridad en el sur. He trabajado de cerca con municipios de Chiapas, y ahí la distancia entre el recurso que baja y la capacidad que no se construye es casi física, visible a simple vista. Mientras el país entero reducía su pobreza en esos ocho millones de personas, Chiapas fue la entidad que menos avanzó, apenas 1.4 puntos, y en números absolutos terminó con más personas pobres que antes, no menos. Sigue siendo el estado más pobre del país, con dos terceras partes de su población en pobreza. La marea nacional subió y dejó al sur en el fondo, porque donde no hay arquitectura institucional, ni siquiera la mejora general alcanza. Llega presupuesto, federal, estatal, etiquetado de mil formas, a territorios donde no existe la estructura administrativa mínima para convertir ese recurso en bienestar duradero. El dinero entra y se diluye, no necesariamente por corrupción, aunque a veces también, sino por algo más difícil de nombrar, la ausencia de arquitectura. No hay quién planee más allá del trienio, no hay continuidad técnica entre administraciones, no hay memoria institucional, no hay capacidad de ejecución que no dependa de la voluntad de la persona en turno. Cada gobierno municipal empieza de cero, y empezar de cero cada tres años es la definición operativa de la inercia, mucho movimiento y ningún avance acumulado.
El sur es el espejo más nítido de un fenómeno nacional. En las regiones más pobres del país, donde la política social debería ser más sofisticada porque el reto es mayor, es donde menos capacidad institucional hemos construido. Llevamos recursos crecientes a estructuras que no crecen. Y luego nos sorprende que los indicadores no se muevan al ritmo del gasto. No se mueven porque el gasto sin arquitectura es agua sobre piedra, moja pero no penetra.
Lo más difícil de aceptar es por qué pasa esto, y la respuesta no es la que suele darse. No es principalmente corrupción, aunque exista. No es principalmente falta de recursos, aunque falten. Es que la arquitectura institucional no rinde políticamente. Construir capacidad que dará frutos en diez años, bajo otro gobierno, que tal vez será de otro partido, es el peor negocio electoral imaginable. Inaugurar un programa, en cambio, repartir un apoyo, sumar un beneficiario a un padrón, eso sí se cobra, y se cobra ya. El sistema de incentivos políticos premia la inercia visible y castiga la arquitectura paciente. Mientras eso no cambie, seguiremos eligiendo, gobierno tras gobierno, administrar la pobreza en lugar de construir las instituciones que la reducirían.
¿Qué significaría, entonces, optar por la arquitectura? Significaría medir distinto, dejar de celebrar la cobertura como logro final y empezar a evaluar si los programas construyen capacidades que se sostienen sin ellos. Significaría invertir en lo invisible, en estructura administrativa municipal, en continuidad técnica, en sistemas que no se desmantelen cada cambio de gobierno, aunque eso no se vea ni se inaugure. Significaría asumir que el bienestar serio no se reparte, se edifica, y se edifica despacio. Significaría, en pocas palabras, tener la disciplina de construir cosas cuyo crédito cobrará alguien más.
No es un programa de gobierno, es un cambio de criterio. Y los cambios de criterio son más difíciles que los cambios de programa, porque obligan a renunciar a la gratificación inmediata de lo que se ve por la lenta acumulación de lo que dura.
Crecí escuchando, en mi familia chiapaneca, que al sur se le ha tratado siempre como un destinatario de ayuda y casi nunca como un constructor de futuro. Esa forma de ver, la que encuentra carencia donde podría haber capacidad por construir, es quizá la inercia más profunda de todas. La que tenemos que romper no está en los presupuestos. Está en cómo pensamos lo que es realmente ayudar.
La pregunta, al final, no es cuánto gastamos en los que menos tienen. Es si estamos construyendo un país donde la ayuda sea cada vez menos necesaria. Lo primero es administración. Lo segundo es arquitectura. Y llevamos demasiado tiempo confundiéndolas.
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